Aprender a identificar un delito de odio contra una persona LGTBI para reflejarlo de forma correcta en el atestado policial que dará pie a una causa judicial. Más de un centenar de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participa esta semana en unas jornadas de formación y asesoramiento en materia de diversidad para los cuerpos de seguridad con el objetivo de conocer cómo intervenir con una persona del colectivo LGTBI de forma efectiva cuando ésta interpone una denuncia sin provocar una situación más violenta que la que ha sufrido y va a denunciar. Además, aprenden a identificar el delito para que el atestado ayude a la Fiscalía a elaborar un escrito de acusación adecuado.

Organizadas por la asociación Equal LGTBI+ en colaboración con Lgtbipol y el Ayuntamiento de Mogán, durante las jornadas, que se prolongarán durante toda la semana, los agentes se formarán mediante casos prácticos como por ejemplo cómo identificar el delito de odio cuando una persona LGTBI es vetada en el acceso a un servicio público por su identidad de género. Además, conocerán el marco jurídico que ampara a los agentes, ya que el delito de odio no está recogido como tal en el Código Penal pero deben adecuar el atestado para orientar este delito ante la falta de una ley trans o LGBTI estatal. También profundizarán en las realidades y diversidades afectivos-sexuales con el objetivo de conocer mejor los perfiles de las víctimas.

Las jornadas fueron inauguradas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien sostuvo que el Consistorio no dudó ni un segundo en apoyar este proyecto dada la «necesidad de empatizar y ponernos en la piel de las víctimas que están sufriendo este tipo de agresiones».

La presidente de Equal LGTBI+, Emma Colao, destacó la importante de este proyecto de formación para los agentes, pero también para el colectivo. «Es algo novedoso porque siempre nos hemos visto marginados por el miedo que conlleva, al denunciar, tener que explicar quién eres para que entiendan por qué se ha cometido un delito de odio», dijo. «Lo ideal sería que este tipo de proyectos estuvieran impulsados por las autonomías o la administración central porque hablamos de derechos humanos», añadió, «pero no existen recursos formativos reales para el tratamiento efectivo de estos casos por parte de los agentes y la Policía precisamente demanda mayor formación».

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional contra los delitos de odio, Tomás Fernández, destacó la importante labor de los cuerpos de seguridad para perseguir los delitos de odio. «Los prejuicios siempre han servido de estímulos para iniciar estos ataques», apuntó, al tiempo que anunció que se está elaborando el segundo plan de acción contra los delitos de odio para que entre en vigor en 2022.

La subdelegada del Gobierno, Teresa Mayans, reflexionó sobre el modelo de país que necesitamos, uno donde «todos caben» y apeló a la educación para evitar los prejuicios. Por último, Begoña Gallego, de presidenta de Lgtbipol, reconoció que «no es fácil pertenecer a un colectivo como este entro de nuestra corporación». «Si todos reconocemos las diversidades, no haremos doble víctima a la persona que denuncia», dijo.