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El Sur defiende que Santa Águeda se contempló siempre como zona turística

Inversores hoteleros amenazan con reclamar indemnizaciones millonarias si Puertos Canarios prorroga la concesión a la cementera

Puerto de Santa Águeda,  donde opera la cementera Ceisa. | | LP/DLP

Puerto de Santa Águeda, donde opera la cementera Ceisa. | | LP/DLP

La solicitud que Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) presentó el pasado martes ante Puertos Canarios para continuar explotando el muelle de Santa Águeda durante otros 25 años mantiene en pie de guerra al sector turístico isleño, que continúa reclamando el traslado de la fábrica cementera a otras áreas industriales de la isla con el objetivo de transformar esa infraestructura en un puerto deportivo y no industrial. Todo ello porque este entorno ha estado siempre previsto como área turística en los distintos planeamientos urbanísticos. Y avisa: la Administración autonómica se juega un duro varapalo a las arcas regionales en forma de indemnizaciones millonarias si autoriza la prórroga de la concesión para que la compañía siga explotando estas instalaciones portuarias porque, además, es improrrogable según la autorización que recibió hace medio siglo. La patronal mantiene que la autorización caducó en marzo de 2020, mientras que Ceisa asegura que sigue vigente hasta octubre de 2022 y el Gobierno regional opta por no pronunciarse.

Mientras los tribunales de justicia deciden sobre cuál es la fecha real en que debe concluir la autorización otorgada por Puertos Canarios en 1972 por un período de 50 años para la utilización del muelle, los empresarios turísticos advierten al Gobierno de Canarias de que si se prorroga la concesión del muelle tendrá que hacer frente a una responsabilidad patrimonial cuantiosa, pues los grandes inversores han desarrollado en Santa Águeda proyectos turísticos amparados en la seguridad jurídica que otorga el planeamiento vigente, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), y que establece que ese puerto, en suelo turístico, será deportivo a partir del año 2022.

“Si por cualquier decisión arbitraria, discrecional o contra la norma se decidiera ahora cambiar la normativa y prorrogar la autorización, y revisar el planeamiento de Puertos para que el uso continúe siendo industrial y no deportivo, como estaba previsto, la consecuencia más directa es la asunción de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración”, explican fuentes empresariales.

El Ejecutivo regional tendría así que abonar elevadas indemnizaciones económicas porque los empresarios han invertido en la franja marítima de la desembocadura del barranco de Arguineguín sobre la normativa que establecía el posterior desarrollo deportivo del muelle donde hoy opera la cementera. El Gobierno de Canarias guarda silencio desde el martes.

Hace apenas tres años que los agentes económicos empezaron a desarrollar la franja del litoral de Santa Águeda, una de las piezas de suelo más codiciadas de Gran Canaria para el sector turístico por sus horas de sol y por la calma del mar en esta zona. Es precisamente el sector de Santa Águeda el único tramo del litoral de San Bartolomé de Tirajana donde hasta entonces no se había asentado la planta turística desde que el turismo comenzase a llegar a Gran Canaria en 1962. La presencia de la industria pesada y la imponente estructura de la cementera ahuyentaron al desarrollo turístico, hasta que en 2018 los inversores comenzaron a apostar por este entorno ante la proximidad del fin de la cementera, al vencerse la concesión del uso industrial del puerto en 2022.

El sector ha llevado a los tribunales el vencimiento de la concesión, al entender que debió producirse en marzo del año pasado, hace un año. Reconocen que Puertos del Estado otorgó a Ceisa la concesión por 50 años en 1972. Sin embargo, fuentes del sector turístico explican que este permiso fue modificado posteriormente en 1985 cuando, con la ampliación del puerto tras la construcción de nuevas fases, se firmó una nueva concesión, a la que se sumó una tercera en el año 1990, formalizada once años después, en 2001.

En este escenario, entienden que tras esta serie de concesiones sucesivas, y con la última novación, se refundieron en un único título todas las modificaciones autorizadas, estuvieran formalizadas o no, que se fueron sucediendo a lo largo de la vigencia de la concesión. En este sentido, el permiso de 1972 no es el que marcaría el plazo concesional, defienden, sino el otorgado en 1990, fecha que debería tomarse como referencia. Este último, por un período de 30 años, fijaría el vencimiento de la concesión el 9 de marzo de 2020, y no en noviembre de 2022.

Ceisa, por contra, mantiene que la autorización permanece vigente hasta el año que viene y ha solicitado una prórroga a pesar de que es imposible porque cuando se le concedió el título original no se otorgó como prorrogable, según explicó el Ejecutivo regional hace dos años. La compañía defiende una actividad “estratégica” y que el muelle es ”imprescindible” para la producción del cemento porque permite recibir parte de las materias primas y el traslado del producto terminado. Ceisa defiende además la continuidad de los 150 puestos de trabajo directos que genera.

Desde el sector turístico también apoyan a esos trabajadores. “Se debe hacer un plan de acompañamiento para esos trabajadores, que son sagrados, para que no queden parados”, agregan las fuentes. El sector demanda la deslocalización de esta industria para trasladarla desde la franja turística a áreas como Juan Grande o el polígono de Arinaga. Proponen incentivos y para eso plantean acudir a los Fondos Europeos para la Recuperación Económica.

Consultada por la continuidad de la actividad industrial en el puerto de Santa Águeda, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha considerado que es una actividad “compatible” con el desarrollo turístico. “En momentos de pandemia nos hemos dado cuenta de que dependemos del turismo y cuando no hay no somos nada, así que para una industria que tenemos y que funciona incluso en momentos de crisis, mi apuesta es que se mantenga la concesión del puerto”, sostiene. Narváez ha destacado además que la compañía “no solo no ha mandado empleados al ERTE sino que ha contratado personal durante la pandemia”.

Por otra parte, al igual que ha hecho el sector turístico, Los Verdes han propuesto el traslado de la fábrica al polígono industrial de Arinaga. En un comunicado, la formación destacó que “la caducidad de la concesión es una oportunidad para colocar en lugar adecuado una nueva y armoniosa actividad económica”. Su portavoz, Ramón González, señala que apuestan por el inicio de una nueva mentalidad “no depredadora” ya que se mantendrían los puestos de trabajo de la cementera “a la vez que se crearían puestos de modernidad, fomentando la recuperación del territorio en la desembocadura del barranco”.

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