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Mogán pide que la Fiscalía esclarezca la denuncia sobre delitos sexuales y prostitución en Puerto Bello

La alcaldesa denuncia "la falta de atención médica" en tratamiento psiquiátrico y el inexistente protocolo anti covid-19 en el centro de menores inmigrantes no acompañados

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, pide a la Fiscalía que inestigue las supuestas agresiones sexuales en un complejo en el que se aloja a menores inmigrantes.

El Ayuntamiento de Mogán ha pedido este martes a la Fiscalía de Las Palmas que esclarezca la veracidad de la denuncia sobre supuestos delitos sexuales que han formulado en un correo electrónico empleados del complejo turístico Puerto Bello, donde el Gobierno canario acoge a menores inmigrantes no acompañados.

La alcaldesa de este municipio grancanario, Onalia Bueno, ha puesto en conocimiento del Ministerio Público "los supuestos casos de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras irregularidades que tendrían lugar" en estos apartamentos ubicados en la localidad turística de Puerto Rico, que opera en la actualidad como recurso de emergencia para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

En un comunicado, la regidora afirma que "los hechos han sido denunciados por empleados de este centro" en un correo electrónico recibido en el Ayuntamiento sobre las 14.00 horas del pasado 10 de junio.

Bueno asegura que el informe remitido por "un grupo de trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI relata de forma precisa cómo una auxiliar técnico educativo comunica que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor –identificado incluso por sus iniciales– por parte de otros dos usuarios alojados en el centro, ya certificados como mayores de edad".

"Parece, además, que el menor agredido ha tenido que fugarse para evitar ese tipo de situaciones y las humillaciones de sus compañeros por lo ocurrido. Un auxiliar del turno de noche llega a indicar la existencia de vídeos de las agresiones sexuales y se asegura que varios menores también informan de lo ocurrido", agrega la nota enviada este martes a los medios por el Consistorio.

Según esta denuncia anónima, ante estos hechos, el equipo educativo solicitó a la dirección del centro que reforzara los turnos de noche e interpusiera la correspondiente denuncia, si bien sus remitentes afirman que "nada de esto se ha llevado a la práctica".

De la misma forma, los denunciantes aseguran que la dirección del centro "conoce que al menos tres menores han ejercido" la prostitución "dentro y fuera" de sus instalaciones "y no ha actuado al respecto".

Desperfectos en el complejo turístico de Porto Bello en el que se aloja a menores inmigrantes. LP / DLP

Responsabilizan también a los responsables de este recurso de acogida de permitir "repetidas e injustificadas agresiones psicológicas y físicas a los jóvenes, que van desde los insultos y vejaciones a la intimidación y las contenciones físicas" desmesurada, supuestamente realizadas "colocando una rodilla sobre el cuello de los menores o practicando la 'estrangulación desnuda'".

Onalia Bueno también ha dado cuenta a la Fiscalía de "la falta de atención médica hacia los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como del inexistente protocolo anti covid-19" que refieren los autores de esta denuncia.

Este grupo de trabajadores de la Fundación Respuesta Social S.XXI ha alertado en el escrito remitido al Ayuntamiento de Mogán de que en este recurso de acogida no se prestan servicios básicos como la educación, al asegurar que "desde hace meses no se imparten clases de alfabetización ni talleres emocionales o sociales que permitan la integración de los menores".

Aseguran los denunciantes que "el descontrol" es "generalizado entre el personal del centro"

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Aseguran los denunciantes que "el descontrol" es "generalizado entre el personal del centro que, supuestamente, permite el tráfico y consumo de estupefacientes y la falsificación de los informes sobre la ejecución de proyectos contratados por la Administración".

Los remitentes de este escrito afirman que el 31 de mayo pusieron estos hechos en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario, departamento que, según dicen, "no ha llegado a inspeccionar el complejo".

La alcaldesa Onalia Bueno manifiesta que "lleva meses denunciado públicamente y ante el Gobierno de Canarias la situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en este complejo, en el que, además, son frecuentes las intervenciones de la Policía Local del municipio y de Guardia Civil", y "confía en que la Fiscalía esclarezca la veracidad" de esta denuncia "y actúe en consecuencia", agrega el comunicado.

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