El pacto tripartito del Cabildo de Gran Canaria aboga por mantener la cementera en el puerto de Santa Águeda y compatibilizar la actividad industrial con la turística en esa zona limítrofe de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Los grupos políticos que sostienen al gobierno de Antonio Morales -NC, PSOE y Sí Podemos- se pronunciarán en ese sentido cuando el próximo 29 de abril se debata en el Pleno una moción de Unidos-CC en la que propone que se deniegue una nueva autorización a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) y plantea que se traslade a una de las zonas industriales de la Isla.
La polémica sobre el uso turístico o industrial del muelle de Santa Águeda, que debe ser resuelta por Puertos Canarios en los próximos meses, ha llegado al Cabildo y es previsible que una amplía mayoría respalde la continuidad de la cementera en El Pajar, según adelantaron ayer los portavoces de los grupos políticos. La moción también será rechazada por el PP, principal partido de la oposición.
Por tanto, y a la espera de lo que decida finalmente el organismo portuario del Gobierno de Canarias, ya se descarta un pronunciamiento de la corporación insular a favor de una rápida recuperación de ese puerto para uso deportivo.
Unidos-CC plantea que se deniegue la nueva autorización a Ceisa y el traslado a zona industrial
Aunque la opinión del Cabildo no es determinante, el rechazo a esa moción sí supondrá un espaldarazo a las tesis de la empresa Ceisa y un varapalo para los promotores turísticos que han realizado inversiones en esa zona. Al margen de la decisión política que adopte finalmente Puertos Canarios, se prevé una posterior batalla jurídica entre Ceisa y el sector turístico.
La moción de Unidos -CC, registrada el pasado viernes por el portavoz del grupo, José Miguel Bravo de Laguna, pide que “el Cabildo de Gran Canaria manifieste al Gobierno de Canarias (Puertos Canarios) su criterio favorable a que no se conceda prórroga a la actual concesión del Puerto de Santa Águeda en Arguineguín a Ceisa, para que dicha instalación pueda servir de apoyo a un desarrollo portuario y turístico adecuado”.
Como segundo acuerdo, la moción propone que, “a la vez, el Cabildo inste al Gobierno de Canarias, y en su caso a Puertos del Estado, a buscar y conceder lugar adecuado para la instalación de la fábrica de cementos Ceisa”.
Entre los argumentos para denegar esa nueva autorización a la cementera, el grupo de Bravo de Laguna señala que “en estos momentos existe un debate público acerca del uso que debe tener el puerto de Santa Águeda, en el que existe una concesión de uso desde hace varias décadas en favor de la fábrica de cementos Ceisa”.
“Con independencia”, prosigue la moción de Unidos-CC, “de los aspectos estrictamente jurídicos, sobre si la legislación de puertos permite o no una prórroga de concesión que exceda en total, entre concesión y posibles prórrogas de 50 años, el tema tiene un alcance político, social y económico indudable”.
En el texto de Bravo de Laguna se reconoce “el valor y la aportación histórica de Ceisa, empresa de capital hispano portugués que se inauguró hace muchos años en la isla de Gran Canaria” y también se admite que “debe y puede haber necesidad de una industria de este tipo en la isla”, pero sostiene que “el tema es si es en estos momentos, o cuando acabe la concesión en 2022, esta isla, cuya economía depende en grandísima medida del turismo (la pandemia de la Covid-19 lo está demostrando), pueda permitirse el lujo de no buscar otra ubicación (por ejemplo: Puerto de La Luz y de Las Palmas, Puerto de Arinaga o Puerto de Salinetas en Telde), para ubicar esta industria, aprovechando un lugar inmejorable por clima y situación para un desarrollo turístico y portuario que multiplicaría exponencialmente el número de empleos y de riqueza que hoy genera su actual utilización, además de una clara mejora en lo relativo al medio ambiente y al entorno y paisaje de la zona”.
“Sabemos que es un tema complejo, pero se exige un pronunciamiento del Cabildo de Gran Canaria como gobierno de la Isla”, concluye la argumentación de Unidos-CC para reclamar que no se otorgue una nueva autorización a esa empresa.
En respuesta, el portavoz de NC y consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, adelantó el previsible rechazo del gobierno de Morales a esa moción, en línea con la posición que mantiene el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que por boca de la alcaldesa, la socialista Conchi Narváez, considera que la cementera “es compatible” con el desarrollo turístico de esa zona.
El gobierno insular se alinea con el Ayuntamiento para compatibilizar turismo e industria
Ramírez aseguró que esa empresa tiene unos derechos adquiridos al ser propietaria de los terrenos y resaltó que es “una incoherencia” pedir una diversificación de la economía para no depender únicamente del turismo y al mismo tiempo plantear el desmantelamiento de una de las mayores industrias que existen en Gran Canaria.
Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, también anunció el voto en contra a la moción de Unidos-CC, aunque por diferentes razones. A su juicio, el Cabildo no debe instar al Ejecutivo regional a tomar una decisión en un sentido u otro, sino que “debe hacer el trabajo que corresponde como gobierno de la Isla, que es adaptar de una vez el Plan Insular de Ordenación (PIO) y definir el Plan Territorial Especial de los Puertos Deportivos, que llevan años de retraso”. Esos planes, recordó, son los que debían dar una solución a este conflicto y seguridad jurídica a todos los sectores involucrados.
Ruymán Santana, consejero de Ciudadanos, señaló que su grupo no ha decidido su voto y comentó que en este asunto “tiene el corazón dividido”, pues existen argumentos de peso a favor y en contra de la cementera, tanto económicos como jurídicos. “Vamos a esperar a la resolución de Puertos Canarios y luego haremos un seguimiento”, declaró Santana, quien a título personal opinó que la convivencia de esa planta industrial en medio de un complejo turístico “es imposible”.
Ceisa anunció el pasado 23 de marzo que ha solicitado a Puertos Canarios una nueva autorización que le permita usar el muelle de Santa Águeda por al menos otros 25 años y así poder mantener la actividad de esa industria. El coordinador general de la compañía, Claudio Piernavieja, declaró ese día que “es de sentido común prorrogar esa concesión ante el periodo de crisis económica e incertidumbre laboral que atraviesa el Archipiélago canario”.
La actual autorización de Puertos Canarios finaliza en octubre de 2020 y obligaría a paralizar la actividad, pues “la alternativa de trasladar la cementera desde El Pajar a otro lugar no es viable”, apuntó.
Por contra, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo rechazó la pretensión de Ceisa de seguir utilizando el puerto y propuso el traslado de la fábrica a una de las zonas industriales para convertir esa instalación en un puerto deportivo, tal como ya se recoge el planeamiento urbanístico insular. A favor de Ceisa se han pronunciado los vecinos, mientras que los grupos ecologistas exigen el desmantelamiento.
