El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que rechaza la pretensión del Cabildo de Gran Canaria de anular la compra de las tres fincas de Amurga a través de una revisión de oficio, por la ausencia de los deslindes del dominio público hidráulico, ha obligado al gobierno del pacto tripartito a replantearse qué hacer con esa polémica adquisición de terrenos por valor de 4,06 millones de euros.
Mientras el presidente Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), declaró ayer que hay que analizar la respuesta del Consultivo para evaluar si Amurga “cabe” en la partida de 30 millones de euros para la compra de suelo y edificios, el vicepresidente Miguel Ángel Pérez del Pino reiteró el rechazo del PSOE a seguir adelante con esa operación, sobre la que también existe un procedimiento en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la capital.
Preguntado sobre qué hará el gobierno tras el dictamen del Consultivo, Morales dijo “se analizará la situación” y recordó que el Cabildo tiene previstos en estos momentos casi 30 millones de euros para inversiones en terrenos e inmuebles, entre las que citó, “además de Amurga”, la ampliación del edificio del Hospital Insular I, la operación de 9,5 millones con el SEPE en el polígono de Arinaga, la compra del 100% de Güigüi, la ampliación de la Biblioteca Insular, el lagar del caserío de Bandama cuando salga a subasta o el suelo para el observatorio astronómico.
“Veremos lo que más conviene ante la situación que estamos viviendo; no hemos tomado una decisión; hay más de 30 millones en proceso de ejecución para compras de suelo o de edificios y ya veremos si ahí cabe Amurga”, comentó el presidente.
Por contra, Pérez del Pino, portavoz de los socialistas, recordó que la dirección del PSOE ya acordó en su día la negativa a finalizar la compra de Amurga, tras destaparse que una parte de los propietarios son familiares directos de Román Rodríguez, líder de NC. “He repetido en los Plenos del Cabildo y cada vez que se me pregunta que el PSOE votará en contra de esa compra y esa posición no va a cambiar, lo pida quien lo pida”, sentenció.
El PP sostiene que el Consultivo no atendió ninguna de las pretensiones del presidente
La oposición del Cabildo también terció ayer en esa polémica operación y acusó a Morales y a NC de haber llevado al Cabildo a una situación “ridícula”, pues “ante el mismo hecho alegó una cosa en el Juzgado y la contraria en el Consejo Consultivo”, según Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP.
El Consultivo, a su juicio, “no atendió ninguna de las pretensiones de Morales en su intento desde el principio de comprar los terrenos a los amigos”. Al respecto, detalló que el dictamen “rechaza la revisión de oficio; le dice que se espere por el resultado de contencioso-administrativo; que no vale la excusa de que le se vencen los plazos porque la administración puede suspender esos plazos; y por último no le da la nulidad como él pretendía”.
Más cáustico se mostró el portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, quien opinó que “la decisión sigue dependiendo exclusivamente de la voluntad de Morales, pues al final se hará lo que él quiera. Primero, porque Unidas Podemos ha demostrado tener la voluntad secuestrada; segundo, porque el PSOE, aunque ha asegurado en el Pleno que no votará a favor de la compra de Amurga, no tiene credibilidad, tal y como se demostró por ejemplo con el tema de la Orquesta Filarmónica, que para evitar el enfrentamiento con Morales le cedió todas las competencias”.
“Nos tememos que”, añadió Santana, “llegado el momento de la votación, se ausentarán o alegarán cualquier motivo para no enfrentarse al presidente; y, en tercer lugar, porque si Morales quisiera materializar la compra y encontrara alguna resistencia política, modificará la composición del consejo de gobierno de tal forma que no haya nadie que le contradiga”.
