El centro de menores migrantes no acompañados de Los Pinos, en Barrial de Gáldar, deberá cerrar sus puertas durante el mes de septiembre por la negativa de los propietarios de las instalaciones a prorrogar el contrato de arrendamiento a la Asociación Coliseo, la ONG que gestiona ese dispositivo de acogida del Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento de Gáldar informó ayer de la decisión de los dueños del inmueble y sugirió que una de las causas puede haber sido «la preocupación que ha generado entre los vecinos algunos incidentes relacionados con peleas de jóvenes migrantes que residen en el centro que tutela la Asociación Coliseo, tanto dentro como fuera de estas instalaciones, lo que ha generado alarma social».

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que «ha puesto en conocimiento en cada momento a la ONG Coliseo, gestora del centro, a la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, como a la Fiscalía del Menor, cada uno de los hechos e incidentes graves relacionados con los menores migrantes que residen en este centro de Barrial de Gáldar, para que se tomen todas las medidas necesarias al respecto y que den solución a los problemas derivados de esta inseguridad, medidas que no se han llevado a cabo y que lejos de solucionarse, los problemas han ido creciendo».

«Este Ayuntamiento -subrayó el gobierno municipal de Teodoro Sosa- ha tenido conocimiento por parte de los titulares y propietarios de dichas instalaciones, que ya ha sido comunicado a la Asociación Coliseo su deseo de no proceder a la prórroga del contrato y dar por terminado el arrendamiento, emplazándole a que el próximo 22 de septiembre proceda inexcusablemente a la devolución íntegra de la parte del inmueble arrendado en Barrial y por consiguiente al cierre del centro. Decisión que ha sido comunicada para su conocimiento a este Ayuntamiento y que esta administración quiere hacer partícipe a la ciudadanía».

Los incidentes en Barrial se suman a los de otros centros de menores migrantes de Gran Canaria por la masificación y la falta de cuidadores. Los más graves se han registrado en el complejo de apartamentos Porto Bello, en el municipio de Mogán, con denuncias sobre presuntos abusos sexuales a uno de los internos y el ejercicio de la prostitución dentro y fuera del edificio.

En ese caso, la Fiscalía y el propio Gobierno regional han optado por el traslado de menores a otros dispositivos y el cierre de Porto Bello a mediados de este mes de julio.