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El sudoku para rechazar Amurga

El Cabildo finaliza la revisión de oficio de la compra de los terrenos a la que le forzó el Consultivo y queda a expensas del recurso contencioso administrativo

Macizo de Amurga. | |

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria cumplió ayer el trámite de finalizar el procedimiento de revisión de oficio de la compra de los terrenos de Amurga tras el dictamen del Consejo Consultivo, que había avalado la legalidad de dicha adquisición. El grupo de gobierno había dejado sobre la mesa dicha revisión el lunes pasado para tener más tiempo para su estudio y finalmente ayer tomó conocimiento de dicha resolución. De esta manera los deslindes de los cauces del dominio público hidráulico, cuya ausencia en el proceso fue el motivo por el que el Cabildo lo consideró «nulo de pleno derecho» y lo elevó al Consejo Consultivo, tendrán que realizarse a la espera de una decisión jurídica y política.

El proceso administrativo de la compra, por tanto, avanza sin remedio, pues la decisión del Consultivo es vinculante y la definición de los deslindes pueden durar meses o años, pero lo cierto es que en el grupo de gobierno el PSOE y Podemos siguen siendo contundentes a la hora de rechazar la compra. «Nuestra postura no ha cambiado», aseguró ayer Isabel Mena, número dos del PSOE. Mientras, Nueva Canarias ya abrió la puerta en noviembre a renunciar a la misma. «Igual no es este el momento porque hay otras prioridades para invertir esos cuatro millones de euros», indicó Antonio Morales. Si optan por rechazarla, el problema está en cómo llevarlo a cabo una vez que la decisión del Consejo Consultivo fuera acatada ayer por el Cabildo. Es un sudoku.

El Consejo de Gobierno dejó sobre la mesa el pasado lunes la finalización de la revisión

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«La mayoria de las revisiones de oficio las dejan caducar pero han hecho bien en tomarla en razón», aseguró ayer Daniel Reyes, consejero del PP en el Cabildo y denunciante de la compra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6, acerca del trámite que cerró ayer el Consejo de Gobierno.

Y esa vía judicial que abrió Daniel Reyes es precisamente el clavo al que se agarra Nueva Canarias para no tener que tomar una decisión política y reducir todo lo posible el coste para las arcas del Cabildo. «Ya dijo el presidente que por prudencia jurídica vamos a esperar a la sentencia y después se trata de una decisión puramente política», asegura Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del Cabildo, que sobre esa decisión política se remite a las palabras de Antonio Morales en el Pleno en el que aseguró que «igual no es este el momento».

«Ayer lo que se hizo fue tomar conocimiento de la decisión que tomó el Consejo Consultivo hace unos meses, que dijo que se habia hecho correctamente y que no daba pie a anularse, y por tanto el Cabildo toma conocimiento y archiva la revisión de oficio. No hay nada más», añade Sosa.

Ahora queda la bala del proceso jurídico, que se desarrolla de forma paralela y remata el laberinto. «No está estancado», detalla Daniel Reyes, que explica que el Cabildo primero había entregado un informe firmado entre el servicio de Patrimonio y el Jurídico en el que admitían que la compra era «nula de pleno derecho».

Sin embargo, y una vez concluido el período de entrega de pruebas, el Cabildo pidió que se aceptara la resolución del Consejo Consultivo, mientras que Daniel Reyes se opuso. Y en ese punto, a la espera del auto que determine la admisión de esa prueba, se encuentra el proceso. Luego llegará la sentencia.

Si pierde el recurso se arriesga a una reclamación de los propietarios por mala praxis en la compra

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Así, se da la circunstancia de que si el fallo da la razón al Cabildo, tendrá que pagar los 4,06 millones por las fincas, a lo que tendrán que sumarse los intereses. Por contra, si la justicia da la razón a Reyes la compra quedaría paralizada y el Cabildo se enfrentaría a una posible reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de los 22 propietarios y la institución tendría que responder ante una mala praxis, lo que enredaría aún más el sudoku de la compra de Amurga.

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