Un millar de personas recorrieron ayer el tramo comprendido entre el parque de San Telmo y la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en la plaza doctor Rafael O’Shanahan de la capital grancanaria, para mostrar su rotundo rechazo a la proyectada instalación de una central hidroeléctrica entre las presas de Chira y Soria.
La comitiva, animada por dos potentes batucadas y el sonido de los bucios, y presidida por una gran pancarta en la que se podía leer ‘Salvar Chira-Soria cueste lo que cueste’, a la que se añadía otras con los lemas ‘No a la destrucción del barranco. Paremos a Morales y a Red Eléctrica’, y ‘Por un futuro digno, no la destrucción de nuestro país’, firmada por Ahora Canarias, partía a las once de la mañana con una primera parada ante la sede del Cabildo de Gran Canaria, promotora junto al Gobierno de Canarias de un proyecto que, según la plataforma convocante de la protesta, amenaza con la «destrucción del barranco de Arguineguín, un lugar de extraordinaria belleza que contiene cinco espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000».
Los convocantes advierten de los daños ecológicos, económicos y de seguridad
La central hidroeléctrica será construida y explotada por Red Eléctrica, con el fin de crear una infraestructura de almacenamiento de energía con la que se pretender garantizar la estabilidad del sistema insular ante la entrada de las fuentes renovables. Para ello cuenta con una inversión de unos 400 millones de euros, sufragados por el Estado. El Cabildo espera tenerla operativa a finales de 2016, y crear durante su proceso constructivos unos 3.500 empleos, para reducir la factura de la producción de energía de la isla en torno a los 122 millones de euros anuales.
Sin embargo, estos supuestos beneficios no convencen ni a la plataforma que ayer lideraba la protesta ni a numerosos grupos ecologistas, incluida la Alianza de Energía y Territorio que agrupa a 150 asociaciones de todo el país. Entre otros motivos, según apuntan, por la necesidad de construir un sistema de bombeo desde la cota cero hacia las presas de 30 kilómetros por el barranco de Arguineguín. Esas aguas, además, provendrán de una desaladora que, sostienen, provocará vertidos de salmuera que afectarán a la flora y fauna de la Reserva Mundial de la Biosfera, a lo que se añade el potencial impacto paisajístico derivado de la instalación de 17 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión y sus torretas.
Todo ello para «un modelo energético centralizado de transición ecológica que entrega a una multinacional el control de los recursos renovables de la isla», un factor que motivaba uno de los principales lemas de la manifestación: «Canarias no se vende».
Pedro Hernández, portavoz de la plataforma, intervenía al final de la protesta, dos horas y media después de su inicio, para calificar la convocatoria, a la que según sus cálculos asistían entre 10.000 a 12.000 personas, de «clamor popular», solicitando tanto al Cabildo como al Ejecutivo canario que «escuchen la voz de la calle para restablecer la democracia».
Hernández, quién advierte «que no dejaremos pasar los camiones», calificaba el proyecto de «ilegal», ya que según defiende, «no se adapta a la directiva comunitaria de junio de 2019 sobre el mercado interno de la energía», denunciando además que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destinado «470.000 euros en propaganda para vender las bondades de un proyecto cuyo estudio de seguridad no se hará público porque lo ha realizado la propia Red Eléctrica».
Pedro Hernández asevera que se utilizarán 4.000 kilos de explosivos al día para su construcción
En este último aspecto Pedro Hernández ofrecía un dato llamativo, dado que según afirma, para la construcción del complejo necesario para bombear el agua en altura y aprovechar la energía en los momentos que lo requiera el sistema mediante el posterior salto de agua entre los dos embalses, que es el fundamento de este tipo de centrales de almacenamiento, «el barranco se convertirá en un infierno por la utilización de 4.000 kilos de explosivos al día», lo que implica el movimiento de un millón de metros cúbicos de escombros con el consiguiente «polvo en suspensión, ruidos y vibraciones», por lo que habría que “desalojar” durante el desarrollo de esos trabajos a los más de 2.000 residentes del barranco de Arguineguín.
