El pasado año fue tremendamente turbio y conflictivo fuera de los escenarios para la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y para su director titular y artístico, Karel Mark Chichon. Quien recibió dos denuncias por acoso laboral, interpuestas por la jefa de producción de la formación musical, Isabel Turienzo, y el entonces gerente, Christian Roig. Ahora, el magistrado titular del Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria número 8, Gumersindo Pedro Manso Abizanda, ha desestimado la demanda de Turienzo contra Chichon y contra la Fundación de la OFGC. El juez concluye en la sentencia que aquello que para la jefa de producción suponía «una verdadera actividad de hostigamiento», respondía «simplemente a discrepancias en el modo de realizar el trabajo, así como recriminaciones en relación a posibles errores».
El magistrado define a Chichon como «una persona exigente y rigurosa en relación al trabajo de sus subordinados» y apunta que hay testigos que le atribuyen «un cierto ‘tic’ autoritario», pero añade que estas características son habituales en trabajos como los de director artístico o entrenador. Otros testigos, según relata el juez, han afirmado que los directores de orquesta «son unos dictadores», pero que esta circunstancia no implica vejación en ningún modo.
El magistrado achaca al maestro británico «tics autoritarios» con sus subordinados
La demanda que Turienzo presentó en junio de 2020 contra Chichon y la Fundación OFGC –ente dependiente del Cabildo de Gran Canaria, patrocinador al cien por cien de la formación musical– dibujaba un complejo ambiente laboral y reflejaba diversos conflictos. La jefa de producción de la orquesta llegó a reclamar a la empresa protección frente a riesgos laborales de carácter psicosocial, así como medidas preventivas, ya que ella consideraba que había pasado meses expuesta a un ambiente de trabajo hostil. En su relato de los hechos, expuso casos concretos que se habían ido sucediendo desde octubre de 2019 hasta la primavera del año pasado y aportaba pruebas escritas como correos electrónicos o mensajes al móvil en los que se reflejaba la áspera relación profesional entre ella y el maestro británico, a quien señalaba directamente por acoso laboral.
Una vez analizados los hechos, el magistrado destaca que hay que partir de la base de que, en el momento de la demanda, Chichon y Turienzo habían coincidido personalmente en seis ocasiones y el resto de interacciones se habían realizado a través de correo electrónico o vía telefónica, con lo que «en todo caso, el acoso en sí sólo puede ser ciberacoso».
La sentencia prosigue haciendo constar que «el presunto acoso y cambios de funciones» se inicia al tiempo que la relación profesional de Turienzo con la OFGC, con lo que no se puede alegar una modificación de las condiciones laborales. Así, el magistrado apunta que lo que ocurre es que la jefa de producción «no está conforme con el puesto de trabajo por el cual ha concursado».
En la exposición de los hechos probados, Manso Abizanda detalla que el informe encargado y realizado externamente por la consultoría de igualdad Igualia concluye que se registran indicios de la existencia de acoso laboral, mientras que el elaborado por el Despacho Écija, resultado de una investigación interna, descarta el acoso. Si bien, añade que Igualia no ratificó su informe en el acta del juicio.
El juez concluye que «las conductas invocadas como vulneradoras y recogidas en el contexto de cierto conflicto social entre las partes, hacen que la reclamación de la trabajadora, con sus argumentaciones y pruebas, no pueda tener por constatado el fundamento exigible de un hostigamiento, maltrato o menoscabo sufrido que pueda ser declarado contrario a la dignidad y, por ello, inadmisible».
Turienzo puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
De esta manera, el fallo de la sentencia desestima la demanda de Turienzo contra el maestro británico y la Fundación OFGC y señala que «cabe recurso de suplicación» ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), «que deberá anunciarse en un plazo de cinco días hábiles» una vez se haya notificado la sentencia a las partes. El juez también denegó la indemnización que la jefa de producción de la formación musical reclamaba por «la vulneración del derecho a la dignidad, derecho a la integridad física y moral y derecho al honor», que ascendía a los 100.000 euros.
El maestro gibraltareño se incorporó a la orquesta en mayo de 2017 con un contrato de tres años y medio, prorrogables, y con unas retribuciones de 30.000 euros anuales en calidad de responsable artístico; además de 11.000 euros por cada concierto de abono y 4.500 euros por cada recital fuera de temporada. En mayo de 2018, cumplido el primer año de la firma del contrato con Chichon, el anterior consejero de Cultura y presidente de la Fundación OFGC, Carlos Ruiz, prorrogó la relación laboral con el director hasta 2023, a un año del final de la legislatura –2019– y a pesar de que varios informes jurídicos señalan que las tareas que desempeña el director no se ajustan a la legalidad.
Una segunda acusación pendiente
El exgerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), Christian Roig, presentó en octubre de 2020 una demanda por acoso laboral, integridad moral, derecho al honor e imagen contra la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y contra el director artístico de esta institución, Karel Mark Chichon. En febrero de este año, Roig amplió la acción judicial y añadió una demanda contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien asumió el control de la orquesta cuando Guacimara Medina y Miguel Ángel Pérez, consejera insular de Cultura y vicepresidente primero del Cabildo, respectivamente, renunciaron a sus cargos en la Fundación OFGC ante las discrepancias con Morales y por las intromisiones reiteradas de éste en la gestión de la OFGC. Roig, que también implica a Medina por su condición de presidenta de la Fundación OFGC cuando inició el proceso judicial, señala a Morales como la persona que «ha arropado y empoderado» al maestro gibraltareño «en su ilícita actuación». El juicio por esta demanda está fijado para marzo de 2022. |
