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Mogán

La fiscal: «Noemí Santana no es quién para decir qué recursos necesitamos»

Beatriz Sánchez recuerda a la consejera de Derechos Sociales que la gestión de los centros de menores migrantes es su competencia y no de la Fiscalía

Varios menores se asoman desde sus habitaciones en los apartamentos Puerto Bello. | | JOSÉ CARLOS GUERRA

Varios menores se asoman desde sus habitaciones en los apartamentos Puerto Bello. | | JOSÉ CARLOS GUERRA

La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, ha respondido ante las acusaciones vertidas por la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, el pasado viernes a través de una entrevista en la emisora Onda Cero en las que, entre otras cosas, mandó a la Fiscalía Provincial a solicitar más recursos para esclarecer las edades de los jóvenes migrantes que están en los centros, en una clara crítica a que estén conviviendo menores y adultos en las mismas instalaciones y tras la denuncia anónima de agresión sexual y prostitución en los apartamentos Puerto Bello, en Mogán. Unas manifestaciones con la que la representante del Ministerio Fiscal no está de acuerdo ya que Santana «no es quién» para decir qué medios se les debe otorgar por parte de la Fiscalía General y, además, le atribuye competencias que no les corresponden.

En concreto, Sánchez matizó a este periódico que la consejera «no es quién para decir qué recursos necesitamos» y es que Santana indicó que «si no tienen recursos, tendrán que buscarlos». Sánchez recordó en este sentido que «la Fiscalía es un órgano del Estado en el que la Consejería de Servicios Sociales no tiene competencia. Nosotros tenemos los medios y requeriremos los que consideremos oportunos», apostilló la fiscal, a la vez que contestó a la consejera que se enfoque en dotar a sus centros y servicios -como la Dirección General de Protección a la Infancia- «de los medios que considere necesarios».

Con respecto a la denuncia hecha por Noemí Santana sobre que la Fiscalía separaba a madres de sus hijos «al más puro estilo» del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la fiscal jefe rememoró que era «un problema que, desde esta jefatura y la secciones de Extranjeria y Menores, creímos superado porque se llegó a un acuerdo precisamente con la Dirección General con el fin de que ellos pusieran los medios adecuados para que madres e hijos pudieran permanecer reunidos» por lo que entiende que, si ellos han cumplido con ese acuerdo, «es obvio que desde entonces no ha hecho falta por parte de la Fiscalía adoptar ninguna otra medida». «Insisto que nosotros trabajamos en coordinación con la Dirección General, así hemos venido trabajando siempre y seguiremos haciéndolo porque nuestra labor es supervisar la gestión de la Consejería y, desde luego, no entramos en comparaciones y simplemente exigimos a cada cual el cumplimiento de sus obligaciones».

Sánchez Carreras insistió en que a la Fiscalía «lo único que le corresponde es solicitar la práctica de las pruebas para determinar la edad» de los jóvenes y, una vez que les llegan los resultados de los estudios realizados por médicos, se hace un decreto por el fiscal de Extranjería en el que se indica si es mayor o menor y el decreto se le notifica sobre la marcha a la Policía Nacional y a la Dirección General porque son ellos los que deciden si salen o no del centro. Y que así como la Consejería ha tenido paciencia por la tardanza de las mismas, el Ministerio Fiscal también tomando en cuenta que han sido comprensivos con los problemas en la tutela efectiva de los menores por la situación de desbordamiento que tienen los servicios sociales debido a la entrada masiva de migrantes. «Nosotros no estamos para hacer eslogan, estamos para trabajar», sentenció.

«Si hay personas que claramente son menores con jóvenes, que puede que sean mayores, aunque no esté determinada la edad es competencia de la Dirección General separarlos. Tiene que darles protección desde el minuto cero en el que una persona indocumentada dice ser menor», detalló.

La fiscal apuntó que se les ha planteado «en alguna ocasión» que las personas «que se está intentando averiguar si cometieron la agresión sexual en Porto Bello ya tenían un decreto de mayoría de edad y seguían en el centro», eso en el supuesto de que esos jóvenes sean los agresores. En este sentido reiteró que «los posibles errores, irregularidades y presuntas conductas que estén ocurriendo en los centros de menores deben controlarse por parte de la Dirección General que está englobada en la Consejería». «A la Fiscalía de la sección de Menores lo único que le corresponde es supervisar que estén perfectamente atendidos y eso no significa solamente que se les dé una cama y un techo sino que, además, deben recibir educación». Objetivos que a su juicio, difícilmente se podrán cumplir en un centro masificado porque «no existe o no se les dota de los medios personales adecuados».

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