En Santa Brígida, el municipio con la renta más alta de Gran Canaria, y donde por el metro cuadrado de terreno urbano se pagan hasta más del mil euros en el mismo casco, no hay viviendas sociales para cobijar de forma temporal a esas familias a las que la crisis les ha dejado sin empleo y sin ingresos para llenar la despensa o para hacer frente al pago del alquiler.
Es por eso que una de las soluciones en las que trabaja el grupo de gobierno municipal es aprovechar algunas de las escuelas unitarias que están cerradas, y en algunos casos en estado de abandono, y disponer así de lo que eran las casas de los profesores para destinarlas a viviendas sociales. Por ahora se ha decidido, según señaló ayer la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Brígida, Carmen Rosario, aprovechar dos de las escuelas de La Atalaya y una vez reformadas destinarlas a esas familias en apuros. Pero ya se ha pensado en disponer de otra que se encuentra en Pino Santo bajo, aunque de ésta última se utilizaría, cuando este inmueble lo ceda la Consejería de Educación. Aunque en Pino Santo hay otra de estas antiguas escuelas en desuso, en este caso en la zona alta de este barrio, estas instalaciones las pretende rehabilitar el Ayuntamiento para destinarla a albergue turístico.
Se ha llegado a recurrir a los monjes benedictinos para poder alojar a una familia
“Serían viviendas de tránsito hasta que se busca otra solución a las familias que no tienen donde vivir porque se han quedado sin trabajo, sobre todo porque lo que se va a adaptar es sólo las instalaciones que utilizaban como alojamiento los profesores”, señaló la edil.
Esta opción de recurrir a estas escuelas surgió precisamente tras una visita de la consejera de Vivienda del Cabildo insular, Conchi Monzón, en la que se abordaron las necesidades de este tipo de casas en el municipio sobre todo en estos tiempos.
La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus ha hecho que en el departamento de Asuntos Sociales se haya encontrado con varios casos de familias a los que no podían ofrecerles como alternativa una vivienda en el municipio. Ante la falta de estos recursos municipales, y tras ponerse en contacto con el Consorcio de Viviendas del Cabildo insular en uno de los casos se resolvió el alojamiento de un vecino con una plaza temporal en un centro de drogodependencias, y en otro se recurrió a los monjes benedictinos del monasterio que existe en esta localidad. Otras de las soluciones, explicó la concejal, es pagar un hostal a la familia, en tanto que se le busca una vivienda en la que se pueda alojar.
En estos momentos son cerca de treinta las familias de Santa Brígida que han recurrido a Asuntos Sociales a solicitar ayudas para poder pagar el alquiler o para acceder a una vivienda social. Por ahora lo que ha hecho este departamento es tramitar esas ayudas dado que no disponen de pisos de propiedad municipal.
«Hay una idea errónea de que en Santa Brígida sólo viven personas con altos ingresos»
Carmen Rosario manifestó que aunque aún existe esa idea errónea de que en esta localidad la mayor parte de los vecinos tienen un elevado poder adquisitivo, « lo cierto es que hay familias en algunos barrios que lo están pasando muy mal porque han perdido el empleo o con los Ertes no les llega para pagar el alquiler y la comida”. A través del banco de alimentos se hace entrega de los productos más básicos a unas 80 familias cada mes, pero las peticiones de viviendas, precisó, no se resuelven de forma tan rápida «como nos gustaría».
Ante la demanda de viviendas sociales que ha crecido en los últimos años, el Ayuntamiento ha cedido suelo al Gobierno canario precisamente en Pino Salto alto y en La Atalaya para que se puedan llevar a cabo promociones de casas de protección oficial en estos barrios de Santa Brígida.
