Los ayuntamientos con costas esperan que el Gobierno autonómico modifique el Decreto sobre seguridad y salvamento en las playas ante la imposibilidad de cumplir a corto plazo todos los requisitos exigidos en esa nueva normativa, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al desestimar el recurso de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) que solicitaba su anulación. En Gran Canaria, consistorios como los de San Bartolomé de Tirajana y Mogán calculan que adaptar los equipamientos y el personal socorrista a los que establece ese Decreto podría hasta duplicar los gastos anuales en esos servicios.
La Fecam, el organismo que agrupa a los ayuntamientos del Archipiélago, debe reunir a su comité ejecutivo para decidir si recurre esa sentencia ante el Tribunal Supremo, pero también se está a la espera de los próximos pasos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a la que se le ha pedido que modifique los cinco Anexos del Decreto para flexibilizar las condiciones de vigilancia y socorrismo que deben cumplir los municipios.
Los municipios tienen de plazo hasta 2022 para adaptarse a las nuevas exigencias
El propio Ejecutivo regional ya dejó sin efecto su primer Decreto sobre seguridad en las playas, aprobado en el año 2003, debido las dificultades de los ayuntamientos para cubrir sus zonas de baño con equipos de socorristas. También en la normativa en vigor se estableció un periodo de un año para que los ayuntamientos aprobar los planes de seguridad y salvamento -algo que no todos han cumplido todavía- y un plazo máximo de cuatro años -que vence en 2022- para que los municipios se adecuen a las previsiones de dichos planes Planes de Seguridad y Salvamento, «dotándose paulatinamente de aquellos servicios previstos en ellos, aun cuando no sean exigibles por las normas e instrucciones dictadas por el Estado en materia de seguridad humana en los lugares de baño, en el marco estricto del cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
Estabilidad
Los alcaldes de los municipios con playas se acogen a esta última directriz para reclamar al Ejecutivo regional que suavice las condiciones fijadas en los anexos del Decreto, pues dispararían el gasto municipal y pondrían en peligro esa estabilidad económica que exige el Estado a los corporaciones locales.
Samuel Henríquez, alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana, explicó que el gobierno municipal está preparando un nuevo plan de seguridad de sus numerosas playas -Maspalomas, Playa del Inglés, San Agustín o Meloneras- para adaptarlo a esa normativa del Gobierno de Canarias, lo que antemano ya supondrá un aumento del presupuesto municipal para esos servicios.
Entre otras cuestiones es necesario catalogar y diferenciar las playas, lo que implicará aumentar los equipos de salvamento y el número de socorristas. En litorales como Maspalomas y Playa del Inglés se deberían incrementar de forma sustancial los puestos de vigilancia para instalar uno cada 400 metros.
Gáldar dispone de seis socorristas para sus tres principales playas y solo durante los meses de verano
En Mogán, el otro gran municipio turístico de la Isla, ya se han mantenido reuniones con la Dirección General de Seguridad del Gobierno regional con la idea de que se modifiquen y se flexibilicen los anexos del Decreto para adaptarlos a la realidad física de la costa del municipio, según apuntó Mencey Navarro, alcalde accidental, quien puso como ejemplo que Tauro y El Cura figuran como dos playas distintas cuando en realidad están juntas y no suman más de 400 metros de longitud, por lo que podría ser cubierta por un solo puesto de socorrismo en el centro.
Mogán tiene además la particularidad de que los servicios de algunas de sus playas son concesiones administrativas, por lo que la vigilancia depende de las empresas que las explotan. Ante ello, se va a acoger a esos cuatro años de plazo para adaptar todo su litoral a esa normativa.
Nuria Vega, concejal de Playas de Gáldar, explicó que su municipio también espera que el Gobierno modifique esos anexos en el mes de septiembre para saber a qué atenerse, aunque resaltó de ya existen planes de seguridad para las playas de Sardina, El Agujero y Los Dos Roques, con un total de seis socorristas repartidos por turnos entre ellas. Ese servicio se presta solo en los meses de verano y en el resto del litoral existe una vigilancia ocasional, no fija.
Los nuevos requisitos
Decreto del Gobierno
Puestos cada 400 metros
- El Anexo IV del Decreto del Gobierno de Canarias fija los criterios para dimensionar el equipo humano y establece que se hará en función del grado de protección de cada playa, sector u otra zona de baño marítima. En las playas de una longitud superior a los 400 metros se tendrá en cuenta la sectorización de la misma en función de zonas de afluencia para el cálculo de grado de protección y dimensionamiento de los puestos de vigilancia y socorro, por cada 400 metros, con un área de responsabilidad de 200 metros a cada lado y a una distancia no superior a 20 metros de la línea de mar.
Equipamientos mínimos
Torres y embarcaciones
- Para una playa con una grado de protección moderado, y sin perjuicio de los mínimos establecidos en la normativa estatal, se dispondrán, al menos, de los siguientes medios: carteles informativos, banderas de señalización en los acceso, torres o sillas de vigilancia, embarcación de auxilio o moto de agua con plancha de rescate, equipamiento de Salvamento, megafonía portátil, sistema de comunicaciones, botiquín de primeros auxilios, señales dinámicas de riesgo a pie de playa y desfibrilador semiautomático (Desa). Con un grado de protección alto se añadirá un puesto de primeros auxilios y un sistema de avisos y comunicaciones.
Recomendaciones
Primeros auxilios
- El puesto de primeros auxilios se localizará en un lugar de cómodo acceso, señalizado y siendo recomendable que esté dotado de, al menos, los siguientes recursos: equipo de radiocomunicaciones para enlace con servicio de vigilancia de la playa y con Cecoes 1-1-2; agua corriente, servicios higiénico-sanitarios y corriente eléctrica; sala de curas con botiquín sanitario, con instrumental para urgencias médicas y medicamentos que dependerán de la titulación del responsable del puesto, desfibrilador o tablero espinal de flotabilidad.
