El Gobierno de Canarias tiene conocimiento desde el 11 de junio del consumo de drogas y alcohol en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados de Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico de Mogán, así como del deterioro del complejo de apartamentos y la escasa intervención educativa. Sin embargo, en las inspecciones realizadas no se han podido confirmar las reiteradas agresiones sexuales ni el ejercicio de la prostitución que han denunciado de forma anónima algunos trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la entidad que gestiona ese dispositivo.
En la polémica sobre el retraso en la investigación de los hechos y su comunicación a la Fiscalía de Menores -pues transcurrieron 10 días desde que se recibió la denuncia hasta que se realizó la primera inspección, y 14 días hasta que se avisó de esa situación al Ministerio Público-, los informes de la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico reconocen la “alta conflictividad” del centro de Porto Bello, pero también argumentan que uno de los motivos es la demora de la Fiscalía y de la Policía Nacional en establecer la edad de los internos.
La visita a Porto Bello constata que los trabajadores están «asustados y desmotivados»
Las dos personas que presuntamente cometieron esos delitos ya eran adultos en el momento de los hechos y seguían en ese complejo turístico del sur de la isla es espera de que los trasladaran a un centro de acogida de los migrantes mayores de edad.
De hecho, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias calcula que unos 500 de los 2.500 migrantes acogidos en los centros de menores del Archipiélago son en realidad personas adultas. Por tanto, achaca a esa circunstancia la masificación y conflictividad en esas instalaciones.
Inspección
Un informe sobre la situación de Porto Bello elevado por la directora general de Protección del Menor y la Familia, Iraxte Serrano, señala que tras recibirse la denuncia anónima de los trabajadores, a las 21.14 horas del lunes 31 de mayo en la Unidad de Apoyo de ese departamento del Gobierno regional, se puso en marcha a los técnicos para que giraran visita a modo de inspección, que tuvo lugar el pasado jueves 10 de junio.
«El día 11 de junio», relata Serrano en su informe, «me reúno con los dos técnicos que realizan la mencionada inspección, y se me traslada la situación preocupante, tanto de los menores allí alojados como de las propias instalaciones; principalmente destacan la escasa intervención educativa, falta de actividades, estando los menores parte de la jornada totalmente ociosos, el desorden y suciedad en las habitaciones y espacios comunes, las quejas de los menores con los que se entrevistaron, la alta conflictividad que presentan un grupo de aproximadamente 30 menores, siendo algunos de ellos mayores evidentes, con síntomas visibles de consumo de tóxicos y alcohol».
Los responsables de la protección del menor tardaron diez días en enviar técnicos a Mogán
La directora general apunta en ese documento que «dada la gravedad de los hechos narrados por ambos técnicos» y la preocupación que le trasmiten, se ordena que «de forma inmediata se proceda a dar comienzo al traslado de los menores a otros recursos, y evidentemente primando el interés superior de los menores, se pone en conocimiento del jefe del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores tales hechos, el cual gira visita al centro el domingo día 13».
A la vista de ambas inspecciones, conjuntamente se tomó la decisión de iniciar de forma inmediata el traslado de 43 menores a otros recursos, operación que se realizó el martes 15.
El viernes 11 de junio, tras la inspección, se respondió a los trabajadores denunciantes a través del mismo correo electrónico que habían utilizado como comunicar esos presuntos hechos al Gobierno y al Ayuntamiento de Mogán, informándoles de que se actuaría «en consecuencia y de forma inmediata».
El lunes 14 de junio, a las 13.36 horas, los denunciantes volvieron a utilizar ese correo electrónico, pero esta vez para agradecer la intervención del Gobierno canario. El texto de la respuesta es el siguiente: «Muchas gracias por su rapidez y actuación, las cuales estamos seguro que mejorarán la situación de todos los menores, incluidos aquellos que han pasado por Porto Bello y se encuentran en la actualidad en alguno de los otros dos centros de la Fundación en Gran Canaria, los cuales recordemos están gestionados por el mismo equipo directivo que Puerto Bello [este dato no es cierto, según Serrano]. Nuevamente gracias, no se pueden imaginar lo que significa para todos/as nosotros/as que por fin alguien se preocupe realmente de los menores, gracias».
Preocupación
Respecto a las críticas de la Fiscalía por el retraso en la comunicación de la denuncia, el informe de Serrano resalta que durante el 14 de junio mantuvo varias conversaciones telefónicas con la Fiscal Decana de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Aurora Pérez Abascal, y que el objeto de esas conversaciones fue «la situación preocupante del recurso Porto Bello».
Durante esa tarde, la Fiscalía le remitió por correo electrónico un oficio instando al cierre inmediato de las instalaciones. En otra conversación telefónica posterior, se informó a la Fiscal del plan previsto para el cierre. Se había estimado la clausura para el 30 de agosto, pero «ante la situación se agiliza el cierre total para el 15 de julio, y en caso de encontrar alternativas para todos los menores que allí se encuentran, adelantarlo». En paralelo, se le dio traslado de los hechos a la Policía Canaria.
El Gobierno pide a la Fiscalía que se agilicen las pruebas para determinar la edad de los internos
En declaraciones a la Ser , Iratxe Serrano dijo que desde el principio se pensó que la denuncia «no tiene mucha base porque nadie se identifica», pero no obstante se puso la maquinaria en funcionamiento. «Somos conocedores de una serie de incidentes desde el mes de febrero; hubo destrozos por un motín y tuvo que intervenir la Guardia Civil en alguna ocasión, eso es público».
Respecto a las inspecciones, Serrano apuntó que los dos técnicos que fueron el día 10 le trasladaron sus impresiones, pero no le pudieron confirmar que se haya habido agresiones sexuales. «Sí hay carencias importantes, se han sufrido altercados y las instalaciones están bastante deterioradas, no son nada amables», precisó.
En la inspección del domingo 13, el jefe de servicio también remitió su preocupación por el estado del edificio y de los trabajadores, pues notó que el equipo educativo «está asustado, desmotivado, pues lleva dos meses intentando contener la situación pero con escasa actividad educativa». Tras esas visitas, se decidió adelantar el cierre de Porto Bello desde que se consigan plazas en otras instalaciones.
La directora general argumentó que no se acudió a la Fiscalía porque no había base para presentar una denuncia penal, aparte de que se trataba de un escrito anónimo del que había que investigar su veracidad. Tras los traslados del martes, de los 43 internos más conflictivos, en Porto Bello quedan actualmente 78 menores, aunque es posible que algunos de ellos hayan cumplido ya la mayoría de edad.
El deterioro de las instalaciones y la «escasa intervención educativa» acelera el cierre del centro
El Gobierno de Canarias, en una nota, reiteró ayer «la necesidad de que la Fiscalía dote de los medios necesarios, así como de más efectivos, que permita agilizar los decretos de mayoría de edad para evitar la presencia de adultos en los centros de protección de menores y dispositivos de emergencia». Es una situación, recalcó, que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud «lleva denunciando desde hace más de un año».
En la actualidad, Canarias tutela a 2.534 menores (datos actualizados a 14 de junio de 2021), de los que 1.743 siguen pendientes de un decreto que determine su edad, es decir, el 68% de ellos. Eso «está generando problemas de convivencia en los centros y dificulta la labor de las autoridades y de profesionales especializados en la intervención con menores, y no con adultos», sostiene el Gobierno. Este retraso provoca también otras dificultades, como la imposibilidad de escolarizarlos o de comenzar el trámite administrativo para su regularización.
En los últimos meses se ha solicitado priorizar a los perfiles más evidentes de adultos en la realización de las pruebas óseas, de hecho, desde la Consejería se enviaron listados con estos perfiles tanto a la Fiscalía de Extranjería como a la Policía Nacional.
De hecho, recordó el comunicado, «actualmente hay unas 250 personas en estos recursos con prueba ósea realizada o con documentación que acredita su mayoría de edad, pendientes de un decreto de Fiscalía que determine su edad». Hay incluso situaciones más graves, como el de 16 adultos acreditados en un centro de menores a la espera de ser trasladados por la Policía Nacional.
Según la consejería que dirige Noemí Santana, el pasado 10 de febrero se mantuvo una reunión con la Delegación del Gobierno, la Fiscalía de Extranjería, entidades colaboradoras que tienen la guarda delegada de los menores, el Instituto de Medicina Legal y la Consejería de Sanidad. En la misma se acordó la colaboración entre todas las partes para poder desatascar las pruebas de determinación de edad.
En Canarias hay actualmente 2.534 menores tutelados y del 68% se desconoce la edad
En el encuentro se acordó priorizar a unos 300 sobre los que no existía duda y son claramente mayores, y otras 300 pruebas de los que sí ofrecían duda razonable y podrían tener entre 17 y 24 años de edad.
El proceso para determinar la edad de un supuesto menor comienza con la actuación de la Fiscalía que solicita a Sanidad la realización de las pruebas óseas. Después, se cita a las personas que son trasladadas por la Policía Nacional hasta el centro hospitalario determinado. Una vez hecha la prueba, se traslada bajo custodia al Instituto de Medicina Legal que emite un informe que posteriormente es remitido a Fiscalía para que, finalmente, emita un decreto de determinación edad.
Búsqueda de 11 fugados
La Fiscalía ha ordenado a la Guardia Civil que localice a once menores inmigrantes fugados de los apartamentos Porto Bello en el marco de la investigación abierta para esclarecer la presunta comisión de delitos sexuales en este recurso de emergencia. Según informó ayer a la portavoz y fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, entre los fugados se presume que se encuentre una posible víctima de abusos, a la que alude la denuncia que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, entregó el martes al Ministerio Fiscal, un escrito anónimo de trabajadores enviado al Ayuntamiento el 10 de junio en un correo electrónico. Esa denuncia señala, en el apartado de agresiones sexuales, que a inicios del mes de marzo, una de las cuidadoras informa al equipo educativo que varios menores le han reportado que un menor (del que se precisan las iniciales de su nombre) ha sufrido repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro (también se incluyen sus iniciales), que en aquel entonces ya se había certificado que eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado». | LP/DLP
