La Demarcación de Costas ha citado para el próximo mes de mayo a la empresa Anfi Tauro para firmar el acta de reversión de la concesión para la explotación de la playa de Tauro. La explotación de la cala vuelve así al Estado, y ahora su apertura a los bañistas dependerá de que el Ayuntamiento de Mogán, que ha solicitado la concesión de los servicios de temporada que es como se llamada a las hamacas y sombrilla, realice las gestiones oportunas para poner en marcha los servicios de socorrismo y vigilancia.
La convocatoria fijada para el día 12 , en la misma playa, y de la que también se ha dado traslado al Ayuntamiento de Mogán, responde a un acto formal que establece la ley cuando ha finalizado, o se anula como es el caso de Tauro, una concesión de dominio público. Rafael López Orive, jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, señaló ayer que había pospuesto esta firma para disponer de todos los informes técnicos que se encargaron para conocer como se encontraba todo el fondo marino después de la colocación de árido que hizo la concesionaria para cubrir todo el callao.
Recordó López Orive que simplemente cumple con una orden del Ministerio de Transición Ecológica de 2020 que, a través de la resolución de 27 de julio, pide que se ratifique la declaración de caducidad de la concesión otorgada en 2015 a la entidad Anfi Tauro S.A, y ordena a la Demarcación de Canarias a que se lleve a cabo el acta de reversión.
Si bien en el estudio de barimetría encargado por Costas se descubrió una tubería de la de la desaladora de Anfi, enterrada a tres metros en la arena, a la Demarcación más que preocuparle este conducto, lo que le inquieta bastante es el peligro de contaminación que pueda ocasionar este vertido de salmuera a la playa.
“El peligro que supone este agujero para los bañistas se puede resolver de forma temporal colocando una valla, pero lo que sí hay que vigilar es ese vertido”, puntualizó el jefe de Costas. Una competencia que corresponde, según destacó, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
A este respecto, fuentes de este departamento del Medio Natural aseguraron ayer que precisamente a raíz de la denuncia de la Demarcación de Costas se comenzó a tramitar un expediente sancionador a Anfi, y señalaron que esta empresa ya pagó otra multa por lo mismo hace años. Asimismo, desde la Agencia han instado a la sociedad que explota la planta desaladora a que paralice los vertidos en la playa de Tauro.
La anterior denuncia se tramitó por la vía penal, y esta segunda orden de sanción se encuentra en Fiscalía, por lo que según explican desde la Agencia de Protección, si la empresa no cumple y deja de realizar los vertidos el caso seguiría el mismo procedimiento judicial, y la multa podría ser incluso más elevada.
La Demarcación muestra su preocupación por si la desaladora contamina la playa
Aunque Anfi Tauro sigue negando que la desaladora sea de su titularidad, y asegura que las instalaciones pertenecen a un tercero con el que tienen un contrato de suministro de agua, en los informes del Consejo Insular de Aguas de que dispone Costas constan que es propiedad de esta sociedad.
Es más, Anfi incluso como titular de la desaladora se ha dirigido hace tiempo al Consejo de Aguas para solicitar la ampliación de esta planta. Desde este organismo aclararon ayer que cuando se tramita un expediente para una planta desaladora si los vertidos se van a realizar en tierra si pueden conceder la autorización pero si directa o indirectamente se echan en el mar le corresponde autorizarlo al Gobierno canario.
Anfi dice que la planta es de otra empresa, pero el Consejo de Agua lo confirma
Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, manifestó ayer que el Ayuntamiento espera el Ayuntamiento pretende hacerse cargo de los servicios de esta playa, que lleva casi seis años cerrada, y que para que los usuarios puedan disfrutarla deberá resolver lo que es la seguridad, o puesto de socorro, y hacerse cargo de la labor de vigilancia. Con todo, dijo que antes Costas tendrá que retirar todo el terraplén y la escollera que dejó Anfi en la zona de los antiguos almacenes, ante la negativa de la empresa a hacerlo alegando el conflicto judicial que mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica por la caducidad de la concesión. Anfi reclamado la inversión, cifrada en seis millones, que hizo para mejorar la playa.
