Los vecinos de las 96 viviendas públicas del casco de Santa Brígida preguntan al Ayuntamiento donde está el dinero que ha recibido de otras administraciones así como el que debía aportar la corporación para que se reformaran sus viviendas. En uno de los edificios de la calle Gonzalo Medina se han tenido que colocar vigas metálicas tras las lluvias del pasado invierno porque cedió la cimentación, lo que ha hecho que desde entonces la vía, que se encuentra en el mismo casco urbano, permanezca cerrada al tráfico.
«Indignados» por la falta de explicaciones e información por parte del Ayuntamiento y «cansados» de vivir en unas viviendas con muchas deficiencias y problemas de accesibilidad confiesan sentirse los vecinos, que llevan esperando tres años a que se inicien los trabajos de reforma de los pilares, fachadas, la instalación de ascensores, el cambio de bidones e impermeabilización de las azoteas.
María Josè, que reside en el bloque en el que cedió la cimentación, asegura que cree que «la pandemia les ha venido de lujo al grupo de gobierno porque ha solicitado cita para una reunión y cuando llega el momento se la cancelan». Lo último que supo de boca del propio alcalde y del concejal de Urbanismo fue en 2020 que le aseguraron que la obra estaba pendiente de salir a licitación.
«Hay vecinos que no salen de su casa porque no bajan las escaleras, pero eso parece que da igual»
Sin embargo, en el pleno del pasado mes a una pregunta del partido de la oposición Ando Sataute el concejal de Urbanismo, Martín Sosa, respondió que la obra no se ha podido licitar porque no se tuvo en cuenta en IGIC en la memoria del proyecto .
Precisamente lideraba el Ayuntamiento Ando Sataute cuando en 2018 se suscribió el convenio entre el Gobierno, el Cabildo, y el Ministerio de Fomento para financiar la reforma de esas viviendas por un coste de 2,1 millones de euros. La obra de este Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), cuenta con una partida de 735.000 euros del Ministerio de Fomento, de 630.000 del Gobierno canario, de 350.000 euros del Cabildo, de otros 300.000 del Ayuntamiento, mientras que los vecinos también deben poner 85.000 euros, lo que supone unos 800 euros por propietario.
Desde esta formación señala el edil Javier Ramírez que el proyecto técnico lo dejaron hecho, y que la nueva corporación que dirige Miguel Jorge Blanco (PP) sólo ha redactado la ordenanza para garantizar el pago de los vecinos, y con este trámite resuelto alegan ahora que no se tuvo en cuenta el IGIC, por lo que una obra ya de emergencia sigue sin poder contratarse.
Pero los vecinos de las 96 viviendas, o de las casas grises como también se les conoce a este conjunto de pisos de protección oficial , no quiere entrar en estas guerras entre partidos políticos y hasta muchos evitan hablar con nombres y apellidos porque dicen que esto «no deja de ser un pueblo y todos se conocen».
Pero María José, que no le importa erigirse como portavoz de los vecinos, defiende que esta actuación de reforma, sobre todo a raíz de que con las lluvias cediera la cimentación de uno de los bloques, requiere cierta urgencia y no se puede entender que se presuman de que se derriba el mamotreto o se hace una rotonda cuando hay vecinos cuyas viviendas tienen muchas deficiencias, y encima viven con el temor a que si no se actúa el invierno les entre el gua a los sótanos de los edificios o las propias casas.
Defiende María José además, que «la accesibilidad es un derecho», y que hay tres vecinos que residen en su mismo bloque que no pueden salir de sus casas porque no pueden bajar las escaleras, situación que califica de «muy triste», pero que en su opinión a los gobernantes de su municipio «parece que les da igual».
Asimismo, asegura que desde que los vecinos supieron la aportación que tienen que hacer todos tienen dispuesta la cantidad referida para abonarla desde que se lo comuniquen desde el Ayuntamiento. Por último, señala que siempre se han pintado las fachadas y se ha hecho el mantenimiento del exterior, pero ahora que se trata de una intervención más prioritaria y de necesidad parece que desde el Ayuntamiento «no lo ven así».