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Crisis migratoria

Mogán rebaja las multas a empresas de Puerto Rico por alojar migrantes

El Ayuntamiento aplica el mínimo de 6.001 euros que fija la norma debido a la pandemia | Canaima y Palmera Mar deben pagar 1.500 euros y Tamanaco 900

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en el Puerto de Arguineguín, en noviembre del 2020 cuando el Estado liberó a unos 2020 migrantes.. La Provincia

El Ayuntamiento de Mogán impone multas que van de los 1.500 a los 900 euros a tres complejos de apartamentos de Puerto Rico por convertirse en «albergues» de migrantes llegados a la isla en pateras el pasado año. Con todo, debido a la pandemia el grupo de gobierno que lidera Onalia Bueno ha decidido aplicar el mínimo establecido en 6.001 euros frente al máximo de 150.000, y a la vez ha hecho reducciones hasta de la cuarta parte de la cantidad a pagar si la empresa recupera la actividad turística.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto resolver hoy los expedientes sancionadores abiertos a las empresas que gestionan los Apartamentos Canaima, los Apartamentos Palmera Mar y los Apartamentos Tamanaco por utilizar los alojamientos turísticos que gestionan en Puerto Rico para albergar a migrantes irregulares desde noviembre de 2020, situación que se prolongó hasta 2021, lo que supone una infracción urbanística que está tipificada como grave en el apartado 3 b del artículo 372 de la Ley del Suelo de Canarias.

Si bien esta infracción urbanística contempla multas que pueden alcanzar desde los 150.000 a los 6.001 euros, el departamento jurídico de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento ha tenido en cuenta el contexto social y económico en el que tienen lugar los hechos ya que debido a la pandemia global ocasionada por el Covid-19 la actividad turística era escasa o inexistente. También influye la crisis migratoria que afectó a Canarias, que hizo que los servicios públicos se vieran desbordados para atender a las miles de personas que llegaban a las costas y recurrieron a los complejos hoteleros. Es por todo esto por lo que los letrados municipales han entendido que debe aplicarse el mínimo, que es de 6.001 euros, cantidad que a su vez, con los distintos descuentos que se tienen en cuenta, se queda más rebajada.

El Covid lleva a rebajar la sanción de 150.000 a 6.001 euros, cifra a la que se le hacen rebajas

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En concreto, la multa se recorta a la cuarta parte si se reanuda la actividad alterada antes de que sea firme la sanción en vía administrativa, mientras que si al mes de la notificación la empresa se compromete a pagar dos meses y recupera el negocio turístico, la cantidad a pagar se reduce en un 40%. A su vez, si los gestores reconocen su responsabilidad durante la tramitación del expediente se aplica otra rebaja de un 20%.

Así, a Apartamentos Canaima (Valmont Explotaciones Hoteleras S.L.) y a Apartamentos Palmera Mar (Maja Gestiones Turísticas S.L.) le imponen una multa de 1.500,25 euros, la cuarta parte de los 6.001 euros. Mientras, a Apartamentos Tamanaco  (Trujillo Castellanos S.L. ) se la rebajan a 900 euros, y además como ya esa cantidad ya la abonó esta empresa, se da por resuelto el expediente abierto en su día.

En el caso de Apartamentos Canaima se constata que la actividad desarrollada en el complejo por Cruz Roja Española se encuentra dentro del programa de atención a migrantes llegado a las costas canarias, y se trata de una actuación humanitaria y asistencial alojativa, los servicios jurídicos del Ayuntamiento insisten en que no se encuadra en el uso turístico establecido, por lo que la empresa ha incurrido en una infracción urbanística grave.

Por lo que respecta al complejo Palmera Mar, que alegó que fue incluido en la red de Arcas de Noé para alojar a personas que fueran positivas asintomáticas en Covid o que resultaran contactos estrechos de positivos y requirieran cuarentena y no tuvieran residencia en la isla, también señalan los letrados que no aportó pruebas que lo demostraran, al tiempo que recalcan que esa acción humanitaria no se contempla en el uso turístico para el que está autorizado el recinto.

En el caso de Apartamentos Tamanaco parece que el complejo fue arrendado a la Fundación Samu, ONG que colabora con la administración, por lo que Disciplina Urbanística entiende que el expediente sancionador no puede ir contra Trujillo Castellanos, S.L. y que la multa se rebaje hasta los 900 euros, que ya fueron abonados por esta sociedad.

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