La playa de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, se queda sin hamacas y sombrillas. La Demarcación de Costas de Las Palmas ha ordenado la retirada de los servicios de temporada de esta playa moganera en plena temporada alta turística, por lo que los usuarios que a partir de este jueves se acerquen hasta esta cala se encontrarán sin este mobiliario. La decisión de Costas llega después de que este miércoles la Demarcación recuperase la playa para la gestión pública después de 49 años en manos de la empresa Puerto Rico S.A. a través de una concesión administrativa. La orden afecta también a los patines, el balneario y al servicio de salvamento, y además ha otorgado un plazo de dos meses para quitar los dos quioscos que gestiona así como las zonas verdes. Puerto Rico S.A. ordenó a sus trabajadores a retirar el mobiliario de la arena de la playa.
El director general de Puerto Rico S.A., Pedro León, y el jefe de la Demarcación de Costas en Las Palmas, Alberto Martín Coronel, firmaron este miércoles el acta de reversión de la playa con la oposición de la compañía, que rechazó que Costas se haya anticipado y haya celebrado este acto de devolución de los terrenos sin que la Audiencia Nacional haya resuelto aún ni el recurso contra la denegación de la prórroga de la playa por 25 años más ni el recurso de reposición presentado por la empresa contra un auto provisional del pasado 28 de octubre que denegó la solicitud de medidas cautelares. De hecho, Costas había suspendido la firma del acta hasta en tres ocasiones durante este año precisamente por no haber pronunciamiento judicial sobre esta materia y por la posibilidad de que se suspendiera la denegación de la prórroga y la consiguiente continuidad de la concesión, señaló ayer el abogado de la compañía, el letrado Alejandro Hernández. La empresa argumenta un perjuicio económico para ella pero también para todos los negocios de la playa.
Vigencia
Puerto Rico S.A., promotora de esta urbanización y constructora de esta cala artificial y el puerto, gozaba de la concesión de los servicios de temporada desde 1972 por 50 años hasta 2022, según el título que obra en su poder, pero Costas ha considerado que el permiso expiraba en 2018. «Costas defiende que todas las concesiones que se hubiesen otorgado con anterioridad a la vigente ley de Costas, de 1988, vencen como máximo a los 30 años, pero eso tendrán que decidirlo los jueces», argumentó el abogado.
Justo este miércoles por la mañana, la empresa presentó un escrito por registro electrónico de la de Demarcación de Costas para mostrar su disconformidad contra la celebración del acta de reversión para reclamar precisamente el año de vencimiento de la concesión. «La misma diligencia que ha mostrado con el auto que provisionalmente deniega la suspensión podía haberlo tenido con el recurso de reposición interpuesto contra el mismo», señala el documento.
Costas defiende que la concesión de la playa terminó en 2018 y la empresa que será en 2022
Por otro lado, en ese escrito, y también en el acta, Puerto Rico S.A. hizo constar su disconformidad con la obligación de desmantelar los servicios de la playa en cumplimiento de la Orden Ministerial del 21 de abril de 2021, que acordó la permanencia de los diques de la playa pero ordenó la retirada de hamacas, sombrillas, patines y otros servicios. Explicó el abogado que también está recurrido el oficio de Costas que trasladó esa orden. «Hay una petición de suspensión de ejecutividad de la resolución recurrida, suspensión que ha de entenderse otorgado por ministerio de la ley», recoge el escrito de alegación presentado a la Demarcación. Aquel oficio, firmado por el anterior jefe de Costas, Rafael López Orive, otorgaba un plazo de un mes para la retirada de los servicios de temporada y fue recurrido pero no respondido por Costas. «La Demarcación va contra sus propios actos, primero debería desestimar o contestar, pero no obligar a quitar los servicios sin haber resuelto el recurso», recordó Alejandro Hernández.
El desmantelamiento de la playa ha abierto la puerta a que el Ayuntamiento de Mogán pueda hacerse con los servicios de temporada. Desde hace 10 años pugna por que el Ministerio para la Transición Ecológica rechazase la prórroga de la concesión y la explotación volviese a manos públicas para recuperar la gestión sobre la cala y mejorar los locales comerciales del paseo marítimo, dos actuaciones estas que implicarán mayores ingresos para las arcas municipales. Primero debe celebrarse un concurso en que el Consistorio parte con prioridad. No obstante, Puerto Rico S.A. cuestiona la capacidad de la corporación municipal para mantener todos los servicios de la playa y contar con personal suficiente.
El abogado de la promotora de la urbanización anuncia que presentará un escrito adicional en el que justificará debidamente que Puerto Rico S.A. no ha incumplido ninguna norma y donde apelará al principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución.
