El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), investigan al Cabildo de Gran Canaria por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación de servicios para la celebración de las Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Tras la denuncia de un funcionario del propio Cabildo, el magistrado-juez Alberto Puebla incoó diligencias previas en verano de 2020 y desde entonces agentes de la UDEF han requerido los expedientes de esas contrataciones a la Consejería de Política Territorial y a la Secretaría General de la institución, según ha podido confirmar este periódico.
En el auto judicial de la apertura de diligencias figura como investigado el Cabildo y como intervinientes en los hechos denunciados la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, el exdirector general de Política Territorial, Rafael Pedrero, ambos de Nueva Canarias (NC), y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL.
En dicha resolución, el Juzgado sostiene que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida. Al respecto, añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar las correspondientes Diligencias Previas y practicar aquéllas necesarias para determinar y concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable».
La UDEF recaba en la Consejería los expedientes de las contrataciones de cuatro años
Ese auto judicial, del 21 de julio de 2020, dispuso asimismo que se diera cuenta al Ministerio Fiscal de la incoación de diligencias previas y se remitiera un oficio a la Secretaría General del Cabildo para que, en el plazo de veinte días desde su recibo, remitiera al Juzgado testimonio, debidamente foliado, de los expedientes de contratación de las Jornadas sobre el Paisaje celebradas el 30 de noviembre de 2016, organizadas por la Consejería de Política Territorial y Arquitectura, así como los mismos documentos correspondientes a los tres años siguientes.
Asimismo, concluye el auto judicial, a la vista de que se ha interpuesto una denuncia por esos cinco presuntos delitos, se requiere que se informe por parte de la Secretaría General del Cabildo o por quien ésta considere más idóneo sobre la legalidad de dichos expedientes o si advierte indicios de haberse cometido alguno de los citados delitos, con notificación también de la denuncia al interventor general de la institución. Tras recibir ese requerimiento, la Secretaría General del Cabildo delegó la elaboración de dicho informe a otros departamentos, siendo finalmente elaborado por los Servicios Jurídicos del Cabildo.
Indagaciones
Agentes de la UDEF, según las diversas fuentes consultadas, acudieron en los últimos meses de 2020 a la Consejería de Política Territorial para reclamar la documentación relativa a la organizaciones de las cuatro ediciones de las Jornadas sobre el Paisaje, una iniciativa del departamento de Inés Miranda en la que participaron decenas de expertos en urbanismo y ordenación del territorio de Canarias y de otras comunidades autónomas.
Puesto que la denuncia también se presentó en la sede central de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, en un inicio se abrieron dos procedimientos de investigación, que se acumularon cuando el Ministerio Fiscal detectó que la demanda ya estaba judicializada, quedando bajo la dirección del magistrado. Las indagaciones realizadas por Anticorrupción se remitieron al Juzgado de Instrucción en septiembre de 2020.
En abril de este año, hace tres meses, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Canarias un dictamen-resumen de ambas investigaciones y la realización de otras diligencias, que previsiblemente estarán concluidas en el mes de septiembre, a la vuelta de las vacaciones.
Tras reclamar los expedientes de los contratos, las indagaciones de Anticorrupción se han centrado en tres de los cinco presuntos delitos que se han denunciado: prevaricación en caso de que haya irregularidades en la tramitación administrativa; malversación de caudales públicos si existieran partidas económicas que se han empleado en fines distintos a lo que estaba presupuestado o bien se han duplicado los servicios; y fraude a la administración si hubiera connivencia entre los funcionarios y los beneficiarios de esas contrataciones.
La Fiscalía indaga la presunta existencia de prevaricación, malversación de caudales y fraude
Una vez que la UDEF analice y entregue toda la documentación que ha recabado en esta fase de instrucción, el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción la valorarán y decidirán si practican nuevas diligencias. Si se entiende que hay indicios suficientes de criminalidad se abriría un juicio oral, o bien se decretaría el sobreseimiento si no hay indicios racionales para la imputación de determinados personas, según explicaron las fuentes consultadas.
Las Jornadas sobre el Paisaje se celebraron esos cuatro años, en diferentes meses (la primera en noviembre y las últimas en abril), y no se han vuelto a celebrar a causa de la pandemia. Rafael Pedrero dejó el pasado mes de abril el cargo en el Cabildo, que ocupaba desde el año 2015, para incorporarse como director general de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Obtuvo el actual puesto tras superar un proceso de selección y, entre otros cometidos del cargo, está la implantación de la metroguagua y las políticas de movilidad sostenible en la capital, según informó en su momento el Consistorio de la capital.
