Hasta tres alternativas posibles de uso se plantea el Gobierno canario para el puerto de Santa Águeda, ubicado en la costa de San Bartolomé de Tirajana. Las opciones de futuro en las que trabajará desde ahora hasta el mes de marzo de 2022 una comisión formada por los departamentos de Obras Públicas, Turismo, Transición Ecológica, y Servicios Jurídicos son: prorrogar la concesión a la cementera Ceisa, no continuar con esta actividad para que sea un muelle deportivo, y combinar ambos usos, el industrial y el deportivo.
Cada una de estas tres opciones serán valoradas y analizadas por la comisión de trabajo constituida ayer con este fin, y en la que participan el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, el consejero de Transición Ecológica, junto a los viceconsejeros de estas áreas y también de Asuntos Jurídicos. Franquis, que lidera esta comisión como presidente de Puertos Canarios, explicó tras esta primer contacto que se celebró de forma telemática, que desde ahora y hasta el primer trimestre de 2022 escucharán a todas las partes implicadas en este puerto y evaluarán los informes técnicos de impacto socioeconómico y ambiental sobre cual puede el futuro de estas instalaciones, identificando los costes y beneficios de cada opción, para trasladar al Consejo de Gobierno la decisión final sobre Santa Águeda, una propuesta que «no será vinculante» .
Si bien precisó el consejero y presidente de Puertos Canarios que también se podrán estudiar otros posibles escenarios, al mismo tiempo, comentó que hay puertos en la Península en los que ya existe un uso mixto, y puso de ejemplo el de Almería, en el que conviven la actividad comercial, e industrial con la deportiva y pesquera. En Santa Águeda la polémica se ha suscitado porque los inversores turísticos que han desarrollado complejos en este entorno de la costa de San Bartolomé de Tirajana, amparados en el Plan Insular, contaban con que la fábrica de El Pajar debía buscar otro emplazamiento porque el suelo tenía uso turístico, y se vencía el tiempo de Ceisa. Pero aunque la concesión expira en octubre de 2022, la cementera ha solicitado seguir otros 30 años más amparada en que el permiso de explotación de la cantera está en vigor hasta 2046, ya que se lo renovó el Gobierno en 2016.
Sobre esta decisión que adoptó el Ejecutivo hace cinco años, entonces dirigido por CC, ironizó Franquis que «no recordaba que se creara entonces una comisión porque fue algo que se acordó por decreto en un Consejo aislado».
En esta ocasión, los socios de Gobierno se lo han tomado con «más rigor» y para ello han trazado cuatro ejes que van desde escuchar a los empresarios turísticos, a la propia empresa, a los agentes sociales, a los vecinos, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo, a encargar a expertos la elaboración de estudios socioeconómicos sobre el coste y el beneficio social que supone cada una de las opciones posibles, a lo que se unirán las evaluaciones de impacto ambiental, atendiendo los planes interterritoriales, que en conjunto servirán después para elaborar una propuesta final que, según dijo Franquis, se explicará también a toda la sociedad.
«Vamos a escuchar mucho y hablar poco para que, con muchos datos, podamos elaborar una propuesta solvente, ya que se trata de un asunto de mucha relevancia no sólo a nivel político o territorial sino que también tiene efectos económicos y sociales», subrayó.
Asimismo, el presidente de esta comisión dejó claro que son conscientes de que no es fácil encontrar el consenso al cien por cien, pero «si queremos que la propuesta que se eleve al Gobierno sea lo más consensuada posible».
Será a partir de la próxima semana cuando ya se empiecen a convocar a todas las partes implicadas con el fin de que, como destacó Franquis, la decisión esté avalada por las opiniones de todas las partes, y todos los informes que sean precisos para que «al igual que ocurrió con el puerto de Agaete» se pueda decidir el uso futuro del muelle de Santa Águeda.
