La polémica compra de tres fincas del Macizo de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria dio ayer un nuevo giro al conocerse el dictamen el Consejo Consultivo de Canarias, que no ha encontrado motivos para anular la adquisición de esos terrenos pese a que en el procedimiento administrativo no se incluyeron los correspondientes deslindes del dominio público hidráulico.
El Consultivo, por tanto, rechaza la pretensión del grupo de gobierno del Cabildo de realizar una revisión de oficio para declarar la nulidad del acuerdo de la compra de las fincas en diciembre de 2018, una operación que ha marcado la actividad política de la corporación en los dos últimos años y que vuelve a poner en aprietos al gobierno insular.
Tras defender la compra de Amurga frente a las críticas de sus socios de gobierno y de la oposición, el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), solicitó un dictamen del Consultivo para dar marcha atrás en ese procedimiento, basándose precisamente en la ausencia de esos deslindes en las tres fincas de Amurga.
Reproche del ponente al Cabildo por solicitar un dictamen urgente sin ser necesario
La respuesta es negativa y aboca al Cabildo a seguir adelante con la compra o a anularla con un dictamen en contra, que a su vez conllevaría una indemnización a los propietarios de las fincas. Además, el Consultivo reprocha al Cabildo que le solicitara un pronunciamiento por la vía de urgencia cuando no era necesario, ya que tiene de plazo hasta el próximo 6 de mayo para decidir sobre esa revisión de oficio y nulidad de pleno derecho.
Incoherencias
El dictamen del Consultivo llega antes que la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número de 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que tramita una demanda de nulidad presentada por Daniel Reyes, consejero insular de Ciuca-PP, y en la que, aparte de los deslindes, observa un total de seis irregularidades administrativas en el expediente.
Este último procedimiento judicial también ha revelado las incoherencias del Cabildo y sus servicios jurídicos, pues mientras en el Juzgado defendieron la legalidad de todas las actuaciones, en la solicitud al Consultivo reconocieron que había causas para emprender la revisión de oficio y anular la compra.
Para el ponente del dictamen, José Suay, la revisión de oficio debe ser una medida “excepcional”, cuando se advierten graves irregularidades o carencias en el procedimiento administrativo, que en este caso de la falta de los deslindes podían haber sido subsanados por los propios servicios del Cabildo.
“Como quiera que no ha terminado el procedimiento, cabe la incorporación al expediente del deslinde del dominio público hidráulico, siendo posible la realización de las correspondientes correcciones y ajustes; de tal manera que, una vez incorporado, procederá el pertinente descuento de los metros cuadrados afectados por el dominio público y la subsiguiente retasación por exceso de cabida; en suma, la adjudicación realizada no obsta a la práctica de tales actuaciones materiales que acaban de indicarse”, señala el dictamen.
“En efecto”, añade el ponente, “aún cuando se mantenga la coherencia en el planteamiento sostenido en una y otra vía, realmente cuesta comprender que la postura de una misma entidad pueda ser la una y la otra -justamente la opuesta- al mismo tiempo, en tanto que actúa en el tráfico jurídico con personalidad jurídica ‘unica’ para el cumplimiento de sus propios fines”.
Al margen de este dictamen del Consultivo, en el ámbito político, los socios de Morales, PSOE y Sí Podemos, siguen rechazando la compra de Amurga por 4,06 millones de euros y le han advertido de que votarían en contra si se vuelve a plantear en el seno de gobierno.
De hecho, al confirmarse que en la compra de las tres fincas de Amurga por 4,06 millones se obviaron los deslindes del dominio público y ante la negativa a continuar la operación por parte de dos socios del pacto tripartito, el consejo de gobierno del Cabildo acordó el 16 de noviembre de 2020 iniciar el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de esa adquisición.
Entre los 22 propietarios de los terrenos se encuentran familiares de Román Rodríguez, líder de NC y actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, lo que desató una tormenta política en el Cabildo entre los propios miembros del gobierno, así como el rechazo de todos los grupos de la oposición.
El gobierno insular defiende posturas diferentes ante el Consejo Consultivo y el Juzgado
Tras abrir un periodo de alegaciones, el gabinete de Morales desestimó las pretensiones de los dueños de los fincas y acordó enviar todo el expediente al Consejo Consultivo de Canarias para que ratificara la nulidad de la compra, aunque el propio presidente del Cabildo ya avisó ese día de que, incluso en el caso de que el Consultivo no avalara esa anulación, el Cabildo valoraría “si ahora es momento de proseguir con esta adquisición dados los cambios socioeconómicos acaecidos desde entonces”.
Como única reacción a la respuesta del Consultivo, el gobierno insular emitió ayer una nota en la que manifestó que el dictamen “confirma que el procedimiento realizado para la adquisición de terrenos en Amurga, Pico Viento y Peralillo se ajustó a derecho y no procede plantear su nulidad”, al tiempo que “considera que el informe posterior relativo a deslindes no altera al conjunto del procedimiento ya que apenas afecta a un exiguo 1%”.
