El Consejo Consultivo de Canarias no ha encontrado motivos para anular la compra de las fincas de Amurga por la falta de los deslindes en el dominio público hidráulico y, por tanto, no avala la pretensión del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria de realizar una revisión de oficio de esa polémica adquisición de terrenos, que ha marcado la actividad política de la corporación en los dos últimos años. El presidente del gobierno insular, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), había solicitado un dictamen del Consultivo para dar marcha atrás en ese procedimiento, basándose precisamente en la ausencia de esos deslindes en las tres fincas de Amurga., situadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
La respuesta del Consultivo llega antes que la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número de 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que tramita una demanda de nulidad presentada por Daniel Reyes, consejero insular de Ciuca-PP, y en la que, aparte de los deslindes, observa un total de seis irregularidades administrativas en el expediente. En el ámbito político, los socios de Morales también rechazan la compra y le han advertido de que votarían en contra si se vuelve a plantear en el seno de gobierno.
Reproche del ponente al Cabildo por solicitar un dictamen urgente sin ser necesario
Tras confirmarse que en la compra de las tres fincas de Amurga por 4,06 millones de euros se obviaron los deslindes del dominio público hidráulico y ante la negativa a continuar la operación por parte de dos socios del pacto tripartito, PSOE y Sí Podemos, el consejo de gobierno del Cabildo acordó el 16 de noviembre de 2020 iniciar el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de esa adquisición. Entre los 22 propietarios de los terrenos se encuentran familiares de Román Rodríguez, líder de NC y actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, lo que desató una tormenta política en el Cabildo entre los propios miembros del gobierno, así como el rechazo de todos los grupos de la oposición.
Tras abrir un periodo de alegaciones, el gabinete de Morales desestimó las pretensiones de los dueños de los fincas y acordó enviar todo el expediente al Consejo Consultivo de Canarias para que ratificara la nulidad de la compra, aunque el propio presidente del Cabildo ya avisó ese día de que, incluso en el caso de que el Consultivo no avalara esa anulación, el Cabildo valoraría “si ahora es momento de proseguir con esta adquisición dados los cambios socioeconómicos acaecidos desde entonces”.
Según ha informado este jueves el gobierno insular, el Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen en el que confirma que el procedimiento realizado para la adquisición de terrenos en Amurga, Pico Viento y Peralillo se ajustó a derecho y no procede plantear su nulidad.
El gobierno insular defiende posturas diferentes ante el Consejo Consultivo y el Juzgado
La nota del Cabildo agrega que el Consultivo “considera que el informe posterior relativo a deslindes de dominio público no altera al conjunto del procedimiento ya que apenas afecta a un exiguo 1%, sin alcance por tanto en modo alguno más allá, apunta el texto, que agrega que no tiene trascendencia ni pone en cuestión la actuación administrativa realizada“. Se trata, además, de una cuestión que se solventa con una subsanación.
Asimismo, resalta el gobierno insular, el Consultivo “valora que el Cabildo optara por un procedimiento de licitación competitiva para la adquisición de terrenos, utilizado por primera vez en la historia de la Institución insular, para garantizar la máxima concurrencia competitiva. El Consejo Consultivo de Canarias confirma el procedimiento realizado para la adquisición de los terrenos de Amurga, Pico Viento y Peralillo.”
