La Demarcación de Costas de Las Palmas ha paralizado la recuperación de la playa artificial de Tauro para el Estado prevista para hoy y ha pospuesto la entrega de los terrenos ante un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Anfi Tauro, la hasta ahora empresa concesionaria de la playa. La operación se trataba de un acto formal entre Costas y Anfi Tauro inicialmente previsto para el día de hoy con el objetivo de dar cumplimiento a la anulación de la concesión en 2020 y firmar el acta de reversión y entrega de la concesión de los terrenos de dominio público marítimo terrestre. Costas esperará ahora por que el alto tribunal canario estudie y resuelva las medidas cautelares reclamadas por la compañía para hacer un nuevo intento de recuperación de la playa y que la explotación de la cala vuelva al Estado.
El jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, Rafael López Orive, sostuvo ayer que no acudirá hoy a este acto oficial a la espera de conocer las decisiones del TSJC. El representante de este organismo estatal había pospuesto hasta hoy la firma de la reversión de la concesión hasta conocer los resultados de un informe para conocer el estado del suelo marino después de que la adjudicataria depositase en 2016 los 60.000 metros cúbicos de arena traída desde el Sahara. Por su parte, la empresa Anfi Tauro declinó ayer hacer declaraciones e informar cuáles son las medidas cautelares solicitadas a la Justicia.
El auto del TSJC llega después de que Anfi Tauro interpusiese un recurso contencioso-administrativo contra el oficio de la Demarcación de Costas de Las Palmas del pasado 12 de abril de 2021 en el cual citaba a la compañía para firmar el acta de reversión de los 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Esta concesión fue otorgada por Orden Ministerial el 1 de octubre de 2015 para regenerar la playa de Tauro y explotar los servicios de temporada, las hamacas y sombrillas.
Ene se recurso, Anfi Tauro reclamó la suspensión cautelar urgente de la ejecución del oficio de Costas, pero el TSJC ha denegado esa petición al no apreciar razones de urgencia. «Aunque se pretende amparar la misma en la perentoriedad del plazo señalado para que tenga lugar el acto de reversión -fijado para el 12 de mayo de 2021-, lo cierto es que dicho acto fue notificado a la interesada el 12 de abril de 2021; por lo que no cabe hacer depender la urgencia de una medida, y por tanto, interesar la suspensión inaudita parte, cuando la propia interesada no ha tenido especial urgencia en solicitarlo con anterioridad, a fin de evitar, precisamente, esa perentoriedad», señala el auto.
Por consiguiente, el tribunal tramitará las medidas cautelares por la vía ordinaria y amparándose en el artículo 131 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Admistrativa y los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del citado artículo.
Una vez se firme el acta de reversión, la explotación de la playa volverá al Estado y su reapertura al público después de cinco años cerradas dependerá de que el Ayuntamiento de Mogán, que ha solicitado la concesión de los servicios de temporada a Costas inicie los trámites para poner en funcionamiento los servicios de vigilancia y socorrismo.
Hasta 2016 la playa era una cala de callaos y el grupo Anfi Tauro depositó 60.000 metros cúbicos de arena a cambio de explotar los servicios de temporada y otros negocios que se iban a instalar.
