La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se acogió este jueves a su derecho a no declarar como investigada ante el juez que investiga el caso de la presunta compra de votos en las elecciones en este municipio en 2015, el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, por recomendación de sus abogados y a la espera de que se resuelvan dos cuestiones procesales de gran calado en este procedimiento, según fuentes de su entorno. Uno de ellos es el recurso interpuesto por una de las partes en el cual se reclamaba la nulidad del auto que autorizó la entrada y registro en el Ayuntamiento en septiembre de 2020 por parte de la Guardia Civil y el otro el recurso contra el auto del 28 de julio dictado por el magistrado en su intención de prorrogar la instrucción del caso durante seis más para llamar a declarar a más testigos. Durante la vista, uno de los testigos que inicialmente afirmó que había vendido su voto en la sede de Ciuca, partido del que forma parte la alcaldesa, se desdijo y afirmó que nunca había vendido su papeleta.
Al igual que Bueno, también se negaron a declarar el resto de investigados que este jueves pasó ante el juez, como fue el teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro; la edil de Servicios Sociales, Tania Alonso; el empresario Luis Oller, señalado como presunto financiador de la trama de compra de votos; el funcionario Salvador Álvarez; y uno de los denunciantes y también investigado Ramón Trujillo El Perraya, que se negó por «miedo» y porque está «amenazado», dijo. Las declaraciones se realizan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
Los ediles Mencey Navarro y Tania Alonso también se acogen a su derecho a no declarar
Según explicaron las mismas fuentes, la regidora moganera declinó prestar su declaración a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto contra el auto que autorizó la entrada y registro en el Ayuntamiento de Mogán el 17 de septiembre de 2020. Si se declarase nulo, todos los elementos incautados por la Guardia Civil durante la operación quedarían anulados, no se podría instruir sobre la documentación intervenida y los informes elaborados por la benemérita tampoco serían válidos para la causa. Los investigados interpusieron el recurso al entender que el auto autorizaba la intervención de los documentos que guardasen relación con la presunta compra de votos, pero no la intervención masiva de documentación de la administración local.
Por otra parte, espera también por la resolución del recurso interpuesto contra el auto del juez del 28 de julio que autorizaba ampliar la instrucción durante seis meses más para llamar a declarar a más testigos al entender, señalan las fuentes, que vulneraba la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no haberlo comunicado previamente a las partes. «Se pretende que no se provoque la indefensión de los investigados la declarar antes de que hayan concluido los testigos», explican.
Un testigo afirma que el siempre vota a quien le dice ‘El Perraya’, pero no vendió su papeletas
Durante las comparecencias declaró M.R.C., el último testigo citado por el juez. Señalado por Ramón Trujillo como una de las personas que había vendido su voto a Ciuca en la propia sede, en su momento declaró a la Guardia Civil que había vendido su papeletas a cambio de vales de comida que le suministraba Trujillo. Ahora, según fuentes presentes en la sala, se ha desdicho y ha asegurado que no ha vendido su voto, que solo era amigo de Trujillo y que siempre ha votado al partido que él le decía, sin importarle las siglas. M.R.C. afirmó que el 2019 votó a Nueva Canarias porque era la formación que apoyaba Trujillo, que jamás ha esperado nada a cambio y que siempre lo ha hecho por correos.
Por su parte, el denunciantes e investigado Ramón Trujillo El Perraya, afirmó en la sala que se negaba a declarar porque tiene «miedo» al estar «amenazado». Fuentes jurídicas han matizado estas palabras y asegurado que El Perraya ha sufrido en los últimos meses un intento de soborno para que cambiase su versión y, al no acceder a ello, ha sufrido amenazadas contra su integridad física y la de su familia.
Las declaraciones continuarán el próximo 22 de octubre con la comparencia de otros cinco investigados, los cuales se prevé que también se acojan a su derecho de no declarar.
