Beatriz Calzada, diputada de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento regional, expresó ayer su «asombro» y «preocupación» por la «inacción» manifestada por el Gobierno de Canarias al mantener aún abierta la residencia de mayores ilegal La Milla, investigada por la Fiscalía y situada en Santa María de Guía. «Nos encontramos ante un despropósito absoluto; nuestros mayores continúan alojados en una residencia que no cumple con las condiciones necesarias, totalmente desprotegidos, y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, se limita a declarar que han actuado desde el principio y que ellos desde el mes de mayo la dan por precintada. Es una vergüenza y de una gravedad extrema estas declaraciones», apuntó Calzada en una nota remitida por el grupo parlamentario.
La diputada grancanaria declaró que, en lugar de limitarse a ofrecer ese tipo de declaraciones «vacías», ese departamento debe iniciar cuanto antes el procedimiento pertinente para cerrar la residencia de manera definitiva y reubicar a los mayores que hasta ahora residen en ella. A su juicio, «se deben actuar con contundencia y urgencia».
«Nuestros mayores -añadió- no deben permanecer ni un minuto más en La Milla, se están vulnerando sus derechos mientras la consejera de Derechos Sociales mira hacia otro lado al permitir que la residencia se encuentre abierta».
Calzada subrayó que el Gobierno de Canarias debe perseguir la excelencia en el funcionamiento de las residencias de mayores para velar por el bienestar de sus residentes y consideró que las personas responsables de esa área «parecen haberse olvidado de las declaraciones de intenciones que hicieron cuando el Diputado del Común emitió un informe del estado de las residencias en Canarias y señaló algunas en las que las condiciones eran lamentables, como el caso en el que nos encontramos ahora». Por tanto, apeló a «la responsabilidad, empezando por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, pero también del alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, que igualmente permanece inmóvil». Al respecto, les exigió que «actúen ya, pues hasta ahora solo han ido a remolque de las denuncias de los vecinos de Guía y de CC».
La diputada explicó que, según las inspecciones realizadas, el centro carece de licencias y las mínimas condiciones de habitabilidad y sanitarias para el cuidado de personas mayores. Además, recordó que la Fiscalía fue clara y rotunda al pronunciarse y manifestar que las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos arquitectónicos y de cuidados de mayores. «La Consejería que dirige Noemí Santana hace caso omiso a los informes que le ha trasladado la Fiscalía», concluyó.
