En 1974 lo nombran director de Relaciones Laborales de Transportes de Barcleona. Ya iba curtido.
Enfrenté problemas de reestructuración de personal, de rentabilidad y de cambios. Afronté asuntos como la supresión de los cobradores en el transporte y de algo tan poco útil como las taquilleras del metro, también cambios de líneas y de sistemas de trabajo.
Tiempo después, el entonces presidente de la Generalitat Josep Tarradellas lo nombra miembro de la comisión de Traspasos Gobierno central-Cataluña. ¿Hubo que dialogar y trabajar mucho? Términos hoy muy socorridos.
Tuvimos que dialogar mucho porque negociábamos el traspaso de Trabajo cuando todavía no estaba aprobado el Estatuto de Autonomía de 1979. Me tocó una época de explosión y recuperación de la ilusión en Cataluña. Yo negociaba los traspasos de Trabajo y Función Pública sin texto, no tenía precedente, éramos nuevos en todo, pero eso se conseguía con ganas, hablando, echando horas y demostrando que hay comportamientos que son más útiles si se tratan lejos del conflicto. Con la negociación obtuvimos las competencias en las regulaciones administrativas o los expedientes de regulación de empleo.
¿Cómo recuerda la relación entre Cataluña y el Estado? Muy distinta a la de ahora. La oposición califica a Sánchez como un traidor a la patria.
Había terminado la dictadura y era una época en que teníamos tanta ilusión y ganas de alcanzar acuerdos que si había que ceder, se cedía. El ambiente era muy distinto al de ahora. La presidencia de Tarradellas supuso un salto importante porque al volver del exilio se le reconoce como presidente de la Generalitat hasta las primeras elecciones. Quienes hemos vivido épocas de transición vemos claramente que hoy Cataluña y el Estado deben llegar a un acuerdo, no hay otra salida, no es posible una imposición de una parte sobre la otra. El problema es que no todos los catalanes pensamos igual y a veces se habla en nombre de Cataluña cuando solo se tiene una representación parcial y no total. Debemos acercarnos y buscar fórmulas que contenten a una mayoría amplia y no ajustada. Esta situación no puede acabar de otra forma que no sea con acuerdos. Respecto a las descalificaciones sobre traición a la patria, los partidos deberían ofrecer soluciones. El PP pudo haber intentado otras soluciones y no lo hizo, recordemos que el artículo 155 lo aplicó el PP, no Sánchez. Fue un fracaso, porque en las siguientes elecciones volvieron a ganar los independentistas. La solución de la fuerza no dio resultados, solo aumentó el conflicto y radicalizó las posturas. Ni el Estado puede imponerse a sangre y fuego ni el independentismo logrará sus objetivos si no tiene una base más amplia.
"La aplicación del 155 fue un fracaso, porque en las siguientes elecciones volvieron a ganar los independentistas"
¿Hoy hay solo crispación o quedan resquicios de política útil? ¿Está atendiendo los problemas sociales?
Con estas tensiones, críticas y malas interpretaciones, hoy no sería gobernador civil. Hoy no hay política útil, solo hay respuestas inmediatas a un determinado tema a ver quien suelta la mayor polémica y yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Además, hay que diferenciar entre la política espectáculo y la política real, que es el funcionariado. Ellos son los que saben, los que ayudan, quienes sugieren soluciones y permiten avanzar.
Volvamos a 1982. Felipe González le nombra gobernador civil de Barcelona. ¿Cómo afrontó esa época?
Barcelona atravesaba una época complicada relacionada con los problemas de inseguridad ciudadana vinculados al consumo de drogas, sobre todo de heroína, con el consiguiente aumento en el número de fallecidos por sobredosis. Son también años de graves atentados terroristas en la ciudad condal por parte de ETA. Afrontamos toda esta situación con la creación del Consejo de Seguridad Urbana en el Ayuntamiento, con Pasqual Maragall al frente, y creamos un órgano donde estaban representados todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y todos los representantes civiles para analizar no solo la realidad de la inseguridad ciudadana sino sus causas, y proponer líneas de actuación en el sector de la enseñanza, la sanidad o la justicia. Este Consejo ayudó a abordar el problema desde una perspectiva no estrictamente policial e implicando a todos los agentes sociales.
Una de los proyectos más importantes que nacen de ese Consejo es la creación de la primera comisaría española de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Nos dimos cuenta de que la mujer se bloquea cuando tiene que presentar una denuncia ante un policía hombre. Así que consultamos a las agentes femeninas si ellas se hacían cargo de esta comisaría, en contacto con los servicios sociales municipales, y aceptaron. El proyecto surgió de forma espontánea. La creación de esta comisaría multiplicó las instalaciones por todo el país al comprobarse que aumentaban las denuncias por violencia y que los movimientos feministas lo apoyaban.
Hay partidos que reniegan de la violencia machista. ¿Cree que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un logro suficiente?
Me tapo los oídos porque no merece la pena escuchar eso. Aunque el pacto de Estado ha sido un paso fundamental, creo que los logros nunca son suficientes.
"Samaranch quería que Barcelona 92 reuniese otra vez a todos los países, y se logró"
Su etapa como gobernador civil lo colocó al frente de la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Veníamos de la disolución de la URSS, del Apartheid, la guerra de Los Balcanes, el terrorismo de ETA. ¿Como se afronta la seguridad en este contexto?
Con gran interés por parte de Juan Antonio Samaranch, presidente del COI, en que los Juegos de Barcelona fuesen otra vez los Juegos de todos los países. Quería que fuese una cita que por primera vez reuniese a todos y se logró. Y se consiguió garantizar la seguridad con una planificación minuciosa porque la seguridad de los Juegos estaba amenazada por el terrorismo. De hecho, dos días antes de que en Lausana se designase a Barcelona como sede, ETA cometió el primer atentado matando a un policía en la Plaza de España. La seguridad estaba comprometida, aunque luego se dijese que los etarras no tenían intención de atacar. Además, nos jugábamos la imagen de España.
Un año después vuela a Madrid como director general de la Guardia Civil, en sustitución de Luis Roldán. ¿Qué retos tenía y cuáles logró?
Las personas desaparecen, las instituciones permanecen. A mi me coincidió el 150 aniversario de la creación del cuerpo y fue una buena ocasión aprovechar todos los actos para vincular la Guardia Civil con la ciudadanía. Hoy hay una integración plena. Recuerdo un desfile de la Guardia Civil en Barcelona y la población aplaudiendo en que yo mismo me quedé asombrado por que en mi tierra se hiciera tal reconocimiento a este cuerpo. Eso quiere decir que hay un claro entendimiento con la ciudadanía. Por otra parte, la lucha contra el terrorismo fue importante, con operaciones como las repetidas desarticulaciones de los comandos de Barcelona. Durante mi etapa tuvo lugar el atentado contra José María Aznar, aunque eso correspondió a la Policía.
España afronta muchos desafíos. ¿Cuáles requieren una solución más inmediata? ¿La Administración ha estado a la altura de los retos de la pandemia?
La recuperación económica tras la pandemia sin duda. La Administración tiene un problema, y es que se amortizaron muchas vacantes sin convocarse nuevas plazas y la función pública ha caminado hacia un envejecimiento que no es bueno para la población porque la falta de funcionarios dificulta que se resuelvan los problemas de la gente. No obstante, sí que ha estado a la altura durante la pandemia, desde el punto de vista sanitario es evidente y en materia laboral se han implementado soluciones novedosas que han servido de colchón para amortiguar la caída de la economía. La subida del salario mínimo es también una medida necesaria.
