La Asociación Mujeres Profesionales Maguada, presidida por Isabel Guerra, concejal de Nueva Canarias (NC) en Teror y asesora de la Vicepresidencia del Gobierno autónomo, recibió el pasado 29 de marzo una nueva subvención de 8.000 euros y en esta ocasión sin concurrencia competitiva, según denunciaron ayer los grupos del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de Teror, que insistieron en que la dirigente nacionalista utiliza los fondos públicos de la Comunidad Autónoma y de la Isla para de “hacer clientelismo partidista” en su municipio, incluso “entorpeciendo” el trabajo del Consistorio y de las demás ONG que colaboran en las labores sociosanitarias.
El PP del Cabildo denunció el pasado viernes que la asociación de Isabel Guerra había obtenido más de 136.000 euros en subvenciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo, donde gobierna NC, y reveló que Maguada se constituyó dos meses antes de las elecciones de 2019 y tiene una “sede fantasma”, en lo que consideró un “nuevo escándalo de clientelismo político”.
Marco Aurelio Pérez, portavoz de los populares en el Cabildo, declaró que esa subvención “desmonta las justificaciones” de la concejala, pues el viernes argumentó que todas las ayudas recibidas por Maguada fueron en concurrencia competitiva con otras organizaciones sociales y otorgadas por los técnicos.
Los 8.000 euros a Maguada aparecen en la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia, otorgadas por la Presidencia del Gobierno de Canarias durante el primer trimestre de 2021. Según un anuncio del 13 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado jueves, la ayuda es para “gastos generales” y el motivo que justifica la no existencia de convocatoria pública es el “interés social”.
Explicaciones
“Lo primero que tienen que explicar es cómo se crea una ONG en un edificio fantasma dos meses antes de las elecciones, y cómo sin tener recorrido ni experiencia ya le conceden cinco subvenciones por más de 136.000 euros en su primer año”, señaló Pérez, quien sospechó que el teléfono de la asociación también lo paga el Gobierno autónomo, pues el número que aparece en sus documentos perteneció en la pasada legislatura a un director general del Ejecutivo canario.
Respecto a la sede, la asociación aclaró ayer que “se cometió un error el día de la constitución y en vez de poner el número 24 se puso el 2”. El correcto es el que aparece en los proyectos presentados y corresponde a la antigua consulta de psicóloga de Isabel Guerra. Según el PP, la concejala no tiene ese despacho desde el año 2014.
Sergio Nuez, primer teniente de alcalde de Teror y portavoz del PP, también denunció que Isabel Guerra utiliza ese dinero público “para intentar crear unos servicios sociales paralelos a los del Ayuntamiento, con fines electorales y partidistas, sin que se sepa qué criterios siguen para ayudar a la gente, pues se niegan a coordinarse con el área de Asuntos Sociales y con las demás ONG, como Cáritas, Cruz Roja o la Plataforma Antidesahucios”.
“No se sabe qué normas siguen para contratar trabajadores o visitar a personas mayores que ya están atendidas por los servicios sociales municipales”, concluyó.
