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Tribunales

Los narcos que trajeron el mayor alijo de cocaína a la Isla admiten los hechos

Los 14 acusados traían 2.500 kilogramos de la droga en dos embarcaciones - El fiscal pide de 12 a 18 años y medio de cárcel y 5.572 millones de euros en multas

Los catorce acusados este lunes durante el juicio en su contra

Los catorce acusados este lunes durante el juicio en su contra

Trece de los 14 narcos acusados de introducir en la Isla 2.500 kilogramos de cocaína en 2018 -el mayor alijo de esa droga incautado en Gran Canaria hasta ahora- han admitido los hechos ante el magistrado presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón. Los denominados ‘hermanos Fabelo’ confesaron este lunes ante la Sala que son los «máximos responsables» del grupo organizado constituido a principios de 2018 que introdujo las dos toneladas y media de la sustancia estupefaciente a la Isla. 

Daniel y Emiliano G. Fabelo reconocieron que fueron ellos los que contactaron con los proveedores y se hicieron con dos zodiacs semirrígidas bajo la asesoría de Raúl Zapata con las que atracaron en los muelles deportivos de Mogán y Puerto Rico para después navegar hasta el punto acordado con los distribuidores de la cocaína para así realizar el trasbordo de la misma. Los hermanos Fabelo, Ramiro Afonso, Jonatan Fajardo, Cristian Baéz, Raúl Zapata, Eliu Gómez, Iván de la Rosa y Jorge García planificaron introducir los 2.505,21 kilogramos de cocaína con una pureza del 81,465% y valor en el mercado de 84,69 millones de euros a la Isla a través de la playa Medio Almud, en Mogán, en donde se encontraban a la 1.30 de la madrugada del 13 de noviembre de 2018 para realizar la descarga de la droga para su posterior distribución y venta. 

Zapata admitió haber pilotado una de las embarcaciones en las que traían la sustancia estupefaciente mientras que Eliu Gómez declaró ser el dueño del fusil colt modelo AR-15 de calibre 5,56 x 45mm utilizado para «asegurar la operación». Cristian Baéz confesó por su parte, que prestó su identidad para la adquisición de uno de los vehículos, coordinó el operativo, recaudó dinero y realizó pagos correspondientes para ejecutar el tráfico de la droga y era el encargado de buscar en el aeropuerto a los acusados Miguel Mora, Pedro Rodríguez e Israel Borrero que venían desde Huelva para asegurarse de que «todo saliera bien», estos tres junto a Leonido Martinho y presuntamente Juan Sosa -que no está conforme con la tesis del fiscal Antonio Amor- eran los encargados de portear la cocaína.

Los acusado fueron detenidos durante la operación Volcán de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Daniel G. Fabelo y Eliu Gómez estaban franqueando la entrada y salida del acceso a la playa para coordinar así el desembarco de la droga y, según el fiscal, Gómez estaba «dispuesto a disparar para proteger la descarga». Emiliano G. Fabelo, Ramiro Afonso, Jonatan Fajardo, Cristian Baéz, Raúl Zapata, Jorge García, Iván de la Rosa, Leonido Martinho, Israel Borrero, Miguel Mora, Pedro Rodríguez y Juan Sosa emprendieron la huida ante la presencia policial mientras descargaban la droga. Finalmente fueron detenidos los 14 implicados, cinco de ellos en la misma zona y el resto tanto en la carretera GC-500 con dirección a Puerto Rico y en dos complejos hoteleros del Sur.

El fiscal ha pedido 18 años y medio de cárcel y 4.572 millones euros en multas para los hermanos Fabelo, Raúl Zapata, Ramiro Afonso, Jonatan Fajardo, Cristian Baéz, Jorge García, Iván de la Rosa y Eliu Gómez. Interesó para Leonido Martinho, Israel Borrero, Miguel Mora, Pedro Rodríguez y Juan Sosa 12 años de prisión y multa de 200 millones cada uno de ellos.

Los letrados de trece de los acusados se adhirieron a lo solicitado por el fiscal y renunciaron a impugnar las conversaciones, pruebas y testifícales. Mientras que el abogado de Juan Sosa solicitó únicamente la impugnación de las escuchas telefónicas al entender que no se motivó suficientemente la razón por la que se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente al habérsele intervenido el móvil debido a las escuchas de una conversación en la que salió su nombre respecto a una deuda y por tanto requirió que su cliente declare al final del juicio que continua este martes con la comparecencia de testigos del caso. 

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