Los expedientes sancionadores que han iniciado el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa María de Guía contra la residencia de mayores La Milla concluirán previsiblemente con el cierre total de las instalaciones y las correspondientes multas por carecer de las autorizaciones para realizar esa actividad, según adelantaron ayer fuentes de la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo regional.
Estas dos instituciones, al igual que la Fiscalía Provincial de Las Palmas, reconocen abiertamente que ese centro de atención a personas mayores es ilegal desde su apertura, hace ya ocho meses, y que sus propietarios han obviado hasta ahora todos los requerimientos para que regularicen su actividad y las obras que han realizado en el inmueble, situado en el casco histórico de Guía.
La sanción del Gobierno concluirá «previsiblemente» con la clausura del centro de mayores
Pese a esa situación irregular desde el pasado mes de marzo, denunciada por los vecinos y reflejada en las inspecciones e informes de las administraciones responsables, la residencia La Milla sigue abierta y ahora se sospecha que está acogiendo a los ancianos desalojados del centro de mayores El Valle, en la capital grancanaria, cerrado por el embargo del edificio a la empresa gestora al no poder pagar sus alquileres.
Tanto la Viceconsejería de Asuntos Sociales como la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía han rechazado el traslado a La Milla de los usuarios de El Valle y así se lo han comunicado a sus propietarios. Según los vecinos, en la última semana ha habido movimientos de ambulancias en la puerta del inmueble, situado en el número 24 de la calle Pérez Galdós de la ciudad norteña.
Según se refleja en los expedientes conocidos hasta ahora, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido al menos dos oficios al Ayuntamiento de Santa María de Guía para que le informe sobre la situación de la residencia de mayores La Milla, sin que ninguna autoridad haya planteado el posible cierre del centro hasta la semana pasada, cuando el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento anunciaron el inicio de un expediente sancionador.
En el primer caso, la probable conclusión del expediente abierto por la Viceconsejería regional de Derechos Sociales es el cierre del negocio por carecer de autorización. Por su parte, el gobierno municipal de Guía adelantó que su sanción a la empresa propietaria de La Milla puede ascender hasta los 30.000 euros.
El segundo oficio de la Fiscalía al Ayuntamiento, del mes de septiembre, pide que se le informe «urgentemente si efectivamente la actividad denunciada en el inmueble sito en la calle Pérez Galdós 24 de ese municipio está suspendida y si ya no hay ninguna persona residiendo en dicho inmueble».
En caso de decretarse el cierre, previamente habría que buscar un lugar para acoger a los internos de esa residencia privada, como ya ocurrió con la de El Valle, explicaron las mismas fuentes. La empresa ha eludido las preguntas de este periódico sobre su funcionamiento y su situación legal.
Sin autorización
La residencia, según los expedientes y las distintas declaraciones de los responsables políticos, acoge desde el pasado mes de marzo a una decena de personas mayores, 11 según un recuento de la Policía Local y 13 en una inspección de la Fiscalía, pese a no disponer de autorización, sortear los requerimientos municipales de paralización de obras y de suspensión de actividades, así como las denuncias vecinales por todas esas presuntas irregularidades en la reforma del edificio y en el tratamiento de los internos.
Según han manifestado representantes del grupo político de Coalición Canaria (CC), la situación ilegal de esa residencia de mayores se ha abordado desde febrero en el Ayuntamiento de Guía, en el Gobierno de Canarias, en el Parlamento regional y en la Fiscalía Provincial, pero eso no ha evitado que siga operando sin las licencias necesarias.
El Ayuntamiento anuncia una penalización económica de hasta 30.000 euros
La Consejería de Asuntos Sociales ha realizado tres inspecciones, la primera de ellas hace siete meses, antes incluso de que la Fiscalía interviniera en el asunto. En esas visitas, según explicaron fuentes de ese departamento, «se detectaron múltiples incumplimientos», entre ellos en materia de seguridad, por lo que desde la primera inspección «se conminó al cierre de las instalaciones».
En la última, el pasado mes de octubre, «se pidió el cese inmediato de la actividad» y se iniciaron los trámites del expediente sancionador.
