La isla de Gran Canaria incumple la mitad de los objetivos de una gestión eficiente de los residuos y el coste del tratamiento de la basura está por encima de la media del Archipiélago, según se recoge en el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que fiscaliza la actuación de los siete cabildos en los ejercicios de 2018 y 2019.
El documento, emitido el pasado 16 de junio y que se eleva este próximo viernes al Pleno de la corporación grancanaria, concluye que «los cabildos insulares no han gestionado adecuadamente los residuos de su competencia debido, principalmente, a que el Gobierno de Canarias no ha ejercido debidamente, en los últimos 15 años, las competencias de regulación y planificación que la normativa le confiere en esta materia».
En el lado positivo, en informe señala que Gran Canaria es la única isla que cumple el primero de los 12 indicadores analizados, tener «una estrategia o política en materia de prevención y gestión de residuos», pero falla en otros seis: el Programa Insular de Prevención de Residuos; Medidas de prevención; Informes o documentos de seguimiento o evaluación de la prevención; un Plan Insular de Gestión de Residuos en vigor; Instrumento de planificación parcial o sectorial de gestión de residuos; y Objetivos fijados en la gestión de residuos.
En los cinco objetivos restantes, sí cumple tres de ellos (Programas de actuación o medidas para la consecución de los objetivos fijados; Sistema de indicadores para evaluar el impacto de la gestión de residuos; y Sistema de gestión ambiental certificado EMAS o ISO) y tiene en proceso los otros dos (Informes o documentos de seguimiento o evaluación de la gestión de residuos; y Publicación de informe de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de residuos), detalla el informe de fiscalización.
En esa tabla de 12 indicadores, Gran Canaria obtiene peor valoración que La Palma, con cuatro incumplimientos, y Tenerife, con cinco. Las más retrasadas en la gestión de residuos son La Gomera, que suspende en todos los objetivos, y Fuerteventura, en 11.
Entre otras cifras, el informe detalla que el Cabildo de Gran Canaria y las demás entidades implicadas en el tratamiento de los residuos, para cualquiera de las tres fracciones de recogida separada (papel-cartón, envases ligeros y vidrio), gestionaron 827.552,61 toneladas métricas durante el año 2018 y 836.865,72 en el ejercicio siguiente, lo que supuso un incremento porcentual del 1,13 %. Gran Canaria, precisa, «es la que menos residuos destina a operaciones de eliminación en depósito controlado, situándose por debajo de la media junto con Lanzarote».
Tomando los datos de 2019, el último año evaluado, el peso relativo del gasto presupuestario en gestión de residuos, fue del 6,7% frente a la media regional del 4,7%. Los ingresos por la gestión de residuos per cápita fue de 39,98 euros, cuando la media de Canarias fue de 32,16 euros. Por tanto, el coste de gestión de residuos per cápita, calculado como los gastos totales en gestión de residuos dividido por el número de habitantes, fue de 56,84 euros, mientras la media de las siete islas fue de 42,76 euros.
La cobertura de gastos (porcentaje de los gastos en gestión de residuos que cubren los ingresos por este concepto), fue del 70,3% en Gran Canaria, frente al 74% de media de la Comunidad Autónoma. Por último, los costes de residuos tratados por tonelada ascendió a 65,85 euros, por 58,74 euros en el conjunto de las siete islas.
Entre sus 16 conclusiones, el informe indica que «se ha comprobado la existencia de un escaso control por parte de los cabildos, en general, sobre la información relativa a la gestión de residuos (entradas y salidas en los complejos ambientales y puntos limpios), que otorga a la información aportada una escasa fiabilidad».
También resalta que los cabildos «no cuentan con las infraestructuras necesarias y adecuadas para el tratamiento eficaz de los residuos» y que su gestión «no ha sido eficaz, ya que no se ha alcanzado la mayoría de los objetivos establecidos en la normativa europea y estatal».
