Gran Canaria triplicará su potencia de energía fotovoltaica instalada y alcanzará los 119,5 megavatios (MW) tras lograr una inversión de 10,3 millones de euros del programa SolCan para financiar 36 proyectos seleccionados por la Consejería de Política Territorial del Cabildo y su Consejo Insular de la Energía.
Según informó ayer la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, y el coordinador de Energía, Raúl García Brink, los proyectos son de un “indudable valor” para la penetración de las energías renovables en la Isla, ya que su ejecución incrementará su penetración del 18 al 24 por ciento. La mayoría de los proyectos seleccionados se concentran en los municipios de Telde, Ingenio y Agüimes y San Bartolomé de Tirajana.
Gran Canaria consume 3.600 gigavatios hora por año de electricidad y la penetración de renovables del 18 por ciento supone 650 gigavatios hora por año, por lo que con los nuevos 119,5 megavatios de potencia aumentará su producción hasta 850 gigavatios hora por año de energías limpias, destacó el Cabildo en un comunicado.
La fotovoltaica es la fuente de energía “más competitiva que existe dada la reducción de su precio y las mejoras técnicas que ha experimentado en últimos años”.
Así lo resaltó el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas (Aserpa), Carlos Rodríguez.
Las plantas seleccionadas oscilan entre una potencia de 0,8 megavatios pico, que es la más pequeña, y cuenta con una financiación de 125.600 euros, a una potencia de 10.682 la mayor, que dispondrá de 507.395 euros. La Consejería de Política Territorial y el Consejo Insular de la Energía trabajaron de manera alineada para acceder a esta ayuda del programa SolCan gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Los proyectos se encontraron con el obstáculo de que los planeamientos municipales no tenían prevista la instalación de energía solar fotovoltaica.
La Ley del Suelo de Canarias establece que aquellos ámbitos de suelo rústico en los que la implantación de instalaciones fotovoltaicas no esté prevista por el planeamiento municipal son susceptibles de ser declarados de interés público y social, siempre que no se haya prohibido de forma expresa y sea compatible con el Plan Insular del Cabildo de Gran Canaria.
Estos ayuntamientos requirieron al Cabildo la Declaración de Bien de Interés Público y Social con el objetivo de continuar avanzando en la consecución de estas ayudas de fondos europeos, toda vez que eran compatibles con el PIO y cumplían con ser de interés público y social.
La sustitución de la energía fósil por otra de origen renovable tiene de hecho “prioridad absoluta” para el Cabildo de Gran Canaria, de modo que Política Territorial se sumergió en las tramitaciones necesarias para emitir la declaración que necesitaban los proyectos para ser financiados, lo que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas en su apartado relativo a la descarbonización, explica la nota.
