El presidente del Cabildo, Antonio Morales, tuvo que responder ayer a dos preguntas sobre los planes del gobierno insular respecto a la compra de las fincas de Amurga y en ambas ocasiones no se movió ni un ápice de lo que ha venido respondiendo desde que el Consejo Consultivo de Canarias rechazó la propuesta de los Servicios Jurídicos del Cabildo de anular la adquisición de esos terrenos ante la falta de los deslindes.
A la vista de ese dictamen del Consultivo y la negativa tajante de sus socios del PSOE a aprobar esa operación, Morales ha dicho que hay analizar la situación y ver si esa compra, de 4,06 millones de euros, tiene encaje en la partida de 30 millones que tiene el Cabildo este año para la adquisición de suelo e inmuebles.
La primera pregunta fue de Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos, que en la réplica incluso rogó “la opinión personal” de Morales sobre si se debe o no comprar esa finca. En una retorcida teoría, el consejero naranja insinuó que el presidente del Cabildo utiliza esa incertidumbre sobre Amurga para “dañar” la imagen del líder de Nueva Canarias (NC) y vicepresidente del Gobierno autónomo, Román Rodríguez, ya que sus familiares son los propietarios y vendedores de esas tierras.
Morales insistió en que, aparte del dictamen del Consultivo, hay que esperar por la sentencia de la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Daniel Reyes, consejero del PP-Ciuca, en la que también se pide la anulación de la compra por la ausencia de deslindes y otras seis supuestas irregularidades en el expediente.
Reyes usó entonces una de las iniciativas de su grupo para preguntar a Morales cuál es el criterio del Cabildo sobre esa compra, pues por un lado dijo al Consultivo que era nula de pleno derecho y por otra remitió un informe al Juzgado sosteniendo que no hubo ninguna irregularidad en la adquisición.
Morales se ratificó en sus respuestas anteriores e insistió en que la propuesta de compra fue realizada por los técnicos de Medio Ambiente, a los que defendió, y atribuyó el resto de las decisiones a los Servicios Jurídicos.
Ante la escasez de mociones y propuestas del gobierno, el turno de preguntas se ha convertido en la parte interesante de los plenos. Ayer hubo hasta once y de todos los asuntos. Hasta la consejera de Podemos Sara Ramírez lanzó dos a sus compañeros de gobierno sobre maltrato animal y planes turísticos, lo que provocó el enfado y la rechifla de la oposición. No por las preguntas en sí, sino porque Inés Jiménez y Carlos Álamo tenían preparada las respuestas y las leyeron con profusión de datos y cifras, como si estuvieran dando una rueda de prensa.
