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San Bartolomé de Tirajana

El juez rechaza que el turismo exija el fin de la concesión a la cementera

El magistrado alega “falta de legitimación activa” de los recurrentes y evita entrar a valorar la caducidad de la autorización a Ceisa

Cementera de Santa Águeda.

La Justicia considera que la compañía Propiedades Cordiales S. L. no tiene legitimidad para reclamar el fin de la concesión del muelle de Santa Águeda a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) con el objetivo de transformarse en deportivo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha inadmitido el recurso interpuesto por la empresa turística en marzo de 2020 contra Puertos Canarios en el cual demandaba que la autorización para la explotación industrial de esta infraestructura concluía el 10 de marzo de 2020 y no en octubre de 2022, como establece el organismo público, y en cuyo debate el juez ha evitado pronunciarse.

En un sentencia fechada el 29 de marzo a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Ángel Teba García rechaza el recurso al considerar que Propiedades Cordiales S. L., que ha desarrollado proyectos turísticos en Santa Águeda, carece de legitimación activa para reclamar porque no ha demostrado tener la propiedad de los terrenos contiguos a la concesión, tal y como ha argumentado. “Tal circunstancia no fue la aducida inicialmente por Propiedades Cordiales S. L. para fundamentar su legitimación activa [...] solo se invocaba un genérico interés en la concesión que se desarrolló al oponerse a las alegaciones de Puertos Canarios afirmando la legitimación activa en la propiedad de los terrenos colindantes”, sostiene el documento. El juez asume los argumentos de Puertos Canarios y Ceisa y considera que la empresa no ha ofertado pruebas de su propiedad “más allá de sus propias aseveraciones”.

El juzgado rechaza también la legitimación activa argumentada por la parte demandante en su condición de posible interesado en hacerse con la concesión del futuro puerto deportivo porque “no existe acción pública en materia de contratación”.

La compañía interpuso un recurso para que los tribunales dirimieran sobre si la fecha exacta de la caducidad de la concesión era en marzo de 2020, como argumenta, o en octubre de 2022, como reclama la compañía y aparece reflejado en el portal web de Puertos Canarios. El juez, sin embargo, no ha entrado a valorar esta cuestión y ha fundamentado su sentencia en la falta de legitimación activa de la parte recurrente.

El juzgado cree que el recurrente no tiene legitimidad al no demostrar la propiedad del suelo

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La compañía reclamó este pronunciamiento al entender que la autorización caducó en marzo de 2020. Reconoce que Puertos del Estado otorgó a Ceisa la conce-sión por 50 años en 1972, sin embargo explica que este permiso fue modificado en 1985 cuando, se firmó una nueva concesión tras la ampliación del puerto a la que se sumó otra en 1990, formalizada en 2001. Así, entiende que con la última novación se refundieron en unúnico título todas las modificaciones autorizadas,  formalizadas o no, que se fueron sucediendo a lo largo de la vigencia de la concesión. En este sentido, el permiso de 1972 no es el que marcaría el plazo concesional,sino el otorgado en 1990, fecha que debería tomarse como referencia. Este último, por 30 años,fijaría el vencimiento de la concesión el 10 de marzo de 2020, y no en 2022.

Tras conocer la sentencia, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) instó en un comunicado a las autoridades canarias a que “en defensa del interés general, entren en el fondo del asunto y que tal y como establece el PIO, en el marco de las actuaciones para la recualificación de la industria turística en la costa de San Bartolomé de Tirajana, promuevan la recuperación de este puerto para su transformación a como equipamiento deportivo y de ocio de la zona de expansión turística de Santa Águeda”.

La FEHT reclama a las autoridades que promuevan la recuperación del puerto

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Hace una semana, Ceisa solicitó a Puertos Canarios la ampliación de la concesión durante 25 años al considerar que desarrolla una actividad “estratégica”. Días después de conocerse esta solicitud, empresarios del Sur avisaron de que el Gobierno podría enfrentarse a ndemnizaciones millonarias si se otorga esta prórroga, pues la normativa urbanística establece que el muelle debe ser deportivo a partir de 2022 y sobre esa base distintos inversores están desarrollando la zona turística. Además, los vecinos de El Pajar han salido en defensa y apoyo de la cementera por haber participado de la evolución económico y social del puerto y hasta la alcaldesa, Conchi Narváez, manifestó que sector industrial y turístico no son incompatibles en la zona.

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