La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, ha informado a este periódico que «citaremos a declarar a todo el que haya entrado en ese centro» por lo que ha librado un oficio a la Guardia Civil con el fin de que determine quiénes son las personas que han pasado por los apartamentos Porto Bello incluyendo menores, trabajadores, sanitarios, entre otros, para encontrar a la víctima de las supuestas agresiones sexuales narradas en la denuncia anónima que llegó al Ayuntamiento el pasado lunes.
Sánchez Carreras ha enfatizado que la Fiscalía tuvo conocimiento de estos presuntos hechos a raíz de la publicación en un medio de comunicación en el que se reseñaba la denuncia anónima que, además, detallaba situaciones que ya han sido tramitadas por los juzgados como «el motín que hubo que fue objeto de un procedimiento en su día y se resolvió como corresponde» a la ley de Responsabilidad Penal del Menor. «A nosotros nos llegan continuamente, de este y otros centros, atestados de peleas entre menores», sostuvo la fiscal jefe. Pero respecto a la denuncia de agresiones y prostitución «no se nos ha remitido ninguna comunicación por parte de la Dirección General del Menor, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, de la Guardia Civil, Policía Nacional ni de los propios trabajadores del centro que suelen ser los que en otras ocasiones acuden o llaman a la policía para denunciar lo que pasa y eso no ha existido en este caso», matizó, y es que insistió que en relación a otros hechos sí ha habido comunicación y eso es lo que considera «extraño» en especial porque la denuncia anónima se presenta en el Ayuntamiento de Mogán y en la Consejería «cuando el cauce habitual para poner una denuncia es comisaría, juzgados o Fiscalía».
«Da igual que sea anónima, a los juzgados y a mí nos llegan denuncias de este tipo y se tramitan, pero eso tiene un cauce y aquí no ha existido y lo que a mí me alarma y da pie a incoar, entre otras cosas, esas diligencias de investigación es primero averiguar efectivamente si esas agresiones y esa situación de prostitución existen y por otro lado investigar por qué si, según esa denuncia, los hechos ocurren en marzo no se nos haya puesto en conocimiento hasta ahora», apuntó.
El director no sabía nada sobre los hechos denunciados ya que llevaba solo un día en el cargo
Respecto a la ralentización que le achaca el Gobierno de Canarias a la Fiscalía, Policía Nacional y Guardia Civil sobre la determinación de las edades de los jóvenes que están en el centro y que implica que pueden estar conviviendo menores con mayores de edad, la fiscal manifestó que «eso pasa» pero que, al igual que «nosotros hemos tenido mucha paciencia con la Dirección General en cuanto al posible realojo de los menores porque esos apartamentos no reúnen las condiciones para tenerlos alojados porque entendemos que estamos todos saturados porque una avalancha de este volumen lógicamente no se puede asumir de hoy para mañana, lo mismo nos pasa a nosotros porque pedimos pruebas al Hospital Insular y a determinados organismos médicos, forenses para que se determinen las edades y luego poder hacer en base a eso el decreto por parte del fiscal diciendo si es menor o mayor, todo tiene un trámite», agregó, al tiempo que resaltó que si estos estuviesen alojados en un «centro en condiciones» pudieran tener a los sospechosos de ser mayores alejados del resto.
Explicó que el director del centro «poco ha podido aportar porque llevaba un mes en el centro y el día antes de que apareciera en la denuncia le cambian y lo ponen como director». Por lo tanto ha acordado citar al anterior y a todos lo que han trabajado en el centro «para ver si me pueden identificar a los menores y determinar si efectivamente han ocurrido esos hechos». «No tenemos nada más que una denuncia anónima», reiteró.
«También citaremos a los menores que han sido trasladados de martes para miércoles (cuando estaba previsto para agosto), según la Dirección General del Menor pero tienen la obligación, así se les ha recordado por parte de la Fiscalía, de comunicarnos todos los traslados de menores que se realicen, por lo que nos lo informarán y nos pondremos en contacto con ellos», recalcó.
Sánchez Carreras también indicó que en estas denuncias anónimas se dice que el menor que sufre la agresión sexual se fuga «pero no sabemos si sigue ahí o no, porque la única referencia es una denuncia anónima». «Tampoco nos identifican a ese menor por lo que hay que llamar a todos los que han pasado por ahí para ver si logramos dar con él y preguntarle qué sucedió, si lo denunció a alguien del centro o qué ha pasado». La fiscal, asimismo, recordó que esto «es una denuncia anónima que se ha puesto en un Ayuntamiento tres meses después de que sucedieron los hechos» pero que «aún así» lo van a investigar.
