La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha acordado el archivo de las diligencias que abrió tras recibir una denuncia sobre la supuesta conducta prevaricadora de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, en relación a la futura construcción de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria. El decreto de archivo de las diligencias ha sido facilitado por la plataforma Salvar Chira-Soria, que denunció los hechos ante la Fiscalía en abril de 2021 y que en un comunicado se ha mostrado disconforme con la decisión adoptada por el fiscal jefe provincial de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, y señala que "se ve en total desamparo ante los poderes del Estado".
La asociación apreciaba una supuesta prevaricación en el expediente porque sostiene que el proyecto precisa de una evaluación ambiental estratégica, en lugar de una declaración de impacto ambiental dada la supuesta afección a varios espacios de la Red Natura 2000, y por la externalización por parte de la administración de la elaboración del informe a la empresa Tragsa. Según el decreto, desde la Consejería de Transición Ecológica se trasladó el 6 de julio de 2021 un informe elaborado por el jefe de servicio de Impacto Ambiental en el que se indicaba que estaba suspendido el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental durante tres meses, y que se seguía con una fase de análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental.
Salvar Chira-Soria sostiene que el proyecto precisa de una evaluación ambiental estratégica en lugar de una declaración de impacto ambiental
Por ello, desde la Fiscalía se entiende que la conducta prevaricadora no quedaría acreditada suficientemente al estar bajo estudio el análisis correspondiente y la decisión a tomar respecto al instrumento de evaluación a adoptar. En cuanto a la externalización de servicios de informes, se indica que tal y como consta en la documentación remitida, los medios humanos de los que dispone la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático son insuficientes para la resolución de expediente de evaluación de impacto ambiental y que, por ello, se encargó a Tragsa, lo cual estaba debidamente fundamentado.
Por todo ello, la Fiscalía de Medio Ambiente considera que no queda suficientemente acreditada la comisión de un delito de prevaricación ni existen indicios suficientes para enervar la presunción de inocencia, sin perjuicio de la existencia de posibles irregularidades administrativas en el curso y tramitación de los expedientes incoados pueda dar lugar a responsabilidades en vía administrativa o contencioso-administrativa.
Los medios humanos de los que dispone la Viceconsejería son insuficientes y por eso encargó el expediente a Tragsa
Salvar Chira-Soria, en su comunicado, sostiene que en la Consejería existen "suficientes y excelentes funcionarios para resolver un expediente de tal magnitud y la externalización se ha efectuado para poder aprobar un estudio absolutamente descabellado en sus conclusiones y nulo de pleno derecho, ya que ni se han respetado los procedimientos legales, ni se ha permitido el acceso al mismo". Asimismo, opina que "la Fiscalía está muy sometida a los dictámenes del poder ejecutivo y, en este caso, tanto el Gobierno estatal como el autonómico trabajan a destajo para los intereses de Red Eléctrica de España".
