El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado un recurso presentado por el grupo ecologista Turcón contra la negativa del Cabildo a entregarle el Estudio de Reconocimiento Geofísico de la presa de Chira y reconoce el derecho de esa asociación a acceder al documento para consultarlo y realizar una copia.
Turcón-Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la plataforma Salvar Chira-Soria, contraria a la construcción de la central hidroeléctrica entre ambos embalses, había recurrido la resolución del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Ciagc), del 12 de noviembre de 2020, en la que le denegaba el acceso al expediente de adecuación de las presas para el proyecto Chira-Soria.
La sentencia del magistrado Alfonso Silos López de Haro, contra la que cabe recurso de apelación que debe ser resuelto por el TSJC, anula la resolución del Consejo Insular de Aguas, obliga a ese organismo del Cabildo a permitir el acceso a ese estudio geofísico de la presa de Chira, y condena en costas a la Administración, por un importe máximo de 900 euros.
El grupo ecologista solicitó al Juzgado que declarara la nulidad de la resolución del Ciagc y alegó que el estudio reclamado no está incluido en ninguna de las excepciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Por contra, el Consejo Insular de Aguas se opuso a la demanda y argumentó, respecto al fondo del asunto, que «la Administración. tras analizar los intereses en conflicto, motiva su decisión en el hecho de que la presa de Chira es una estructura estratégica de explotación que se encuentra en un profundo proceso de adecuación a normativa vigente y por tanto en este caso concurrirían razones de seguridad pública», y que «ya fueron explicitadas» en la primera respuesta a Turcón.
«En el presente caso», relata la sentencia, «tal puede comprobarse, las razones que llevan a la administración a denegar la información no pueden incluirse en ninguno de los supuestos que contempla el Artículo 13, pues si bien se habla de información sensible se trata de una afirmación muy genérica insuficiente para denegar el derecho de acceso a la información, de hecho en la propia resolución impugnada se deniega con fundamento en el artículo 13, pero sin especificar qué apartado del precepto».
El portavoz de Salvar Chira-Soria, Pedro Pablo Medina, consideró que «la sentencia deja claro que ha habido un intento de ocultar la falta de seguridad de las presas para su utilización como pila hidráulica». Los opositores a la central celebran la decisión del Juzgado y sostienen que «pone en evidencia que el Proyecto Chira-Soria se ha impuesto a la ciudadanía a base de propaganda y ocultismo, despreciando los riesgos para los 2.500 habitantes del barranco de Arguineguín, que supone utilizar una presas antiguas, inseguras para un uso no previsto y que ni cuentan con el preceptivo Plan de Evacuación y Seguridad”.
