Las asociaciones de cazadores de Gran Canaria han reclamado al Gobierno autónomo “un golpe de timón” para salvar las actividades cinegéticas en la Isla y han formado un frente común con colectivos del resto del Archipiélago para frenar la caída el número de licencias y evitar la práctica desaparición de la cacería .
La Plataforma de la Caza, creada en febrero por agrupaciones del sector cinegético de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera el pasado mes de febrero, expuso estas reivindicaciones durante la primera reunión con el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, quien se ha comprometido a tener en cuenta sus propuestas durante la elaboración de la nueva Ley de Caza, según informó ayer Rodolfo Marrero, portavoz de la plataforma.
Marrero explicó que el encuentro con el viceconsejero estaba enmarcado dentro de las rondas de conversaciones establecidas con los distintos representantes políticos y de las administraciones canarias con respecto a las modificaciones de la Ley de Caza incluidas en la futura Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, que “tan negativamente pueden afectar a la cacería”.
Además de Marrero, por parte de los cazadores asistieron los también miembros del Consejo Insular de Caza de Gran Canaria, Oliver Saavedra y Eulogio Lantigua, más los asesores técnicos designados para elaborar las alegaciones a esa nueva normativa. “La plataforma expuso las referencias perjudiciales que ya afectaban a nuestra actividad con anterioridad al anuncio de modificar la actual Ley de Caza, sólo, en el sentido que le preocupa a la administración regional; siendo los cazadores parte de la solución más que del problema inquietante para el Gobierno”, apuntó.
A juicio de este colectivo, la actual Ley de Caza de Canarias “resulta ser copia y pega de la básica preconstitucional de 1970; obsoleta en cuanto al marco normativo nacional y supranacional, y desfasada en relación a la filosofía de conservación y fomento, y a la comprensión de la sociedad civil respecto de la actividad en sí misma”.
Las administraciones, detalló Marrero, no cuentan con personal para gestionar y administrar a 14.000 cazadores, 100 asociaciones de caza y un territorio cinegético de alrededor de más del 80 % del Archipiélago. Todo ello, “aunque sea el colectivo el que contribuya con mayores fondos económicos a la conservación después de las propias administraciones”.
Un estudio denominado Análisis social y estadístico de la estructura poblacional de las personas cazadoras en Canarias, realizado por la propia Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático, señala que “según las predicciones obtenidas de los modelos aplicados, los próximos años se presentan complicados para el sector de la caza. Siempre que no se produzcan grandes cambios que afecten a la actividad y que siga la misma dinámica, las expediciones de licencias de caza seguirán reduciéndose”.
Con esos antecedentes, más las modificaciones de la Ley de Caza, “lo más probable es que el desvanecimiento de la caza se acelere en las Islas, aunque sin llegar a desaparecer, a no ser que el Gobierno de un golpe de timón en sus intenciones para conservar un patrimonio natural y cultural tan arraigado en el Archipiélago”, concluyó Marrero.
El viceconsejero emplazó a los cazadores a una nueva reunión cuando exista un borrador más avanzado de anteproyecto de Ley de Biodiversidad con el objetivo de tratar el articulado de forma pormenorizada.
