La playa de Puerto Rico pasa definitivamente este mes a manos públicas. El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín, ha citado para el próximo día 24 de este mes a la empresa Puerto Rico S. A. para firmar en ese mismo lugar del litoral moganero el acta de reversión de la concesión, un trámite con el que se formaliza la recepción por parte del Estado de la gestión de los servicios básicos como son las hamacas y sombrillas. Esta empresa, propiedad de la familia Roca, que en su día construyó esta playa artificial y hasta el puerto deportivo, y que promovió la construcción de los apartamentos que marcan los inicios de esta zona turística, contaba con un concesión administrativa del entonces Ministerio de Turismo, ahora la gestión la lleva Transición Ecológica, de 1972, que en 1974 fija como plazo de finalización 2018.
En septiembre de 2020, la Dirección General de la Costa y el Mar, órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, denegó a una prórroga de explotación que solicitó esta entidad por ocupar unos 1.865 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre más allá de la concesión, lo que además trajo consigo que todo este espacio se privatizara cuando, tal y como remarca la orden ministerial de 18 de septiembre, debían haberse destinado a servicios públicos.
La familia Roca tenía autorización hasta 2018 y Madrid no le deja seguir por ocupar suelo público
A raíz de esto, Puerto Rico S.A. interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo solicitando la aplicación de medidas cautelares, logrando de esta forma frenar la reversión de la concesión hasta el pronunciamiento de dicha Sala. Finalmente, el 28 de octubre de este mismo año se emite otro auto que deniega la petición a Puerto Rico S.A. de seguir con la concesión, y por tanto el derecho de explotación por parte de esta empresa sobre la playa se da por finalizado.
Resuelto definitivamente este contencioso que se ha alargado casi un año desde que Costas se opone a que esta entidad siga con esta concesión, abre la puerta a un nuevo concurso donde tendrá preferencia el Ayuntamiento de Mogán, según señaló la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.
La misma situación se repite en la playa de Amadores, una cala artificial que también construyó la misma empresa, Puerto Rico S. A., sobre el fondo del barranco. En este caso la concesión finalizaba el 20 de octubre de 2018, y Madrid decidió darla por caducada en febrero de este año porque la empresa ocupó más suelo del permitido, alquiló además a terceros, y no respetó la normativa vigente.
Junto a esta dos playas artificiales cuya gestión de servicios pasan de manos privadas a municipales, la otra que está en la misma situación es la de Tauro, aunque en este caso la concesionaria no tuvo tiempo de explotarlos.
