Gran Canaria ha logrado estabilizar e incluso a aumentar ligeramente en esta última década la superficie agrícola dedicada al mercado interior, con unas 10.076 hectáreas cultivadas en el pasado 2019, periodo del último dato ofrecido por el Instituto Canario de Estadística, frente a las 8.263 empleadas en 2012.
De esta estabilidad se han aprovechado casi todas las modalidades de cultivo en Gran Canaria, como los herbáceos, que han pasado de los 186.447 toneladas de 2012 a las 191.544 de 2019, o de tubérculos, mayoritariamente de papa, que han supuesto de unos 25.180 toneladas del inicio del periodo citado a las 23.718, una cifra algo inferior pero que fluctúa en según que año con picos que incluso han llegado a los casi 42.000 toneladas en 2016, o a las más de 30.000 toneladas en 2018.
Otros, como el de cereales, sí que han experimentado un importante despegue en estos ocho años, ya que de las 477 toneladas de 2012, se han pasado a las 1.275 de 2019, como también ocurre con las leguminosas, de 40 a casi 70 toneladas; y con frutales, o cultivos leñosos, que arrancaron la década con 108.944 toneladas de fruta para finalizar este periodo con casi 121.000 toneladas.
Pero esta constancia del mercado interior contrasta de forma radical con la actividad dedicada a la exportación del tomate, con tres datos que resumen su declive. Si en 2000 ocupaban 3.746 hectáreas, en la campaña de este año apenas requiere de 380 hectáreas de tomate y unas 40 más de pepino. De aquellos 72 exportadores que hacían posible explotar esa superficie, se han pasado a solo cinco -al que habría que sumar uno más que queda en Tenerife- por lo que son apenas seis en todo el archipiélago. Números que implican que el volumen de aquellos 22.000 puestos de trabajos directos, se estén raspando en la actualidad los 2.000, con una pérdida de empleo del 90% en las islas.
Para entender el por qué uno aguanta, y el segundo se descalabra hay que remontarse a los años 60 y 70 del siglo pasado.
La Coag destaca el dinamismo y la adaptación de los profesionales grancanarios
Rafael Hernández, presidente de Coag, ilustra que en aquella década Gran Canaria era con diferencia la potencia agrícola del archipiélago, con 30.000 hectáreas a pleno rendimiento, hasta que comenzaron los reiterativos ciclos de sequía, que es el momento en el que tomate releva al plátano. A eso hay que sumar otros factores ya no solo en la isla sino en el resto de la comunidad, como la irrupción del turismo, que van menguando las áreas hasta ese tope en torno a las 10.000 hectáreas destinadas al mercado interior. Pero mientras que en Tenerife sí que se ha reducido de unas 16.000 a 10.000 en los últimos años, el secreto de Gran Canaria para mantenerse tiene que ver, según Hernández, «en el dinamismo y la capacidad de readaptación de los agricultores de aquí», aunque advierte que estas cifras no son proporcionales al número de trabajadores, apuntando en este sentido que se está produciendo un éxodo, ya que «el 80 por ciento de los agricultores tienen una media de edad de 55 años por lo que salen muchos activos y los que se incorporan no compensan el número de los que se van», si bien las explotaciones van aumentando de tamaño con menos agricultores.
Hernández señala la solidez del mercado interior, «muy potente en Gran Canaria” pero también a la tozudez de un isleño que te hace preguntar cómo es que hay gente plantando en laderas imposibles, como en Fontanales, que revelan las ganas de trabajar y de buscarse la vida con un afán de superación muy grande».
Todo esto en un ámbito que tiene tres factores claves: el agua, el suelo y el mercado. Con relación al primero hay que subrayar el papel que jugó a finales de los 90 un movimiento social que culminó en la constitución de la Mesa del Agua, que dio origen a unos planes hidrológicos que tuvieron en cuenta a la agricultura. Esto se tradujo en un Consejo Insular del Agua que en los «últimos años ha ido planificando hasta convertirse en estos días en el principal suministrador, tanto con caudales provenientes de las presas como de la desalación y la depuración, «que pone a disposición de la agricultura sin especular con los precios, garantizando un recurso vital y poniendo en el mercado 17 millones de metros cúbicos de agua.
En cuanto al suelo «usamos 10.000 de las 30.000 hectáreas disponibles, y en esto también el Cabildo está incentivando para utilizar el resto, una medida que consigue la incorporación de agricultores de los que hoy tenemos de entre 15.000 a 20.000 personas beneficiadas del trabajo directo», mientras que es en el mercado, el tercer factor clave, donde el sistema más cojea. «El mercado», explica de nuevo Rafael Hernández, «trasciende del ámbito local. Nuestros tomates compiten con los de Marruecos, como le ocurre también al plátano, y nos vemos luchando con países terceros en una condiciones de dumping tanto económico como social, propiciado por las grandes distribuidoras que colocan productos frescos de fuera a precios bajo, algo que nos destroza». El presidente de Coag ilustra que hace apenas dos meses que empezó la campaña de papa local, «y justo ahí vemos en los lineales otras de Chipre, Israel o Egipto, al punto que un consumidor quiere comprar una papa de aquí y no tiene acceso a ella, porque un jefe de compras ha tomado la decisión de poner a la venta alguna papa foránea que coge en oferta, creando así un fonil».
A pesar de estas dificultades, Hernández le ve futuro al sector en Gran Canaria, aunque sea por la más básica de las premisas. «La gente que no come se muere y todo sale del mar y de la tierra», ahora bien, «otra cosa es producir en unas condiciones europeas, que está muy bien, pero que también supone unos costes europeos y lo que percibimos no se corresponde con ello, porque al agricultor no le llega ni un 30 por ciento de los costos».
La otra cara de la moneda se encuentra en la exportación. Jota Cabrera Bonny, director de exportaciones del Grupo Bonny, que da empleo a 1.500 personas en la isla, asevera que «o buscamos alternativas al tomate o muere la exportación», como consecuencia de varios factores. Y de hecho su firma está buscando en otros cultivos la puerta del futuro, entre otros con el arándano, como también hacen en La Aldea con el pimiento, entre otros. La empresa ha reducido este año la superficie de tomate entre un 15 y 20 por ciento, covid mediante, pero también por la subida del salario mínimo, que ha incrementado un 30 por ciento los costes de producción, la irrupción del brexit, los nuevos estándares fitosanitarios que se exigen y, por último, «porque no competimos en igualdad de condiciones: cada vez más clientes buscan precios buenos, y buscan fuera. El que busca calidad sí que recurre a nosotros, pero la calidad no mueve esos volúmenes. Esto a pesar de que lo que realmente genera economía es un sector como el nuestro, el que trae divisas de fuera trayendo riqueza para Canarias».
Tras el acuerdo preferencial firmado por Gran Bretaña y Marruecos, más la salida del mercado inglés de la Unión Europea, con lo que ello implica en dificultades administrativas y la pérdida de subvenciones por tratarse ahora Gran Bretaña de un tercer país, Cabrera sentencia que el sector se encuentra «en un momento muy crítico», y que tratan, sobre todos los demás objetivos, el salvar una bolsa de empleo «que es muy importante para el sureste y que está compuesta de mucha gente que lleva trabajando toda la vida con nosotros, 30 y 40 años, por lo que es una mano de obra que tiene difícil ubicarse en otros lugares”.
Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación de Exportadores, Fedex, aporta la visión global de este estado de cosas que apunta Cabrera Bonny. Iniciando su lectura desde aquellas 3.746 hectáreas de 2000, a las 380 de la campaña actual.
Se remonta a 1999, con la mayor producción de tomate de las islas, con 352.000 toneladas, «y la mejor que hubo», apostilla.
Pero fue un campanazo de despedida porque en 2000 irrumpió el virus de la cuchara, al que se añadió ese mismo año el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos, al que permitían exportar 250.000 toneladas con un arancel muy bajo. Eso justo cuando los productores tuvieron que cambiar el sistema de cultivo por culpa del virus, sustituyendo las antiguas mallas por otras más tupidas con el consiguiente disparo de los costes. Pero no solo eso. También se tuvo que recurrir a otra variedad de tomate y abandonar la que ya se cultivaba desde hacía 20 años «que daba una producción excelente». Esta nueva requería de dos semillas. La del patrón, que le daba el vigor para luchar contra la plaga y la de la variedad que se añade a la primera mediante injerto. «Pasamos de tres millones de plantas, a seis millones, y esto duplicó literalmente el coste. Entre unas cosas y otras lo que nos costaba 100 pasó a 300». Lo demás es historia.
Pero incompleta, aún. Porque luego llega el famoso litigio del Ministerio de Fomento en el que acusaba a las empresas de gastar en transporte «lo que no procedía. Tuvimos que devolver primero 14,5 millones de euros. Luego otros ocho millones. Que el Tribunal Supremo nos diera la razón seis años después ya daba igual. Ese fue el tiro de gracia».
