El exalcalde de Mogán Francisco González se ratificó ayer en su denuncia contra la actual alcaldesa, Onalia Bueno, por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015. En su comparecencia ante el juez que investiga las acusaciones por supuesto fraude electoral, el exregidor moganero, que permaneció durante más de dos horas en la sala de vistas, volvió a reafirmar sus sospechas de compra de papeletas para beneficiar a Bueno en las elecciones de hace seis años, según el mismo manifestó a la salida de los juzgados. González declaró como denunciante del caso y ha sido el primero de una larga lista de comparecencias ante el juez que desde ayer y hasta el 12 de julio citará a 18 testigos y a las 10 personas investigadas, entre ellas la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Onalia Bueno y Mencey Navarro. Las vistas se han celebrado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria ante la falta de espacio en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana y la imposibilidad de garantizar las distancias.
El procedimiento que investiga el magistrado del Juzgado de Instrucción número de 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, tiene su origen en 2015, cuando la hoy alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se presentó a las elecciones bajo las siglas de Ciuca y, en un pacto con el PSOE, arrebató la alcaldía a Francisco González, quien fuera su compañero en el PP hasta 2007. Ya en las elecciones de 2019, Bueno obtuvo la mayoría absoluta al lograr 10 de los 17 concejales, y esta vez fue la concejala de Nueva Canarias, Isabel Santiago, quien denunció un presunto fraude ante la Delegación del Gobierno.
En 2015 González asoció ese vuelco electoral a una supuesta compra del voto por correos e interpuso una denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias previas pero estas fueron archivadas. Tiempo después, Ramón Trujillo, conocido como El Perraya, uno de los denunciantes de la supuesta compra de votos, reveló que trabajó para Bueno para captar papeletas para Ciuca entre personas sin recursos a cambio de 50 euros. Su declaración condujo a una investigación que acabó en la apertura de actuaciones a mediados de 2019 y en la detención por parte de la Guardia Civil de Onalia Bueno, Mencey Navarro y la edil Tania Alonso el pasado mes de septiembre.
Esta operación incluyó el registro del Ayuntamiento, el Archivo Municipal y las oficinas de Arguineguín, de donde los agentes se llevaron numerosas cajas con documentación en papel, ordenadores y archivos en la búsqueda de pruebas. Ahora, nueve meses después, el juez cita a declarar hasta 18 testigos y la decena de personas investigadas. Y lo hace después de que en marzo el caso diese un nuevo vuelco.
Y es que Ramón Trujillo pasó de ser denunciante a condición de investigado después de autoinculparse en la compra de votos y confesar que había recibido una oferta de empleo y 3.000 euros de allegados de Bueno para que cambiase su versión de los hechos . El fiscal que lleva el caso, Jorge López Tineo, señaló en su escrito del 27 de enero ante el juzgado que «en relación a Ramón Trujillo Cruz, citado en el seno del procedimiento Diligencias Previas, a los efectos de prestar declaración en calidad de denunciante, habida cuenta que, en sede de la Guardia Civil, donde se hizo constar expresamente que se le tomaba declaración en calidad de investigado, relató una serie de hechos que, sin perjuicio de una ulterior calificación más depurada, podrían suponer su participación en la comisión de un delito electoral». Esta situación provocó que el juez tuviera que suspender todas las declaraciones previstas para el mes de enero y las retome ahora.
Desde ayer y hasta el próximo martes pasan por los juzgados los testigos que han asegurado que representantes de la formación política Ciuca se pusieron en contacto con ellos para conseguir su voto para el partido a cambio de dinero, puestos de trabajo e incluso viviendas protegidas. El 7 de julio tocará el turno de los investigados: Ramón Trujillo, Onalia Bueno, Mencey Navarro, Tania Alonso, el presidente de Aguas de Arguinegín, el empresario Luis Oller, considerado la persona que financió el presunto fraude electoral, y el funcionario Salvador Álvarez. El 12 de julio lo harán otros cuatro investigados.
