El Cabildo rebaja el estudio negativo del tren a una «opinión» de la ULPGC

En el Pleno del Cabildo, y a preguntas de la oposición, el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, aseguró que la Universidad no rechaza el proyecto del tren, sino solo uno de sus departamentos, y abogó por no darle mayor trascendencia a esas discrepancias. Por su parte, el vicepresidente y consejero de Transportes, Miguel Ángel Pérez del Pino, respaldó las críticas de los técnicos del Ministerio de Transportes al estudio de la ULPGC e incluso consideró que se trata de un «ataque» para «dañar la imagen del Cabildo».

La polémica entre el gobierno insular y la Universidad respecto a la rentabilidad social y económica del ferrocarril llegó al Pleno del Cabildo y, por primera vez, Pérez del Pino criticó abiertamente los métodos y las conclusiones del Equipo de Investigación en Economía de las Infraestructuras el Transporte y el Turismo (EITT).

El vicepresidente también puso en duda la voluntad de los redactores de ese estudio de debatir sobre ese sistema de transportes público, pues durante el Pleno se desveló que los investigadores invitaron a la presentación del documento al portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, pero no al presidente Morales ni a ningún responsable del área de Transportes del Cabildo.

Tras manifestar que el gobierno insular se enteró de la existencia de ese informe por los periódicos y que tuvo que pedir el documento al gerente de la Universidad, para poder analizarlo y remitirlo a los técnicos del Ministerio, Pérez del Pino dijo que hasta ahora no ha querido hacer declaraciones «porque la batalla dialéctica no arregla ningún tipo de problema».

Debates

«Nosotros -subrayó- no nos oponemos al debate, pero nos hubiera gustado que se hiciera cuando tocaba, en el momento de la presentación o incluso antes de eso. Por una razón, porque este Pleno ha adoptado una posición de apoyo a un proyecto que no está basado en la opinión o el deseo de este consejero de Transportes, del presidente del Cabildo o de cualquiera de los que estamos aquí sentados, sino en datos que elabora el Ministerio de Transporte, y no en el último año, sino en los últimos casi 20 años».

Pérez del Pino puntualizó que «más allá de dimes y diretes», las estructuras de demanda de la movilidad en Gran Canaria son cada vez más intensas y se está viendo que en los últimos cinco años se incrementa. «LA PROVINCIA hace alusión a los 170.000 vehículos al día en el año 2018 [en la autovía del Sur], pero ya hemos llegado a los 210.000. Que la movilidad sea sostenible, eléctrica o poco contaminante no reduce el tráfico, solo contamina menos, pero el tráfico va a seguir existiendo, y ya tenemos una densidad y nivel de movilidad en Gran Canaria que supera a muchas de las autovías del continente», recalcó.

El consejero recordó que el proyecto de tren de cercanías ya ha recibido el apoyo de organizaciones como Greenpeace y varios sindicatos por cumplir con todos los parámetros fijados por la Unión Europea. «Por supuesto», continuó Pérez del Pino, «no comparto en ningún caso las opiniones vertidas por el equipo de investigación de la Universidad, en primer lugar porque Europa plantea desde hace años que el ferrocarril es el transporte masivo más ecológico y sostenible, incluso económicamente».

Entre sus críticas a las conclusiones de la ULPGC, señaló que tendría que comparar lo que cuesta un kilómetro de carretera y uno de vía del tren, no solo en su construcción, sino en su mantenimiento. Respecto al mejor aprovechamiento del territorio, señaló las ventajas del ferrocarril y resaltó que «casualmente, ese informe de la Universidad hace un planteamiento casi tautológico, pues no le gusta que el 57% de la linea vaya soterrada porque es muy caro, pero tampoco le gusta que el 43% vaya en superficie porque ocupa territorio; por eso le responde el informe del Ministerio de Transportes que el mejor proyecto es el que no existe».

El consejero de Transporte afirma que el estudio contra el tren tiene «errores casi sonrojantes»

En referencia a uno de los principales motivos de la polémica, la encuesta realizada por la ULPGC para determinar la demanda de viajeros, el consejero señaló que las preguntas se deben plantear de forma aséptica, orientadas a analizar el problema con concreción. Al respecto, argumentó que lo que no se puede hacer en una encuesta es inducir las respuestas, ni plantear supuestos como que el tren va a ser muy caro porque no se conoce la tarifa que se aplicará en su día.

«Cuando hablamos de subvenciones no es al mantenimiento de las empresas por déficit en la gestión o explotación de los servicios, hablamos de que a día de hoy el Gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo ponemos 28 millones de euros para hacer más accesible el transporte público en la isla y eso se continuará utilizando porque ha dado resultados», explicó el consejero, quien comentó que en 2018 le llamaron «loco» por querer rebajar los bonos de guaguas al precio al que están ahora, pero incluso se quedó corto en las estimaciones porque se calcularon 13.000 usuarios y a los tres meses había 47.000.

«Si la intención es fomentar la movilidad de una manera coordinada para hacerla más sostenible, y ese es un eje estructural de este gobierno y de resto los gobiernos que tenemos un sentido progresista, el ferrocarril tiene que ser la alternativa», insistió el vicepresidente del Cabildo, para luego preguntar cuál es la alternativa que proponen los investigadores de la ULPGC.

«¿Esa alternativa es levantar una segunda autovía en su segundo piso? ¿eso es más barato o menos oneroso, como pone su informe? ¿pretenden atacar un formato de tren de cercanías, que es que se quiere implantar en Gran Canaria, aludiendo al funcionamiento del AVE, que es un tren de alta velocidad que nada tiene que ver con ello?, preguntó en voz alta.

Respecto a la invitación de la ULPGC a abrir un debate sobre la viabilidad del tren, opinó que «si los redactores de este estudio tuvieran interés particular en que el Cabildo participara, deberían haber solicitado información actualizada y oportuna». A su juicio, «es un error, casi sonrojante, que se mencione un instrumento de la legislación de Gran Canaria, como el Plan Territorial Especial del Tren (PTE-21), que estuvo en exposición publica y no recibió ninguna alegación al respecto, como si fuera un artículo en una revista científica».