A Liria González la pandemia la sorprendió en su ocupación como limpiadora de centros de salud. Fue llegar el confinamiento y ver cómo se reducían sus horas de trabajo. A su pareja le fue peor. Empleado en las plataneras, con empresas aplicando un Erte masivo, se quedó sin contrato. Entre ambos están a cargo de cinco hijos.
A Dévora Suárez, también madre de familia y vecina de Liria desde principios de este año en una urbanización hasta entonces abandonada junto al Faro de Sardina, el mundo se le vino abajo, también covid mediante. Trabajaba en la hostelería y para el mes de octubre del pasado año le ejecutaron un desahucio en Agüimes. «Me vi en la calle sin ayuda de ningún organismo».
Como ellas dos hay que sumar otras 26 familias, 32 menores con un total de 72 personas que de la noche a la mañana dieron vida a lo que hasta entonces llevaba años y años abandonado. Un complejo de 28 dúplex que se alarga sobre el erial que da cancela al emblemático faro del norte grancanario, y que ellos han bautizado con el nombre Comunidad La Marisma.
Según apunta tanto González como Suárez, el edificio se mantuvo al oreo durante más de 15 años pero se llenó en el espacio de solo una semana, sin un acuerdo entre los inquilinos, sino por un run rún en redes sociales en el que un supuesto promotor inmobiliario, con una primera derrama de cien euros a modo de depósito, ofrecía la llave de los apartamentos con el acuerdo de firmar un alquiler posterior «asequible» en el plazo de quince días.
Nunca volvió. Pero a partir de mayo reciben la visita de los representantes de dos empresas, Building Center y Coral Homes, que según aseveran a su vez trabaja para la entidad propietaria del edificio. “Cuando llegaron las notificaciones de que esto pertenecía a un banco nos quedamos locos, con juicio pendiente y una orden de desahucio”.
Según afirma el Sindicato de Inquilinas, que ha tutelado este proceso desde su inicio, esas dos firmas han estado “hostigando” a las familias con la amenaza de precintar el inmueble, incluso tapiarlo con sus propiedades dentro, aunque sin resultados, dado que no tienen ninguna otra alternativa dónde vivir, iniciando así la vía judicial que hoy martes se materializará con la celebración en Santa María de Guía de una vista oral para las primeras ocho familias.
Liria explica que cuando entraron en las viviendas con las llaves del presunto promotor inmobiliario tuvieron que adecentar todas las habitaciones, amueblándolas en muchos casos, como aporta Dévora, con muebles donados a través de Facebook. A eso se sumó el dotarlas de cocinas o también de las propias puertas, como enseña la primera con la que da entrada a un pequeño porche, que está hecha con un palé.
A eso se suma que no cuentan con agua corriente, por lo que tienen que tiene que recurrir a cubas para llenar los depósitos de las viviendas cada quince días, mientras que el suministro de electricidad proviene de la conocida como luz de obra.
En estos momentos se encontraban tramitando el traslado en guagua de los niños a los colegios, dado que allí viven 32 escolares, según los números que aportan las dos afectadas, que aseguran que en todo este proceso se han visto arropados por el ya citado Sindicato de Inquilinas, que les están facilitando información y pautas para tratar de frenar el desahucio o encontrar una solución que no pase por dejar a 28 familias en la calle, un elevado número de personas que en su gran mayoría son naturales de los municipios de Santa María de Guía y de la propia Gáldar.
Miedo y desconocimiento
Afirman que gracias a esta intervención del sindicato, “hoy somos una piña y trabajamos juntos para encontrar una solución ya que antes, por una cuestión de miedo y el simple desconocimiento, cada uno actuaba por su lado”.
A eso se añade que en la última semana, sobre todo entre el pasado jueves y el viernes, han visto algo de luz con la intervención del Ayuntamiento galdense, que ha puesto en marcha sus Servicios Sociales para redactar los informes de vulnerabilidad de cada uno de los afectados, pero también por un cambio de actitud, según dicen, por parte de la propia entidad bancaria, dado que según explica Liria González y Dévora Suárez, «se han puesto en contacto con nosotros interesándose y preguntando por la situación de cada uno». De todos modos, ayer, se respiraba una tensa espera por los acontecimientos de las próximas horas en sede judicial.
