Canarias necesitaría entre 500 y 700 socorristas más en sus zonas de baño para dar cumplimiento al Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias, estima el periodista experto en divulgación para la prevención de ahogamientos y promotor de la plataforma Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa, Sebastián Quintana.
En opinión de Quintana, la sentencia del pasado 22 de julio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso interpuesto por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que consideraba invasión de competencias por parte del Gobierno autonómico la regulación de la seguridad en las playas y otras zonas de baño, “supone un paso trascendental para garantizar la integridad física de miles de usuarios y refuerza la marca Canarias como destino turístico seguro”.
Quintana recuerda que la primera causa por accidente en el Archipiélago es el ahogamiento
El divulgador recuerda que, "justo, el principal escollo que generó la denuncia y rechazo de la FECAM al decreto fue el capítulo de inversión, puesto que la norma recoge que los ayuntamientos deberán contar con un Plan de Seguridad y Salvamento, que determinará el número de socorristas que debe tener cada playa, piscina natural o charco según unos criterios de riesgo establecidos en la propia norma".
Y ello equivale, indica Santana, "a que los municipios deberán contar, sí o sí, con un capítulo presupuestario anual destinado a la prevención y seguridad de los más de 600 puntos de playas y zonas de baño”, añadió.
No obstante, reconoce que si bien desde que se aprobó el decreto en 2018 "muchas corporaciones locales han hecho un importante esfuerzo económico para adecuarse a la norma, lo cierto es que en la actualidad hay municipios canarios que este capítulo está mínimamente dotado en sus presupuestos”.
Quintana denunció en julio de 2019 “la más que posible paralización del Decreto sobre Medidas de Seguridad en Playas y Zonas de Baño de nuestra Comunidad Autónoma, un año después de ser aprobado por el Parlamento de Canarias, tras la interposición del citado recurso por parte de la FECAM”. En este sentido, el experto afirma que esta “es una norma nacida con el objetivo de regular una nueva política de seguridad a través de la adopción de medidas de prevención, información, vigilancia, planificación e intervención en el litoral”.
Precisamente, esa normativa contempla la necesaria coordinación entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en las playas y otras zonas de baño marítimas del Archipiélago.
La prevención no es un gasto, es una inversión
Más allá del criterio económico, hay una realidad incuestionable, subraya Quintana: "La primera causa de muerte por accidente en Canarias es el ahogamiento. Con una media anual de medio centenar de fallecidos y hasta 250 personas más atendidas por accidentes acuáticos, nuestro archipiélago ha de apostar por hacer del nuestro un espacio Aqua-Protegido, como así lo aprobó el Parlamento de Canarias el pasado mes de julio".
Las partidas para seguridad acuática y, de facto, para la prevención, "no son un gasto, son una inversión que hará de Canarias un destino más seguro todavía, tanto para el turista como para el residente".
Consciente de las dificultades que algunos ayuntamientos se encontrarán para asumir el presupuesto en materia de seguridad en el litoral, Quintana confía en la colaboración periódica de otras instituciones supramunicipales para garantizar el cumplimiento a lo largo del tiempo de esta norma.
