La familia de la víctima mortal del accidente de tráfico en Pasito Blanco ocasionado por un hombre que huía de la Guardia Civil en 2019 solicitan que se les abone una parte de los gastos fúnebres ya que la aseguradora del fallecido no cubrió.
Los dos hermanos de Miguel Estupiñán, representados por la letrada Idoya Mendizábal, que tenía 54 años cuando perdió la vida a causa del choque frontal ocasionado por Evaristo José P. M., reclaman además de una pena privativa de libertad consistente en ocho años, 15.936,49 euros de indemnización para cada uno y 2.088,07 euros por los gastos de sepelio que no cubrió la aseguradora contratada por la víctima ya que la factura fue de 4.804,07 euros de los que la entidad cubrió 2.716.
Asimismo requieren que el dueño del vehículo utilizado por Evaristo José P. M. para cegar la vida de Miguel Estupiñán la tarde del 5 de febrero de 2019 sea responsable civil subsidiario en conjunto con la aseguradora de su coche BMW.
Como acusación particular solicitan además un condena privativa de libertad de ocho años por los delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con uno de conducción temeraria y omisión del deber del socorro, ya que este huyó del lugar a pie tras colisionar con la víctima.
Los dos agentes de la Guardia Civil que actuaron en la persecución del acusado también se personan como acusación particular ya que resultaron heridos durante la intervención. Y es que durante el seguimiento el procesado impactó con el lateral trasero izquierdo del vehículo oficial tras dar un volantazo y cuando por fin lograron detenerle mientras huía andando del lugar del mortal accidente, propinó una patada en la muñeca izquierda de uno de los efectivos.
A consecuencia de las lesiones ocasionadas a los funcionarios, estos sufrieron según el Ministerio Fiscal y la letrada que les representa, lumbalgia aguda postraumática con 24 días de rehabilitación (el primer agente) y contusión en la muñeca izquierda más cervicalgia el segundo. Por lo que piden indemnizaciones de 1.105 euros y 1.505 respectivamente, de los que también exigen que sea responsable civil directo la compañía de seguros del coche que utilizó el acusado y de manera subsidiaria el dueño del vehículo por lo que piden que ambos sean citados al acto de juicio.
Ambas acusaciones particulares añaden que el acusado no sólo circulaba en zigzag e invadiendo el carril contrario, sino que además «se inclinaba hacia el asiento del copiloto haciendo ademán de coger algún objeto» a la vez que enfatizan que lanzó por la ventanilla del coche sustancias estupefacientes que la letrada Mendizabál especifica que se trataba de «paquetes con más de cuatro kilogramos de metanfetaminas».
Además, la representante de la familia de Miguel Estupiñán relata que el encausado «abandonó el lugar del accidente sin auxiliar al conductor del otro vehículo» y pese a encontrarse en «plenas facultades, sin embargo, de forma voluntaria se desentiende de la situación sin comprobar que la víctima esté en situación de riesgo y abandona el lugar».
Evaristo José P. M., que se encuentra en prisión provisional desde el 8 febrero 2.019, se encontró con un puesto de la Guardia Civil en la GC-500 con sentido a Mogán sobre las 17.25 horas del 5 de febrero de 2019 quienes le requirieron que se detuviese. El investigado se detuvo y esperó a que uno de los agentes se bajase del coche para arrancar bruscamente y emprender la huida al punto de que casi se lleva la puerta de la patrulla ya que «sobre ese vehículo existían indicios de su relación con actividades ilícitas en el Sur». Durante la persecución, el encausado adelantó a los vehículos que se encontraba a su paso pese a que eso conllevara invadir el carril contrario.
En un momento dado, el procesado tomó el enlace de Pasito Blanco hacía la GC-1 y «con total desprecio hacía la integridad física de los demás usuarios de la vía» accedió al ramal de Meloneras en el que circulaba por el medio hasta que colisionó frontalmente con la víctima de 54 años que falleció producto de un traumatismo craneoencefálico y torácico, para luego huir a pie y ser alcanzado por los agentes a 100 metros del siniestro.
Además, el procesado cuenta con antecedentes penales desde 1.999 por un delito de salud pública y fue condenado en 2002 por asesinato y en 2006 por daños y lesiones.
La Fiscalía solicita que se le condene por los delitos de conducción temeraria en concurso ideal con uno de homicidio por imprudencia grave y uno de atentado en concurso ideal con dos de lesiones por los que pide una condena total de ocho años y seis meses de cárcel. A su vez, requiere que se le prive del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años aunque esto conlleva la pérdida de vigencia del carné de conducir que tiene el acusado.
