El gobierno del Cabildo de Gran Canaria defendió ayer la rentabilidad de la linea ferroviaria proyectada entre la capital y el sur de la Isla y puso «bajo sospecha» las intenciones del informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que advierte de la falta de viabilidad económica y social de ese modelo de transporte público.
Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Transportes y Movilidad, incluso expresó su sorpresa por no haber recibido ese estudio ni haber sido invitado a la presentación pública en la Universidad, aunque anunció que se lo pedirá personalmente al rector para analizar «con calma» su contenido y ponerlo a disposición de todos los grupos políticos. También se mostró dispuesto a sentarse con los autores para confrontar los datos.
Durante el Pleno Ordinario del Cabildo, y en contestación a una pregunta del portavoz de Ciudadanos Ruymán Santana, el vicepresidente aseguró desconocer ese estudio universitario «más allá de lo que se ha publicado en la prensa», pues no se invitó a ningún representante del gobierno insular.
«No puedo pronunciarme en exceso porque no lo conozco; son 500 encuestas de opinión, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no se ha introducido ninguna valoración de carácter tarifario, ni se contempla el sistema desde el punto de vista global, pero aún así se habla de no rentabilidad y de un sesgo desde el Cabildo», respondió Pérez del Pino al ser cuestionado por el consejero de la oposición.
A falta de conocer los detalles de la ULPGC, ofreció «unos datos sencillos y simples» para defender la viabilidad económica. Así, recordó que la linea ferroviaria conecta la ciudad de Las Palmas, el aeropuerto y el sur de la isla, que son los principales focos económicos. Además de que la capital tiene cerca de 400.000 habitantes, precisó que en ese corredor vive el 85% de la población de Gran Canaria, unas 765.000 personas.
Rentabilidad
«Si contamos que en 2019 tuvimos 13 millones de pasajeros en el aeropuerto, lo que no se entiende es que con 500 encuestas de carácter de opinión se extrapole semejante mensaje, de no rentabilidad y de sesgo del Cabildo», apuntó Pérez del Pino, quien subrayó que, por lo conocido hasta ahora, «tampoco se ha hecho ningún tipo de análisis concreto sobre las tarifas, porque, evidentemente, para calcular la rentabilidad de ese sistema existen dos partes: la construcción y el mantenimiento de esas infraestructuras».
Pérez del Pino detalló que cuando llegó en 2016 a la Autoridad Única del Transporte (AUT) ya le plantearon que lo importante del servicio de guaguas era la puntualidad y la frecuencia de la limpieza de los vehículos, por lo que proponían comprar más guaguas.
«Al final», relató, «pusimos el dinero para abaratar el coste del transporte público y en año 2019 ya se tuvo un superávit de cuatro millones de euros, frente a una media de 14 a 16 millones de déficit desde el año 2000; si los que ahora dicen que el tren no es rentable son los mismos que decían que abaratar el coste tampoco era importante, me permitirán que ponga bajo sospecha la intención de ese estudio».
Por contra, Pérez del Pino explicó que existe «un informe serio de la demanda» que avala la rentabilidad del ferrocarril y que ni siquiera fue elaborado por el Cabildo, sino por la empresa pública Ineco por encargo del Ministerio de Transportes, con datos recogidos desde el año 2009 y actualizados incluso con el posible impacto de la pandemia.
A su juicio, la ULPGC tampoco ha contemplado la intermodalidad entre todos los medios de transporte o la relación entre vehículos privados y ferrocarril cuando se construyan los aparcamientos disuasorios en las estaciones, lo que permitirá la descongestión de las autovías, el ahorro de combustible y la reducción de la contaminación. «Si además entramos en el tema del combustible, este estudio de la ULPGC plantea la no rentabilidad social y económica del proyecto, pero tampoco habla de la ambiental», concluyó.
