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Un juzgado investiga a la consejera de Recursos Humanos del Cabildo

Margarita González está citada a declarar tras la denuncia de un funcionario por presunta prevaricación | El TSJC ya apreció desviación de poder y arbitrariedad

Margarita González, consejera de Recursos Humanos, durante su toma de posesión en el Cabildo en 2019. | | LP/DLP

Margarita González, consejera de Recursos Humanos, durante su toma de posesión en el Cabildo en 2019. | | LP/DLP

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar como investigada a la consejera de Recursos Humanos del Cabildo, Margarita González, en un procedimiento judicial abierto a raíz de una denuncia por un presunto delito de prevaricación interpuesta por un funcionario de la institución que fue apartado de su puesto de trabajo de forma ilegal, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Junto a Margarita González, que en el momento de los hechos que se le imputan era directora insular de Recursos Humanos del Cabildo, también han sido llamadas a declarar otras dos funcionarias de la institución, las entonces directora insular de Política Social y la Jefa de Servicios de Recursos Humanos, según han confirmado varias fuentes consultadas.

Son las tres primeras personas citadas ante juez, previsiblemente por su participación en los informes que desembocaron en la defenestración de dicho trabajador, pero no se descarta que también sean llamados a declarar algunos de los responsables políticos que intervinieron en los expedientes y firmaron los acuerdos, es decir, los miembros del Consejo de Gobierno del Cabildo en el año 2016. Tanto la consejera como el denunciante, Rafael Ramírez, eludieron realizar valoraciones al tratarse de un tema judicializado.

Existe una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, del 16 de noviembre de 2018, que anuló las resoluciones del gobierno insular de Antonio Morales que afectaban a dicho trabajador y que obligó al Cabildo a restituirle en su puesto de Jefe de Servicio de Política Social.

Desviación de poder

En esa sentencia, que declaró el derecho de ese funcionario a mantenerse en su puesto de trabajo, los magistrados César García Otero, Jaime Borrás Moya e Inmaculada Rodríguez Falcón consideran que en este caso «existe desviación de poder» y «arbitrariedad» por parte de los representantes políticos y de altos cargos del Cabildo grancanario.

«El acto -puntualiza la sentencia- aparece revestido de legalidad, pero el fin que subyace es consolidar a quien ocupa el puesto y evitar que lo ocupe el demandante, que ha visto como las sentencias que amparaban su derecho quedaban sin efecto al poco tiempo con una simple modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)». Tras señalar que «la Administración insular ha incurrido en arbitrariedad», los magistrados apuntan que la potestad organizativa del Cabildo «no la desconocemos, pero debe ejercitarla conforme a la legalidad».

«Debemos admitir que es un fin legal buscar la mayor eficacia en la gestión del Presupuesto en el Área de Política Social del Cabildo, pero lo cierto es que la convicción que tenemos es que el fin principal del acto dictado es apartar al demandante del puesto que ganó por concurso», agregan los magistrados del TSJC.

La sentencia relata que «si un funcionario no ejerce sus funciones correctamente, el Cabildo, como cualquier administración, debe ejercitar las potestades disciplinarias, pero la autoorganización en el marco de la autonomía local no puede conllevar modificar la RPT para crear una Jefatura Técnica Económica en el Área de Política Social con el pretexto de que un Economista o asimilado gestione mejor los recursos. Porque de admitir esta posibilidad, la mejor gestión de los recursos económicos del Cabildo en la tesis que plantea la Administración Insular, debía llevar aparejada la modificación de las Jefaturas de Servicio de todas las Áreas del Cabildo, y el cese de los actuales para colocar al frente a un Economista».

Según se refleja en esta sentencia de 2018, los hechos que han desembocado en la denuncia por prevaricación contra Margarita González y otros altos cargos del Cabildo se remontan al 14 de septiembre de 2012, en la etapa de gobierno del PP, cuando el Consejo de Gobierno aprobó una modificación de la RPT por la que la Consejería de Política Social y Sanitaria pasó a ser la Consejería de Economía, Hacienda y Política Social.

Ese acuerdo del gobierno del PP fue recurrido por los sindicatos ante la falta de negociación y fue anulado por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en diciembre de 2015. Esa modificación de la RPT fue recurrida también por el funcionario ahora denunciante, pues se había suprimido la Jefatura de Servicio de Asuntos Sociales y se le había adscrito provisionalmente a un puesto en Obras Públicas. El Juzgado estimó el recurso y con ello la pretensión del funcionario a volver a su puesto de trabajo inicial.

Sentencias

Sin embargo, según revelan los magistrados del TSJC, «cuando las anteriores sentencias se fueron a ejecutar en 2016, le duró poco la satisfacción que puede provocar a un administrado una sentencia que reconoce sus derechos», porque «pese a haber sido repuesto en su puesto, a los pocos días, se reitera la misma modificación, y se suprime su puesto de trabajo, creándose uno nuevo al que se le exige la titulación de Económicas, Empresariales o ADE».

El sindicato UGT ya advirtió entonces que «el principal perjudicado, si no el único», de esa modificación de la RPT, era dicho funcionario. Al respecto, la sentencia del TSJC resalta que «la Consejería de Política Social, como vemos, ha pasado a esta vinculada a la de Economía y Hacienda en el acuerdo de 14 de septiembre de 2012, anulado, en donde el Jefe de Servicio se vinculó a una licenciatura en empresariales, económicas o ADE; a este nuevo acuerdo de 8 de julio de 2016 en el que la Consejería de Política Social y Accesibilidad se desvincula y pasa nuevamente a tener autonomía y, pese a las veleidades en la ubicación de la Consejería, lo que permanece inalterable es la decisión de la supresión del trabajo del Jefe de Servicio, esta vez ‘por no ser necesario en la nueva organización del Servicio de Política Social’».

Respecto al informe emitido por los responsables del Cabildo para fundamentar el acuerdo del año 2016 ahora denunciado por la vía penal, la sentencia del TSJC señala que «la justificación del cambio no puede ser documentar ‘a posteriori’ los beneficios de un acto o decisión administrativo anulado por sentencia judicial; y al mismo tiempo reducir los efectos de las sentencias dictadas, volviendo a dictar un acto de idéntico contenido a la vista de los beneficioso de la decisión no conforme a derecho».

Un caso originado en los centros de menores

La denuncia por presunta prevaricación que investiga el Juzgado parte de actuaciones del Cabildo que se iniciaron en el año 2012 y se repitieron en 2016. Según el TSJC, para apartar a un determinado funcionario de su puesto de trabajo. Así, la sentencia explica que el empleado del Cabildo expuso en su primera demanda que «como Jefe de Servicio y no estando conforme con la propuesta de renovación de los convenios con Entidades Privadas sobre los Centros de Menores comenzó a realizar un estudio en el que advirtió que muchos de los Centros no llegaban a la mitad de la ocupación, por lo que había una sobreoferta de plazas que había supuesto un importante coste económico para el Cabildo, al haber pagado gratuita e innecesariamente por plazas de menores no ocupadas». A partir de ahí, relata la sentencia, el funcionario «considera que ‘el Cabildo no le perdona‘ y por ello, cuando [por sentencia] es reincorporado a su trabajo, a los dos días siguientes ya tiene una nueva modificación» de la Consejería que le adscribe a otro puesto.| J.M.N.

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