Son 14 años de una incesante búsqueda, de dolor, de innumerables tomas de declaraciones de un caso que ha conmocionado a los grancanarios y que no ha concluido, no sólo para la familia de Yéremi Vargas -el niño de siete años que desapareció el 10 de marzo de 2007 en Santa Lucía de Tirajana-, sino también para la Guardia Civil, cuya causa es «una espina que tenemos clavada», por lo que la reapertura de las diligencias previas es una especie de desquite para los agentes que lo dieron todo en la investigación y que tras diez largos años de intenso trabajo recibieron una fuerte crítica por parte del juez que archivó la causa haciendo ver que los esfuerzos de los funcionarios habían sido en vano y mal ejecutados.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita en ningún momento ha dado por cerrado este caso, así lo recordó el coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, Vicente Reig Basset, el pasado 3 de septiembre de 2019, cuando ya habían transcurrido dos años desde que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana, Juan Manuel Hermo Costoya, decretase el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que derivó en un expediente disciplinario por una falta leve de consideración hacia los investigadores con multa de 500 euros para el juez por faltarle el respeto a la Benemérita en 2018. En el auto por el que se archiva de forma provisional el caso del 25 de octubre de 2017, Hermo Costoya cuestiona la línea de investigación de los funcionarios y resalta que «no existen en este momento medios de prueba» que permitan dirigir la causa contra una persona y tampoco contra Antonio Ojeda, alías El Rubio, especificando a la vez que «los motivos que inicialmente llevaron a su imputación no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo» encargado de las pesquisas.
El magistrado que reabre la causa recibió una sanción de 500 euros en 2018 por faltar el respeto al cuerpo
La queja sobre la falta de respeto al trabajo de los guardias civiles llegó a Madrid antes de que se decretase el archivo de las actuaciones y fue por eso que el entonces coronel jefe la UCO Manuel Sánchez, viajó desde Madrid e intentó limar asperezas con el magistrado, así como de tratar que Hermo autorizara una batería de pruebas con la finalidad de inculpar a El Rubio, pero el juez se negó a recibir al alto cargo de la Benemérita.
En el mismo auto de archivo el magistrado señala que la Guardia Civil «debe cumplir con su obligación y continuar con la investigación de los hechos hasta su completo esclarecimiento, si fuese posible» y recuerda en el documento que tras diez años (2007-2017) «siguen sin aclararse» aspectos como la amenaza que recibió el padre de Yéremi, Juan Francisco Vargas, atribuida a Ithaisa Suárez, la madre del niño, o a alguien de su entorno aunque «ésta lo niega».
Reprocha que tampoco se identifique si se ejecutó el visionado de cámaras de los sitios más cercanos al lugar donde desapareció el menor, ni de «qué establecimientos» eran y que «no se aporta copia alguna de tales grabaciones que, diez años más tarde, los nuevos agentes dicen haber revisado».
Sin embargo, tras cuatro años del archivo provisional y un escrito de la familia del pequeño presentado ante el Juzgado en la que se apunta como sospechoso a Antonio Ojeda, este mismo magistrado ha decretado la reapertura de las diligencias previas que se basan en la línea de investigación presentada por la UCO y criticada por él, lo que, pese a que desde la Guardia Civil no quisieron hacer valoración alguna, deja un consuelo a los que no han dejado de trabajar día y noche para dar con el paradero de Yéremi Vargas.
