Una residencia de mayores de Guía funciona ilegalmente desde hace ocho meses

La situación ilegal de esa residencia de mayores se ha abordado desde febrero en el Ayuntamiento de Guía, en el Gobierno de Canarias, en el Parlamento regional y en la Fiscalía Provincial, pero a día hoy sigue funcionando sin las licencias necesarias y con el conocimiento y el silencio de todas administraciones implicadas, según han criticado los grupos políticos de Coalición Canaria (CC) en el Consistorio norteño y en la Cámara autonómica.

Tres inspecciones de la Consejería de Derechos Sociales detectan «múltiples incumplimientos»

El centro de mayores se ubica en el número 24 de la calle Pérez Galdós, una casona situada en el casco histórico de Guía, propiedad de la entidad La Milla Atención Social S.L., y sigue abierto a pesar de que la Fiscalía considera que es ilegal y de que la Consejería de Derechos Sociales y el Ayuntamiento hayan conminado a su cierre en varias ocasiones.

Un nuevo escrito ante la Sección Penal la de Fiscalía comunicando que la residencia sigue funcionando con las mismas irregularidades denunciadas desde marzo y el anuncio del intento de trasladar a Guía a varios mayores desalojados desde otro centro de la capital, el de El Valle, han vuelto a poner al descubierto la ilegalidad de La Milla y la descoordinación entre las administraciones responsables de esos ancianos.

Ante el reconocimiento de la Fiscalía de la situación ilegal de esa residencia, tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Guía sostuvieron ayer que han reclamado su cierre en varias ocasiones y que así lo han comunicado al Ministerio Fiscal, pues ambas administraciones no tienen competencias para obligar a la empresa al cese de la actividad.

La Consejería de Derechos Sociales manifestó, a través de su departamento de comunicación, que se han realizado tres inspecciones, la primera de ellas hace siete meses, antes incluso de que la Fiscalía interviniera en el asunto. En esas visitas se detectaron «múltiples incumplimientos», entre ellos en materia de seguridad, por lo que desde la primera inspección «se conminó al cierre de las instalaciones.

En la última, el pasado mes de octubre, «se pidió el cese inmediato de la actividad» y se están iniciando los trámites del proceso sancionador. La Consejería que dirige Noemí Santana también ha negado el traslado de usuarios desde la residencia El Valle a la de Guía porque, aparte de no tener autorización, no reúne condiciones para atender a esas personas mayores.

Suspensión

El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, detalló todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, entre ellas la negativa de apertura, un decreto de suspensión de la actividad y la incoación de un expediente sancionador por una infracción muy grave, con multa de hasta 30.000 euros.

«De todo lo actuado se ha informado mediante varios escritos a la Fiscal Decana de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que obran en las Diligencias Preprocesales, y a la Viceconsejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, solicitándoles su intervención en el tema por ser de su competencia, sin que hasta la fecha se haya recibido notificación alguna al respecto», explicó Rodríguez, quien consideró que «si el centro La Milla no cumple con los requisitos exigidos por ley debe cerrarse».

Las quejas vecinales y las denuncias de los representantes de CC, el concejal Julián Melián ante el Ayuntamiento de Guía y la Fiscalía Civil, y la diputada Beatriz Calzada ante el Parlamento, se remontan al mes de marzo y no han logrado el cierre del centro pese a todas la irregularidades reconocidas por las administraciones responsables.

Melián comunicó las irregularidades a la Fiscalía a mediados de abril y se abrieron diligencias preprocesales, pero fueron archivadas el 21 de junio. En el decreto, la fiscal María Rosa Rubio argumentó que procedía el archivo «toda vez que la administración competente -a través del Servicio de Inspección y Registro de Centros- ha iniciado, conforme a la legislación establecida, las actuaciones necesarias para comprobar las irregularidades o infracciones en la normativa vigente en materia de atención a las personas dependientes y tomar la decisión oportuna».

El decreto de archivo se notificó al Ayuntamiento y a la Viceconsejería de Derechos Sociales, con el encargo de que ambas administraciones «mantengan puntualmente informada a esta Sección especializada de la Fiscalía Provincial del cumplimiento de sus mandatos por parte de los responsables de la entidad La Milla Atención Social S.L.».

Fiscalía archivó las diligencias en junio y pidió al Gobierno que la mantuviera informada

A la vista de que la residencia ha seguido funcionando durante todo este tiempo, con entre 11 y 13 personas mayores internadas, según las propias inspecciones del Gobierno y la Fiscalía, el concejal Julián Melián remitió el pasado 22 de octubre un nuevo escrito a la Fiscalía Provincial, esta vez a la Sección Penal, en el que alerta de que «debido a las características del centro» y según un registro del Gobierno, «parece probable que haya personas residiendo en el inmueble sin que se haya emitido el correspondiente auto de internamiento no voluntario, como está previsto en la ley».