El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa María de Guía han anunciado las primeras sanciones contra la residencia ilegal de personas mayores La Milla seis meses después de que se decretara la paralización de las obras de reforma del inmueble y la suspensión de las actividades por no disponer de las autorizaciones obligatorias para abrir este tipo de centros de atención.
Además, ambas administraciones siguen actuando a remolque de los sucesivos requerimientos de la Fiscalía, de las quejas vecinales y de los escritos del grupo político de Coalición Canaria en el Ayuntamiento y en el Parlamento en los que advierte de las numerosas irregularidades en esa residencia de mayores, situada en pleno casco histórico de Santa María de Guía.
La residencia funciona de forma ilegal desde el pasado mes de marzo y acoge a más de una docena de ancianos, según confirmaron las visitas e inspecciones de la Policía Local, de la Consejería de Derechos Sociales y de la Fiscalía Provincial. Tras constatarse esas irregularidades, la Alcaldía de Guía paralizó las reformas el 5 de abril mediante un decreto y tres días después se precintaron las obras.
El 29 de abril, tras los nuevos escritos del concejal nacionalista Julián Melián a la Fiscalía y al Diputado del Común, el alcalde Pedro Rodríguez firmó otro decreto de suspensión de la actividad en la residencia, que los propietarios del negocio tampoco respetaron.
Sin embargo, hasta esta semana no se han anunciado las primeras medidas contra la empresa La Milla Atención Social S.L., después de que se insinuará que iban a ser trasladados hasta Guía los mayores desalojados de la residencia capitalina de El Valle y de que la Fiscalía alertara de que no se pueden realojar en ese centro porque es ilegal.
La Viceconsejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias recordó ayer que la primera inspección a ese centro se realizó el 22 de marzo. Posteriormente se hicieron visitas el 23 de septiembre y el pasado 4 de octubre. Según fuentes de ese departamento, una vez culminadas las labores inspectoras se está armando el expediente sancionador.
Una de las medidas sancionadoras que se puede aplicar en el expediente es la del cierre cautelar del centro, pero al ejecutar esa orden hay que valorar las opciones de reubicación de los residentes. El primer paso siempre es propiciar que el titular del centro exponga a los familiares la tramitación de la sanción para que se busquen alternativas alojativas.
Si este no colabora, como ha ocurrido hasta la fecha, con los datos que se hayan podido recabar de los familiares de los residentes se les notifica la orden. En algunos casos se hacen cargo de sus mayores, pero no siempre sucede así, lo que obliga a buscar otras posibilidades para el realojo de esas personas mayores.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guía incoó el pasado miércoles, 3 de noviembre, un expediente sancionador «por el ejercicio de una actividad sin contar con las debidas autorizaciones administrativas». El gobierno municipal contempla una infracción «muy grave» que conlleva una multa que puede ascender hasta los 30.000 euros.
Por su parte, el concejal Julián Melián y la diputada de CC Beatriz Calzada criticaron ayer que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional hayan actuado siempre arrastrados por las denuncias vecinales, anunciando medidas a los pocos días de recibir sus escritos «para luego olvidarse del asunto hasta la siguiente queja».
También se sienten «decepcionados» por la actuación de la Fiscalía, pues al archivar las diligencias preprocesales les comunicó que les mantendría informados de las actuaciones del Ayuntamiento y el Gobierno regional, lo que no ha ocurrido.
Los representantes de CC temen que los expedientes sancionadores anunciados esta semana «también acaben en el olvido dentro de unos meses» y que la residencia siga funcionando «con total impunidad sin que nadie sepa lo que ocurre de puertas adentro con esas personas mayores».
Inspecciones
Desde el 12 de marzo, día que se solicitó una inspección al Gobierno de Canarias, el grupo de CC ha realizado una veintena de peticiones de información y ha remitido escritos a la Fiscalía para comunicar que la residencia sigue funcionando pese a los precintos y de los decretos del cese de actividades.
Entre otras actuaciones, se solicitó al Ayuntamiento al paralización de obras porque se estaba picando la cantería de la fachada pese a su protección histórica; en varias ocasiones se reclamó sin éxito acceder al expediente y a las licencias municipales; se preguntó en el Pleno de junio si se había ejecutado el decreto de cierre del 29 de abril; y se alegó indefensión ante la Fiscalía por el silencio del gobierno municipal.
En el Parlamento de Canarias, la diputada Beatriz Calzada solicitó información a la Consejería de Derechos Sociales desde el 23 de marzo. El 8 de junio pidió la documentación en el Pleno de la Cámara a la consejera Noemí Santana y ésta le contestó que se la remitiría «lo antes posible».
El 28 de septiembre, Calzada repitió en el Pleno la pregunta sobre la residencia ilegal y Santana «volvió a contestar con evasivas». Según los dirigentes nacionalistas, también las intervenciones de la Fiscalía están derivadas de sus numerosos escritos sobre esas irregularidades.
Así, el 28 de abril se realizó la primera reclamación de información al Ayuntamiento desde la Fiscalía. El 15 junio pidió otro informe al Consistorio para saber si la actividad estaba suspendida. Y el 22 de junio, la Fiscalía archivó las Diligencias avisando que dejaba en manos de las administraciones el cierre de la actividad, que reiteró el 12 de julio.
