El consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria dejó ayer sobre la mesa la propuesta de archivar la revisión de oficio emprendida por el pacto tripartito para intentar anular la adquisición de las fincas de Amurga. La decisión del gabinete de Antonio Morales de posponer la aprobación de ese acuerdo supone otra vuelta de tuerca en la polémica operación iniciada en el año 2018 y añade más incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del gobierno insular sobre Amurga, donde se entremezclan las complicaciones jurídicas del expediente con las discrepancias entre los socios políticos -NC, PSOE y Sí Podemos- sobre la conveniencia de seguir adelante con esa compraventa.
El consejero de la Presidencia, Teodoro Sosa, elevó a la reunión del gobierno una propuesta sobre Amurga con tres acuerdos, pero al final se acordó aplazar la decisión durante unos días para «estudiar mejor» sus consecuencias jurídicas y económicas, según informaron fuentes del tripartito.
El dictamen del Consejo Consultivo impide dar carpetazo a la operación en las tres fincas
El primer acuerdo es la toma de conocimiento del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, del 16 de marzo de 2021, que concluyó que «no concurre la causa de nulidad de pleno derecho invocada en e presente procedimiento. Por tanto, señala el Consultivo, «no es conforme a derecho» la propuesta de fecha 10 de febrero de 2021 «sobre revisión de oficio del acuerdo del consejo de gobierno insular de fecha 28 de diciembre de 2018, sobre adquisición de tres [fincas] integradas en la zona preferente número 5 de la Bolsa Insular de fincas rústicas».
El segundo punto de la propuesta que ha quedado aplazada es «proceder al archivo de las actuaciones de este expediente de revisión de oficio del referido acuerdo del consejo de gobierno insular». El tercer acuerdo es dar traslado de la aprobación «a los interesados, al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, a la Asesoría Jurídica, a la Intervención General, al Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuestos y a la Tesorería del Cabildo, para su conocimiento».
Propietarios
Tras numerosas polémicas políticas y una demanda judicial sobre la compraventa por 4,06 millones de euros de tres parcelas situadas en el Macizo de Amurga, entre cuyos propietarios hay familiares del vicepresidente regional Román Rodríguez, el gobierno de Morales acabó admitiendo que no se habían realizado los correspondientes deslindes de los cauces del dominio público hidráulico y elevó una propuesta al Consejo Consultivo para anular toda la operación por ser «nula de pleno derecho».
En paralelo se abrió un procedimiento en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, a instancias del consejero del PP Daniel Reyes, al detectar la ausencia de esos deslindes y otras presuntas irregularidades en el expediente.
Ese procedimiento está pendiente de sentencia y en él se han reflejado las contradicciones del gobierno insular, pues en el ámbito judicial ha alegado que la compraventa se realizó de forma correcta y al mismo tiempo ha pedido la revisión de oficio por ser nulo de pleno derecho.
El dictamen del Consejo Consultivo supuso un varapalo para los que desde dentro del gobierno insular pretendían dar carpetazo a la compra con su anulación de oficio. Para su sorpresa, ese órgano de la Comunidad Autónoma apreció que la falta de los deslindes se puede subsanar, descontando la superficie del dominio público hidráulico, 48.107 metros cuadrados, del precio total de las tres parcelas.
En contra de su anterior informe al Consejo Consultivo para anular la operación, los Servicios Jurídicos del Cabildo, que han cambiado de titular recientemente, han pedido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que el dictamen del Consejo Consultivo se incorpore al expediente, a lo que se ha opuesto la parte demandante.
Aunque el actual gobierno insular ha dado muestras de querer anular la compraventa de Amurga, por la negativa del PSOE y Sí Podemos a avalar esa operación, el dictamen del Consultivo es vinculante y dificulta dar carpetazo. La propuesta que se quedó ayer sobre la mesa supone, de hecho, continuar con la tramitación, lo mismo que si el tripartito decide dejar que caduque el expediente de revisión de oficio, el próximo 16 de mayo.
Alternativas
La decisión de estudiar durante una semana más ese expediente es valorar las consecuencias de dar marcha atrás y también analizar otras posibles salidas jurídicas o políticas que satisfagan a los socios del tripartito y no supongan un perjuicio para el Cabildo, según las mismas fuentes.
El Cabildo no dispone actualmente de partidas presupuestarias para esa compra (el dinero reservado en 2019 se destinó a los daños de los incendios forestales) y tampoco sería inmediata porque primeramente habría que resolver el problema de los deslindes del dominio público hidráulico, lo que llevaría meses o años.
La oposición augura que cualquier decisión que tome el Cabildo obligará a indemnizaciones
Por contra, los grupos de la oposición del Cabildo consideran que el gobierno de Morales se ha ido enredando en su propia madeja desde 2018 hasta ahora y cada vez tiene más complicada una salida que contente a todos. Las fuentes consultadas no descartan, incluso, que los actuales consejeros del pacto tripartito dejen caducar deliberadamente el expediente de revisión de oficio para no tener que participar en ninguna votación.
Tanto si se continúa con la compra de las fincas como si se anula la operación es previsible que haya demandas judiciales por parte de los grupos opositores o de los propietarios. Al respecto, consideran que el Cabildo tendría que pagar una indemnización si decide dar marcha atrás, pero también estaría obligado a abonar los intereses acumulados si finalmente opta por comprar las fincas.
Cronología
28 diciembre de 2018
- El consejo de gobierno del Cabildo, formado por NC, PSOE y tránsfugas de Podemos, acuerda comprar tres fincas en el Macizo de Amurga, por 4,06 millones de euros, para reforestación.
18 de enero de 2019
- Este periódico revela que entre los 22 propietarios de Amurga se encuentran la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez. El presidente Morales asegura al día siguiente que desconocía ese hecho y el consejero de Hacienda sostiene que el expediente es impecable. El PSOE expresa su malestar por no haber sido informado de esa circunstancia. La oposición -PP, UxGC, Podemos y CC- acusa a NC de propiciar un pelotazo y obtiene documentos que reflejan que el precio de los terrenos fue aumentando a medida que avanzaba a la tramitación del expediente, a veces a petición de los propios vendedores.
6 de febrero de 2019
- Daniel Reyes, consejero en el Cabildo en la oposición, informa en el Pleno que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que aprobó la compra de los terrenos en Amurga y anuncia que descarta acudir también a la vía penal, pues a su juicio existen hasta seis irregularidades.
26 de mayo de 2019
- Las elecciones al Cabildo permiten reeditar el pacto entre NC y PSOE, al que se suma Sí Podemos, pero el candidato socialista, Luis Ibarra, se opone a continuar el procedimiento. La dirección insular del PSOE toma el acuerdo de rechazar la compra de Amurga si NC lo plantea.
9 de septiembre 2019
- El Pleno del Cabildo aprueba una modificación presupuestaria de urgencia para destinar los 4,06 millones consignados a la compra de Amurga a ayudas a los afectados por los grandes incendios forestales. NC manifiesta que la adquisición ya no es prioritaria, lo que reafirma desde el inicio de la pandemia de Covid-19.
16 noviembre 2020
- Tras recibir los informes encargados al Consejo Insular de Aguas, el gobierno insular admite irregularidades en la compra de las tres parcelas de Amurga debido a la ausencia del deslinde de dominio público hidráulico, por lo que la considera “nula de pleno derecho” y la eleva al Consejo Consultivo de Canarias para que ratifique esa decisión. Ese organismo dictamina que la falta del deslinde no es motivo para la anulación.
