Mogán celebra las Jornadas Aserpol de asesoramiento y formación sobre diversidad para los cuerpos de seguridad. Los agentes aprenden a reconocer los delitos de odio sobre personas LGBTI.
En los últimos meses se han conocido numerosas agresiones contra personas LGTBI. ¿Es España un país homófobo?
No, España es un país tolerante y diverso. Lo que ocurre es que a veces salen a la luz actuaciones que antes no se conocían o que se trataban como unas meras agresiones porque no se identificaban como un delito de odio y quedaban camufladas. Por eso es importante la formación sobre diversidad porque hasta ahora muchos agentes no sabían identificar el delito de odio.
¿Cuál es la situación en España? ¿De qué datos dispone?
En 2020 hubo 283 denuncias por delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, una cifra similar al año anterior. Hablamos solamente de hechos conocidos. La tendencia ha ido al alza y creemos que este año cerrará con un mayor número de denuncias. En total, hasta mitad de año ha habido un aumento de las denuncias por delitos de odio en general de un 9%.
¿Cómo se identifica un delito de odio?
Tenemos que pensar que delito de odio es cualquier delito, lesiones o amenazas, que tenga como base una motivación de odio y prejuicio negativo. El delito de odio viene marcado en el articulo 22.4 del Código Penal, cuando hablamos de racismo, xenofobia, aporofobia, orientación sexual y de género. Pero eso es solo una parte de lo que podemos denominar delito de odio propiamente dicho, porque también están los delitos de discriminación, que tienen el agravante cuando se realiza contra la integridad de las personas. Y además contamos con el artículo 510 del C.P. que castiga los discursos de odio y la incitación al mismo. Por todo ello debemos formar bien a los cuerpos de seguridad para que sepan identificarlo y reflejarlo como es debido en el atestado policial.
¿Qué dificultades encuentran los agentes cuando reciben una denuncia?
Precisamente la identificación. Cuesta mucho identificar el delito de odio correctamente para elaborar un atestado policial completo que permita que la Fiscalía realice una investigación lo más completa posible y lo refleje con certeza en su escrito de acusación. Si el atestado policial no recoge todos los indicadores de polarización que determinan que se ha sufrido un delito de odio es probable que nunca se llegue a una condena. Por eso hay que seguir invirtiendo recursos en sensibilización y formación de los agentes.
«Desde la oficina hacemos un seguimiento de todos los casos que crean alarma social»
¿Existe realmente un aumento de casos o es un aumento de denuncias presentadas?
No lo podemos valorar, pero sí creemos que los propios funcionarios policiales están cada vez más formados en esta materia y lo que antes tramitaban como unas lesiones ya empiezan a reconocerlo como un delito de odio al observar indicadores como que haya sido una agresión gratuita. No obstante, es cierto que la sociedad está empezando a concienciarse mucho sobre este asunto y se está denunciando más.
Según datos de Interior, en Canarias hubo en 2020 una incidencia de 2,2 casos de delitos de odio por cada 100.000 habitantes. ¿Qué valoración hace?
Ha sucedido como a nivel nacional. Ha aumentado salvo 2019 y 2020, cuando se han registrado 14 denuncias por delitos de odio contra personas LGTBI. Cuando acabe este año, tendremos que valorar si continúa la tendencia al alza que viene de 2019.
¿Qué balance hace del primer plan de actuación contra los delitos de odio y cuáles son las líneas generales del segundo?
El primer plan ha sido fundamental porque ha supuesto un importante avance en la identificación de los delitos de odio. Ha sido un éxito y ha tenido buena acogida entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y creemos que también ha influido en el aumento de denuncias. Por eso el segundo plan de 2022-2024 seguiremos enfocándolo igual que el primero, sobre todo en la formación, sensibilización y concienciación, pero implementando un mayor apoyo a las víctimas en el sentido de tener una mayor empatía hacia ellas. De ahí que hayamos implementado el mapa de recursos en la Oficina que es interactivo y donde se puede conocer qué oficinas prestan apoyo a las víctimas en cada provincia, así como las asociaciones del tercer sector que pueden orientar a estas personas.
España es el séptimo país de la UE que más respeta al colectivo LGTBI, según la lista Rainbow, que elabora la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Europa, por delante de Francia, Alemania e incluso Holanda.
Insisto, no somos un país homófobo. Estamos en un país tolerante y diverso; hay determinados casos de delitos de odio puntuales que lógicamente hay que intentar atajar. La Oficina recibió hace dos años el premio Rainbow por la lucha que se esta realizando desde el Ministerio del Interior a favor del colectivo LGTBI.
¿No es incongruente que ocupemos esa posición pero a la vez aumenten los casos contra el colectivo?
No porque cada vez se van identificando más estos delitos que antes quedaban como meras denuncias por lesiones. Aunque pueda parecer contraproducente, no lo es; nosotros como oficina precisamente lo que debemos hacer es impulsar las denuncias para que aflore el problema y poder resolverlo.
Un 35% de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI no se denuncian
¿Cuántas de las denuncias que se presentan por delitos de odio en general llegan a resolverse?
No tenemos datos concretos. Desde el Observatorio de Racismo y Xenofobia del Ministerio de Migraciones se está trabajando en un acuerdo institucional para hacer un seguimiento de cuántas de esas denuncias terminan en condena. Pero los investigadores observaron la problemática que existía en la trazabilidad porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía y la Oficina contabilizamos los casos de distinta forma. Estamos trabajando para determinar cómo poder hacer seguimiento de esa trazabilidad.
¿Influye en la denuncia el miedo a no ser creído por los cuerpos de seguridad?
Desde el 31 de diciembre al 18 de marzo elaboramos una encuesta y entre otros asuntos preguntábamos sobre la confiabilidad en los cuerpos de seguridad. De los datos extraídos obtuvimos que de las víctimas que no habían denunciado dejaron de hacerlo por falta de confianza en los agentes y también en la justicia. Un 89% de quienes respondieron haber sido víctimas de un delito de odio no han denunciado, y de este porcentaje un 35% son personas LGTBI. Es un dato grave porque indica que hay un gran número de casos que sumergidos que deben aflorar y poco a poco está ocurriendo, por eso debemos trabajar para que se presenten un mayor número de denuncias.
¿El caso de la muerte de Samuel Ruiz en ha influido en las líneas de trabajo de la Oficina?
La propia sociedad está pidiendo que se persigan los delitos de odio. Desde la oficina intentamos hacer un seguimiento de todos los casos, sobre todo de aquellos que han creado mayor alarma social. Este caso sí ha influido en el sentido de que desde la oficina podemos asesorar a las unidades policiales, sin meternos en la investigación en ningún momento porque no es competencia nuestra, pero sí en asesoramiento como expertos en delitos de odio para que se realice una buena diligencia que conduzca a una condena. De hecho el 28 de julio el Ministerio presentó la instrucción 6/2021 a través de la cual podemos ponernos en contacto directo con la unidad policial o ellos reclamar nuestra ayuda.
¿Existe un perfil de agresor?
Nunca hay un perfil claro. Es muy difícil marcar perfiles porque en los delitos de odio hay muchas circunstancias, y en el caso LGTBI hay personas que tienen prejuicios negativos que no sabía que tenía y afloraron en un momento puntual. No obstante, en los informes sí que se marca un perfil cuantitativo, no psicológico, que establece que la mayoría son personas de nacionalidad española de entre 26 y 45 años.
Delitos de odio y redes sociales. ¿Cómo se persiguen en ese ámbito tan grande?
Es muy complicado. Desde la oficina estamos invirtiendo para, en colaboración con Universidades, y a través de colaboración institucional, poner en marcha el proyecto Alreco para buscar en redes sociales discursos de odio de cierta magnitud. El 18 de marzo se firmó un protocolo de persecución del discurso de odio online apoyado por las distintas plataformas de redes sociales. Se persigue el delito de odio, pero es imposible llegar a todos.
